Ha pasado casi una década desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptara una de las medidas más polémicas de su mandato, un plan de inversiones públicas conocido como Plan E, llamado a reactivar la economía y el empleo cuando empezaba a azotar con fuerza la crisis en 2008. Su dotación no fue baladí: 8.000 millones de euros de entrada, que en 2010 se ampliaron hasta los 12.000 millones de euros.

Sin embargo, entonces y ahora, las críticas más que los halagos han acompañado a éste plan por su falta de planificación, su contribución al aumento del déficit público y su escasa utilidad en favor de la economía. Porque se dedicaron miles de millones, más que a inversiones productivas, a adecentar, por decirlo de alguna manera, parques y rotondas.

Lo dice el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), la primera entrega de los dos fondos, publicado en 2013, pero que ha cobrado vida, después de años en los que ha pasado inadvertido, con la comparecencia del presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, en el Congreso de los Diputados.

Dicho informe viene a corroborar años después que un tercio de la inversión realizada en favor de los más de 8.000 ayuntamientos existentes en España fue a parar a la rehabilitación y mejora de espacios públicos. Un total de 9.716 proyectos municipales, para los que se dedicaron 2.775 millones de euros de los 7.827 millones totales que se llegaron a transferir.

A este apartado se suma el de las obras en equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, de saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones. La inversión en este caso fue de 1.768,8 millones de euros, el 22,5% del total; y el de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos. Hasta 2.225 millones de euros fueron a parar a estas zanjas.

Con todo, hay que tener en cuenta que en esos años el desempleo se cebó especialmente con la construcción, sector en el que se perdieron más de un millón de puestos de trabajo. Por ello, hubo una cierta deriva hacia la aprobación de proyectos de obras públicas que sustituyeran el vacío dejado por la falta de actividad en el ámbito residencial.

Partidas menores para inversiones productivas

De hecho, el Tribunal de Cuentas recordaba en este informe que la finalidad principal del Plan E era promover la realización por parte de los ayuntamientos de inversiones creadoras de empleo mediante la financiación de la contratación de obras de nueva planificación, de ejecución inmediata a partir de comienzos del ejercicio 2009 y que fuesen competencia de las propias entidades locales.

En concreto, con esta medida se trataba de favorecer "la realización de inversiones que contribuyesen a dinamizar a corto plazo la actividad económica, incidiendo directamente en la creación de empleo, al tiempo que se reforzaba la capitalización de los municipios".

En efecto, el resto de las tipologías de inversión, en las que se incluyen aquellas susceptibles de considerarse productivas y de largo recorrido, no registraron inversiones de miles de millones. Es el caso de la promoción industrial (73,5 millones), el ahorro y la eficiencia energética (97 millones) o la promoción del turismo (22,8 millones).

Completaron el listado los proyectos relacionados con la promoción de la movilidad y la seguridad vial (371,9 millones), la conservación del patrimonio histórico y municipal (205,3 millones), la supresión de barreras arquitectónicas (167,1 millones), la promoción del medio ambiente (128,3 millones) y la prevención de incendios (12,7 millones).

Un agujero de 7.800 millones de euros

Por otro lado, nada de esto hubiera trascendido con tanta fuerza si no fuera porque, además, el Plan fue deficitario. El FEIL presentó unas “pérdidas” globales de 7.836 millones, según el Tribunal de Cuentas, que ha detectado numerosas irregularidades en su aplicación.

El informe precisa que los resultados del Fondo presentaron unas pérdidas de 5.435 millones de euros en 2009, 2.304 millones en 2010 y 97 millones en 2011.

Según especifica el informe, estas pérdidas se explican por el criterio contable aplicado, que registraba como gastos las subvenciones concedidas a las entidades locales y como ingresos los reintegros e intereses de demora cobrados.