El pasado 12 de septiembre de 2016 la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), Marta Higueras, anunció solemnemente en rueda de prensa que la actual Corporación perseguiría la "nulidad radical" de la venta de 1.860 viviendas de protección oficial a fondos buitre en 2013. El trámite a seguir sería el siguiente: puesto que un informe de la Cámara de Cuentas y otro elaborado por un bufete privado apuntaban sin ambages a las irregularidades flagrantes ocurridas durante la venta, el ayuntamiento pediría a la Comisión asesora jurídica de la Comunidad de Madrid declarar dicha "nulidad".

Más de ocho meses después, la Corporación de Ahora Madrid no ha pedido nada a la Comisión asesora jurídica del Gobierno regional. Así lo confirman desde el ayuntamiento. "Como no hay acto administrativo de la operación, estamos buscando nuevas vías", indican portavoces. En el equipo de Gobierno hay división de opiniones con relación a esta cautela municipal, que en ningún momento ha sido publicitada y que sigue dejando miles de VPO por todo Madrid en manos de fondos como Fidere-Blackstone. La rama civil puede eternizarse, alegan los partidarios de la prudencia frente a los que piden al Consistorio reaccionar y acudir de una vez a la vía penal.

En septiembre la vicealcaldesa anunció que se pediría la nulidad de la venta. No se ha hecho

Higueras también informó en septiembre de la decisión del ayuntamiento de denunciar por otras dos vías: la europea, a través de la cartera de Competencia, y la estadounidense, llevando a los fondos que actuaron en Madrid ante la Justicia de EE.UU. En ninguno de los dos anuncios hay avances significativos, según los testimonios recabados. Peor aún: la vía de la Comisión Europea expira dentro de un mes.

Ahora el ayuntamiento estudia una nueva posibilidad: anular el plan de viabilidad de la EMVS de la etapa de Botella, en el cual iba incluido el traspaso de viviendas de protección a varias filiales de fondos buitre. Así lo relatan portavoces a este diario.

Carmena quiere anular el plan de viabilidad de la EMVS con Botella que incluía vender 1.860 VPO

Varios de los afectados con los que ha contactado este medio denuncian que en el ayuntamiento que dirige Manuela Carmena sobran las bellas palabras y faltan actos; muchos de los inquilinos a los que Blackstone, a través de su filial Fidere, intentó expulsar de su casa no renovándoles el alquiler -otros fondos buitre han hecho lo propio- critican que dirigentes como Marta Higueras o la propia alcaldesa solo dan señales de vida con periodistas delante.

"Nuestra relación es de cordialidad", reconoce Arancha Mejías, una de las caras visibles de los denunciantes. "Pero desde hace meses ni tenemos noticias de la alcaldesa ni de la Primera Teniente de alcalde".

Los inquilinos critican que Higueras o la alcaldesa solo dan señales de vida con periodistas delante.

En estos momentos solo hay dos querellas abiertas: la que interpuso el PSOE en agosto de 2014 en el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid contra la antigua cúpula de la EMVS por malversación y la de los afectados, la única causa en la que está personado el Consistorio. Los inquilinos obtuvieron una victoria judicial trascendental la semana pasada ante el Juzgado de Primera Instancia Número 43 de Madrid, al desestimar el juez la demanda de Fidere contra los afectados.

Las VPO valen el triple

El fondo buitre pretendía no renovarles el contrato cuando los afectados arrendaron la casa en condiciones de VPO de alquiler, para así poder vender la vivienda obteniendo pingües beneficios: Fidere compró viviendas en Madrid ciudad y en la comunidad por valor de 200 millones y el valor actual de mercado de esas promociones -con la recuperación del ladrillo a pasos de gigante- se sitúa en 660 millones.

Solo hay dos querellas: la que interpuso el PSOE en 2014 y la de los afectados

Desde el ayuntamiento igualmente se anunció en septiembre del año pasado que se interpondría otra denuncia ante la Dirección General de Competencia de la UE, dependiente de la Comisión Europea; una decisión que se tomó de acuerdo con las conclusiones del dictamen de la Comisión de Investigación de la EMVS. "Seguimos explorando esta vía", informan en la alcaldía. Pero fuentes conocedoras de la situación señalan que apenas se ha trabajado esta opción y que en estos momentos la EMVS sondea contratar un abogado para llevar a cabo la denuncia. Y esta opción puede expirar dentro de un mes, informan las mismas fuentes. Ocho meses y medio después de que la promesa fuera anunciada a bombo y platillo.

Otra idea que partió de aquella rueda de prensa fue la de acudir a la Justicia norteamericana para denunciar en Estados Unidos a los fondos buitre Magic Real Estate y Blackstone. Preguntada por el estado de esta otra promesa, en Cibeles nadie ha explicado en qué situación se halla. Otras fuentes dicen que no se ha hecho nada respecto a EE.UU.

Se prometió acudir a la Comisión Europea, pero tampoco hay avances

Portavoces municipales avanzan a El Independiente una nueva estrategia: "La venta masiva de VPO a fondos buitre se realizó en el marco de un plan de viabilidad de la Empresa de la Vivienda que, por un lado, pretendía vender patrimonio a toda costa sin reparar en las personas que vivían allí y, por otro, perseguía ahorrar", comentan. "Así que una de las ideas que se barajan en estos momentos es anular el plan de viabilidad, incluyendo la venta de 1.860 hogares de protección oficial". Ana Botella sondeó liquidar la EMVS, pero finalmente realizó un ERE. Carmena, por el contrario, ha reactivado la vivienda social y aumentado el presupuesto de la empresa local.

Anular el plan de viabilidad

Otras voces, siempre desde el anonimato, apuntan a otro problema: el letargo administrativo, al que la comisión de investigación contribuye -su creación llevó meses porque el PP planteó un contencioso-administrativo contra la comisión que fue parcialmente estimado por el juez-. "En estos momentos se están seleccionando abogados, se avanza muy lento. Y no hay señales de si finalmente el ayuntamiento acudirá a la justicia a reclamar la nulidad de la venta o seguirá dejando pasar el tiempo".

Del compromiso de denunciar a los fondos ante la Justicia de EEUU no se sabe nada

"El problema es que no necesitamos solo empatía", lamenta Arancha Mejías, "sino decisión. El Ayuntamiento no tiene solo que apoyar la querella presentada por el abogado de nuestra asociación [Mariano Benítez de Lugo], sino tomar también medidas legales como parte afectada. Somos conscientes de la herencia recibida, pero a mitad de legislatura ya no nos sirve tanto el respaldo, sobre todo cuando hay informes y sentencias que avalan lo que llevamos denunciando años".

"Es evidente que el Ayuntamiento ha incumplido sus compromisos con los afectados", reprocha la concejala Mercedes González (PSOE). "Marta Higueras anunció en septiembre una serie de medidas judiciales frente a esta operación y no ha puesto en marcha ninguna. Hemos sido los únicos en llevar este escándalo ante la justicia", señala la edil socialista. "Y a la vista de la inoperancia de Ahora Madrid, quizás seamos nosotros los que recurramos ante la Unión Europea, ya que la causa prescribe este mismo mes".