El Gobierno de Mariano Rajoy necesita aprobar los Presupuestos para 2017. Lo han reiterado día tras día los altos cargos ministeriales que han desfilado esta semana por el Congreso de los Diputados para exponer las cuentas correspondientes a sus negociados. Mucho hay en juego, dicen, y es necesario el mayor apoyo posible para que el Presupuesto salga adelante. Es la recuperación económica, es el empleo y el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal.

Sin embargo, en la documentación remitida estos días a Bruselas, antes de que las cuentas se sometan al debate a la totalidad en el Parlamento este próximo jueves, se dice que la economía marcha y el déficit público se reducirá al 3,1% del PIB este año "con o sin acuerdo de Presupuestos".

En su interés por sacar adelante las cuentas para este año parece tener más peso, por tanto, la amenaza de la inestabilidad política si el Gobierno no consiguiera el respaldo necesario. Aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha avisado de que en ningún caso convocará nuevas elecciones.

Rajoy asegura que no habrá nuevas elecciones

España ya cumplió en 2016, el año sin Gobierno, con el compromiso de reducción del déficit en 2016 al 4,33% del PIB. Detrás de ese cumplimiento estuvo la mejora económica, que tendrá continuidad previsiblemente este año, y una serie de acuerdos de control del gasto e incremento de la recaudación in extremis, especialmente del lado del Impuesto de Sociedades, que desplegarán sus efectos también este año.

En este sentido, el Plan Nacional de Reformas de 2017, remitido estos días a Bruselas, admite en varias ocasiones, a lo largo de sus 229 páginas, que esta “estrategia presupuestaria responsable” desplegada en 2016 y la prórroga de las cuentas del pasado año garantizan la consecución del déficit este año “se aprueben o no en el Parlamento los Presupuestos Generales para 2017”.

El documento, que tilda estos objetivos de “exigentes, pero factibles”, detalla que algunas de las medidas que se adoptaron con la previsión necesaria en 2016, aunque en su momento respondieron más a la necesidad de reconducir el déficit ante la evolución de los ingresos fiscales muy por debajo de lo previsto observada ya a mediados del año.

Se trata del límite al gasto no financiero del Estado de 5.000 millones, que se ha asimilado este año, o el acuerdo de no disponibilidad de crédito del Presupuesto prorrogado por importe de 5.493 millones de euros. Por el lado de los ingresos, destaca la batería de ajustes en el Impuesto de Sociedades, con un impacto cercado a los 4.700 millones de euros.

Sin embargo, en este documento no se hace mención a los nuevos tributos medioambientales o al nuevo impuesto a las bebidas azucaradas y carbonatadas, que el Gobierno anunció el pasado año y que después ha decidió bloquear. Sólo en el Programa de Estabilidad 2017-2020 también remitido a Bruselas estos días se menciona que se activará si es preciso mover ficha ante una desviación del déficit.

Las nuevas medidas previstas

Con todo, el Gobierno también despliega ante Bruselas algunas iniciativas que servirían para apuntalar aún más la senda de consolidación fiscal contando con un escenario de estabilidad política.

El Ejecutivo prevé llevar al Parlamento una nueva Ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, una auditoría integral del gasto público o la implementación de una Oficina Nacional de Evaluación de los proyectos de inversión.

Un Presupuesto en el alambre

En esta situación, sin garantizar taxativamente que el Presupuesto de 2017 saldrá adelante, llega el Gobierno al debate de totalidad de las cuentas, que se celebrará este jueves, 4 de mayo, en el Congreso de los Diputados.

PNV aún no descarta votar en contra de los Presupuestos

Por el momento, el PP cuenta con el apoyo de Ciudadanos, Foro, CC y UPN y en las últimas horas ha logrado que el PNV no presente un veto, aunque se reserva la posibilidad de apoyar los otros siete que sí se han presentado --PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias-- si antes del jueves no se suscribe con el Gobierno un acuerdo definitivo positivo para sus intereses.

Estos se resumen en la denominada ‘Agenda Vasca’, un compendio de medidas entre las que más peso tienen son las económicas y las relacionadas con las infraestructuras. El principal escollo se encuentra en la negociación de la liquidación pendiente del Cupo desde 2007 y la aprobación de una nueva Ley Quinquenal del Cupo que actualice la fórmula y mecanismo de cálculo y relación entre ambas administraciones.

Los del PNV son cinco votos clave. Tanto que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se involucrado personalmente en las negociaciones. Mucho está en juego y, según los papeles, puede tratarse de algo más político que económico.