El punto 42 de los 150 compromisos para mejorar España que firmaron PP y Ciudadanos como punto de partida de la Legislatura planteaba una ampliación del Programa de Activación para el Empleo (PAE) “para aumentar la cobertura de los parados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo”. Una iniciativa económica, pero también una declaración de intenciones y un compromiso político para con los que, si no se hace nada, pueden quedar varados en la cuneta de la crisis.

Sin embargo, el Gobierno ha desplegado una política de apoyo a los 1,7 millones de parados de larga duración que, finalmente, no carga las tintas por el lado de las ayudas, sino por el de las políticas activas de empleo, bajo el mantra de que no hay mejor ayuda para un parado que un empleo y que para eso hace falta formación y más empleabilidad.

Con ese prisma, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2017, que recibió el respaldo in extremis de la formación naranja, incluye un tijeretazo en toda regla a los programas de apoyo a los parados de larga duración.

Las grandes cifras de los Presupuestos muestran un descenso del 6,6% en las partidas de gasto en desempleo, hasta los 18.318 millones de euros. Esta cifra es coherente con una ejecución del Presupuesto de 2016 para esta partida de 18.602 millones de euros, frente a los 19.321 millones presupuestados, y la previsión de que este año el desembolso será aún menor por la reducción del paro en más de 450.000 personas.

Sin embargo, el Gobierno prevé una reducción, en este caso superior a los dos dígitos, del Presupuesto en la vertiente asistencial, la que afecta a un 40% de los parados de larga duración y que han agotado en muchos casos la prestación por desempleo y el subsidio posterior. Esto último queda patente en que la tasa de cobertura de los desempleados sigue anclada en niveles muy bajos en relación: solo el 55,5% de los desempleados recibía algún tipo de ayuda en el mes de febrero.

Mientras, la partida de formación profesional para el empleo supera este los 1.000 millones de euros, un 5,6% más.

¿Dónde se aplicarán los recortes?

Observando en detalle los principales programas de cobertura a los parados de larga duración, incluyen subidas respecto a la ejecución presupuestaria de 2016, pero mermas en todos los casos respecto a las cuentas iniciales. Dicho de otro modo, la falta de eficiencia que se prevé corregir en estas ayudas podría llevar a un incremento de los beneficiarios, pero descartando alcanzar los niveles de protección previstos el pasado año, pese que los parados de larga duración se siguen sumando por millones y los ingresos públicos van en aumento.

Lo que es evidente es que el Programa de Activación para el Empleo (PAE), ese que explicitaba el acuerdo entre PP y Ciudadanos, contará este año con 56.674 potenciales beneficiarios, para los que se disponen 280 millones de euros: un 20% menos que el Presupuesto de 2016. No obstante, el grado de ejecución de este programa apenas llegó al 50%, razón por la que el Gobierno se planteaba mejorar las condiciones para poder acoger a más beneficiarios y por la que podría haber hecho una proyección presupuestaria más optimista respecto a la ejecución. Así, si se comparan las cuentas para 2017 con la ejecución para el pasado año, la partida subiría un 46%.

Este programa consta de una ayuda equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) durante seis meses, y el desarrollo de programas de reactivación. En este caso, está dirigido a personas que en los seis meses anteriores hayan agotado prestaciones y subsidios como la Renta Activa de Inserción (RAI) o el Plan Prepara y que carezcan de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI).

Pero la RAI también experimenta un tijeretazo. Esta ayuda para parados de más de 45 años que han agotado la prestación y el subsidio de desempleo, cuenta con un Presupuesto de 1.075 millones de euros, para un total de 208.396 beneficiarios. Esta cantidad es un 23,9% inferior a lo presupuestado inicialmente en 2016 y un 9% menos sobre la ejecución. En este caso, el beneficiario cobra el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), que el Presupuesto eleva este año un 1%, es decir, unos 430 euros mensuales.

Otro recorte escondido entre las políticas activas

Asimismo, la política de fomento del empleo se dota con 5.499 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a 2016, es decir, 284 millones de euros más. Y es en este epígrafe en el que el Gobierno encuadra el Plan Prepara, que el Ministerio de Empleo se ha planteado fusionar con el PAE.

Sin embargo, el aumento de la dotación para el fomento del empleo responde, principalmente, al incremento en las partidas destinadas a financiar bonificaciones a la contratación, formación profesional para el empleo, orientación profesional y agencias de colocación. Mientras, la dotación para este programa se reduce de los 219 a los 130 millones de euros, un 40% menos. En este caso, la ejecución del Presupuesto de 2016 también se quedó corta el pasado año, con un total de 124 millones de euros, algo más de un 66%. En cualquier caso, en esta tesitura, el Presupuesto para 2017 solo elevaría la dotación en unos seis millones sobre la ejecución del año anterior.

Cabe señalar, que este Plan Prepara tiene una vigencia de seis meses a contar desde su última renovación, el pasado 15 de febrero, y que su continuidad finalizará cuando la tasa de paro caiga por debajo del 18%, algo más que probable en un plazo de medio año, puesto que el cuadro macroeconómico del Gobierno espera que esta ratio se sitúe en el 16,6% este año, desde el 18,6% actual.

Por otro lado, el Gobierno aprobó el pasado año el Programa de Acción Conjunto para la mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración, que pretende orientar los esfuerzos de los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas dentro del proceso de gestión de los recursos de las políticas activas de empleo. En este sentido, el Gobierno ha incluido en los 1.893 millones de euros aportados a las comunidades en 2017 para estas políticas, una dotación de 129 millones para financiar la primera parte del Programa de Acción.