El Gobierno y el Banco de España discrepan, al menos, en 200 millones sobre la factura que asumirá la banca por el efecto de las cláusulas suelo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitiese el pasado 21 de diciembre una sentencia que obliga al pago con carácter retroactivo de las cantidades cobradas de más a los clientes en el caso de las cláusulas fuesen consideradas abusivas.

La semana pasada, la institución que preside Luis María Linde señaló en un informe semestral de estabilidad financiera que "la sentencia del TJUE sobre la anulación de la limitación de la retroactividad ha obligado a las entidades a realizar unas provisiones adicionales de unos 1.900 millones de euros en la cuenta de resultados de 2016”. Se trata de provisiones, por lo que la cifra podría ser inferior.

El regulador apunta en el documento que “este importe, calculado por las entidades basándose en su experiencia de reclamaciones de los clientes y en el grado de transparencia de sus cláusulas suelo, y que ha sido revisado por sus auditores externos, es una manifestación del impacto que tiene el riesgo legal en la rentabilidad de los bancos y, por tanto, en la necesidad de su adecuado control, gestión y cobertura”.

Por su parte, el Gobierno ha cifrado el impacto de la eliminación de las cláusulas suelo para las entidades financieras en unos 3.700 millones de euros en el cierre del ejercicio 2016, de los que, señala, unos 2.100 millones corresponden al efecto de la retroactividad de la sentencia del Tribunal Supremo de 2013.

Así consta en una respuesta parlamentaria remitida por el Ejecutivo al diputado del PSOE Antonio Hurtado, que había solicitado información sobre los efectos de la eliminación de las cláusulas suelo por parte de las entidades bancarias, recoge Europa Press. 

Las estimaciones que maneja el Gobierno son las que hacen las propias entidades sobre la base de su experiencia histórica de reclamaciones y el perfil de su cartera. Según señala el Gobierno, la banca cuenta con una cifra de provisiones "ligeramente" superior al impacto previsto.

Además del coste de la eliminación de las cláusulas suelo, Hurtado también pedía acceder al informe del Banco de España sobre las cláusulas suelo, un informe que, responde el Ejecutivo, se encuentra ya publicado el Boletín Oficial de las Cortes Generales de fecha 7 de mayo de 2010.

Según advierte el Ejecutivo, la conclusión de este informe es que, considerando las limitaciones a la bajada del interés una parte del precio del préstamo, las cláusulas suelo "no podrían calificarse como abusivas siempre que se incluyeran en cláusulas redactadas de manera clara y comprensible".