El Gobierno va a evitar otra derrota histórica este jueves en el Congreso de los Diputados. Varapalos como el primer intento de sacar adelante la reforma de la estiba o como el voto para derogar la Ley Mordaza, ambos fiascos del PP acaecidos en marzo, no se repetirán. O como la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, este mismo martes.

El nuevo decreto de los estibadores pasará el trámite parlamentario, salvo sorpresa de última hora: según han anunciado el PDeCat de Artur Mas y Ciudadanos en los últimos días, ninguna de las dos formaciones obstruirá los planes del Ministerio de Fomento de liberalizar el sector de la estiba, la carga y descarga de mercancías portuarias. El PSOE, en plenas primarias, Unidos Podemos o ERC entre otros se opondrán a la medida. Y en el horizonte próximo una huelga: la que ha prometido convocar para el 24 de mayo el principal sindicato del gremio, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, si el decreto ley logra la mayoría mañana.

Los principales cambios de la nueva ley son, principalmente, dos: uno más cosmético -la apertura de una mesa de negociación antes del anuncio del Consejo de Ministros, a diferencia del escenario precedente- y otro de calado, como es la inclusión de un Real Decreto posterior que recoja los acuerdos alcanzados con patronal y sindicatos sobre los aspectos laborales de la reforma, así como ayudas comprometidas de 120 millones.

Ciudadanos confirma su apoyo y el PDeCat la abstención

El razonamiento clave para la reforma persiste: adaptar España a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene, y evitar que el Tribunal Superior de Justicia de la UE imponga una multa al Gobierno todavía mayor que los casi 30.000 euros diarios que se pagan hoy.

Quienes se oponen no tardan en cargar contra los partidos que evitarán otro mal trago a Mariano Rajoy, que se añadiría al viacrucis judicial que vive el PP: "Ante la imposibilidad de convencer, el Gobierno opta por comprar votos. Esta vez los de Ciudadanos y PDecat que cambian vergonzantemente" declara el diputado de UP Sergio Pascual. "Las razones del cambio del sentido del voto no están en el nuevo texto, que difiere mínimamente del primero, de modo que no queda otra que sospechar que el cambalache es un intercambio inconfesable".

"Realmente la cosa cambia", replica Fernando Navarro, diputado balear por Ciudadanos. "Nosotros estamos a favor de cumplir con Bruselas y comprobamos cómo el PP dejó pudrir el asunto de la multa cuando tenía mayoría absoluta. Y va y nos presenta primero un hecho consumado, al que por supuesto nos negamos en marzo".

Navarro (Cs): "Rajoy dejó pudrir esto con su mayoría absoluta. Pero ahora hay cambios"

"Pero ahora se ha convocado una mesa de mediación", defiende Navarro. "Además el desarrollo reglamentario posterior obliga a incorporar los cambios que proponga la mesa. Se recogen en definitiva reivindicaciones de la patronal y de los sindicatos. Como digo, hay cambios. Lo apoyaremos".

El PDeCat se abstendrá. "El nuevo texto incorpora adecuadamente referencias a las condiciones de trabajo", explica brevemente Carles Campuzano, uno de los actuales diputados de la antigua Convergència. "Se ha variado sustancialmente el decreto para facilitar que pase".

Huelgas a la vista

El Gobierno lo tendrá prácticamente hecho el jueves, en un debate que se antoja bronco y quizás con presencia de trabajadores de la estiba entre el público invitado. Entre los votos de PP, Ciudadanos, PNV y otras formaciones populares aliadas como Foro Asturias o UPN la suma da 174, para 168 votos contrarios del resto. Por eso la abstención de los ocho diputados del PDeCat es imprescindible en los planes reformistas del ministerio de Íñigo de la Serna. Y sus señorías catalanas ya anticipan el resultado.

Pascual (Podemos): "Ante la imposibilidad de convencer, el Gobierno opta por comprar votos"

Los números cuadran pero la trifulca está servida, las huelga a la vista y el momento de corrupción política se añadirá al debate. Este martes el coordinador de los parlamentarios del PDeCat, Jordi Xuclà, negó que la abstención favorable al Gobierno en el decreto sobre la estiba sea a cambio de que el Consorcio del Palau de la Música, al que pertenece el Ministerio de Cultura, haya decidido no ejercer la acusación contra la antigua CDC.

"Este Real Decreto Ley rompe la paz social, nos aboca a la conflictividad y condiciona el futuro de nuestros puertos para los próximos 30 años", denuncia Pascual, que milita en Podemos. "Lo va a hacer una mayoría en el Congreso armada a golpe de talonario de indulgencias o bulas. Lo sabremos pronto, lo veremos en algún futuro sumario de caso Lezo, Gurtel, Púnica...."