La rueda de prensa este miércoles del ministro de Industria, Álvaro Nadal, en la que ha dicho que el almacén de gas Castor no será desmantelado por el momento y que jamás reabrirá, no ha despejado la duda principal: ¿quién pagará la factura de 1.461 millones que el Gobierno pagó a ACS por parar el proyecto debido a una cláusula durante la adjudicación del contrato, en 2008? En Industria señalan que el informe del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) "no se encargó para dirimir responsabilidades" y que esa decisión "está en los tribunales".

Concretamente, la instrucción está en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz. Y no por una denuncia del Ministerio de Nadal sino por una querella de la Fiscalía de Castellón a la que se sumó la Abogacía del Estado. "El informe nos dice a qué se debieron los temblores y así lo ha dicho el secretario de Estado [Daniel Navia] durante la comparecencia", explican desde el Ministerio.

Hay que remontarse atrás para entender el litigio. En junio de 2012, un exultante François Hollande, reciente vencedor en las presidenciales francesas, proclamó a los cuatro vientos una nueva idea de su joven Gobierno con ayuda de Bruselas, los project bonds. El esquema parece simple y sale adelante con el beneplácito de Merkel: una empresa privada consigue un préstamo y el BEI (Banco Europeo de Inversiones) le respalda vía aval si el proyecto es viable.

El papel del BEI

Y el primer proyecto seleccionado será... el Castor, impulsado por una filial de ACS, Escal UGS. El BEI, dirigido por Magdalena Álvarez, decide estrenarse con el Castor, una infraestructura destinada al almacenamiento submarino de gas natural en el litoral mediterráneo español. Todo va sobre ruedas hasta que el proyecto arranca y empieza a provocar terremotos y seísmos a mediados de 2013 en la costa valenciana (hasta 500 en un mes). Florentino Pérez arroja la toalla y reclama la factura de 1.460 millones a raíz de aquella cláusula que firmó con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

A partir de ahí surgen dos conflictos con ACS: uno, ecológico -la ciudadanía reclama el fin de las inyecciones de gas- y otro, económico. El Gobierno de Mariano Rajoy asume a regañadientes el pago a los bonistas de los más de 1.400 millones de euros, una factura que se traduce en un aumento de otra factura, la de la luz.

Un informe caro

El primer punto de conflicto ya tiene solución: el Castor no reabrirá más, ha dicho Nadal. El ministro también ha ubicado el problema en la denominada falla de Amposta, "que fue, junto con alguna de sus ramificaciones y varias de las fallas del yacimiento próximo a Amposta, desestabilizadas de forma significativa por la inyección de gas". Una conclusión a la que ya habían llegado expertos alemanes y españoles en julio de 2014.

El segundo litigio, el que resolverá quién pagará la cuantía, no está nada claro. Industria no está personada en una causa que lleva más de dos años instruyéndose. Pero no ha sido el MIT el que va a resolver la duda, a pesar de que el informe ha costado 600.000 euros y ha tardado en elaborarse un año y medio.