La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el pago de la plusvalía municipal en toda España cuando la venta de un inmueble se produce en pérdidas (también afecta a donaciones, herencias y permutas) ha puesto en guardia a los ayuntamientos españoles. Los previsibles cambios que se introduzcan en el impuesto afectarán inevitablemente en sus ingresos, aunque unos se verán a priori más afectados que otros. A la espera de los acontecimientos, tanto el ayuntamiento de Madrid como el de Barcelona ya se están preparando para amortiguar el impacto de la sentencia.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) prevé dar luz verde en su Junta de Gobierno del próximo 30 de mayo a los informes que remitirá al Ministerio de Hacienda a modo de propuesta para “canalizar” la decisión del TC, informan desde la institución que preside Abel Caballero. Con estos documentos, el Gobierno deberá elaborar una reforma del impuesto, algo que se plantea llevar a cabo en el marco de la reforma del sistema de financiación local.

Sin embargo, los principales ayuntamientos, Madrid y Barcelona, inscritos en las provincias donde según las estadísticas hay una mayor concentración de viviendas susceptibles de verse afectadas por el cambio de criterio y de una eventual aplicación de la sentencia con efecto retroactivo, ya han dado un paso al frente. En la capital de España se insta a aclarar cuanto antes los cambios a introducir a nivel nacional y se avanzan posibles fórmulas para fijar un porcentaje de "incremento" anualmente. Desde Barcelona se ha reaccionado ya en la misma línea e incluso se pide ya compensaciones ante la previsible caída de la recaudación.

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La plusvalía municipal obvió la crisis

Tras la plusvalía municipal se encuentra el llamado impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que grava el supuesto aumento del precio del suelo, hasta un periodo máximo de tenencia de 20 años, en el momento de la transmisión del bien.

El problema es que en muchos casos a la hora de liquidar el impuesto solo se tiene en cuenta la evolución del valor catastral del inmueble, que puede incrementarse mientras que la fluctuaciones del mercado presionan a la baja su precio. Eso ha llevado a muchos vendedores a tener que pagar el impuesto ante una supuesta revalorización que no ha sido realmente así, porque la crisis desplomó el precio de las viviendas en muchas localidades.

En este sentido, desde Tinsa explican la situación de una vivienda situada en el distrito de Carabanchel (Madrid capital) con un valor de mercado a fecha actual de 180.000 euros y cuyo valor catastral del suelo es de aproximadamente 52.000 euros. Según los cálculos de la Administración, si se vendiera hoy esa vivienda tras el periodo medio de tenencia en España (12 años), la plusvalía municipal a liquidar serían 5.000 euros. Sin embargo, esos 180.000 euros suponen una significativa pérdida respecto a los 245.000 euros de valor de mercado que tenía en la fecha de su adquisición, en el año 2005”, explica García.

Los principales damnificados

Pues bien, este impuesto local ingresó en 2015 (último dato disponible en el Ministerio de Hacienda) un total de 2.677 millones de euros, una cifra que queda lejos de los ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero que representa el 5% de los recursos no financieros de este subsector de la administración. Algunas instancias, como el despacho Navas Cusí se atreve a dar una estimación sobre el impacto económico de la sentencia y lo eleva hasta los cerca de 10.000 millones de euros.

De la cantidad recaudada --incluye plusvalías y minusvalías reales--, casi la mitad corresponde a la recaudación propia de los grandes ayuntamientos. El desglose de los datos disponibles alcanza a reflejar que los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid recaudaron en 2015 casi 776 millones de euros por este impuesto, la mayor parte en el ayuntamiento de la capital. A estos se suman, por ejemplo, los 234,2 millones recaudados por las entidades de igual tamaño de la provincia de Barcelona.

Sin embargo, para valorar el impacto de la medida hay que atender también al descenso de los precios de la vivienda en estos municipios y a cuántas viviendas podría afectar.

Más de medio millón de viviendas en cuestión

Con todas estas variables, un reciente estudio de Tinsa refleja que hasta 550.000 viviendas transmitidas desde 2013 en todas España se podrían ver afectadas por la sentencia del TC. Esta estimación ha sido elaborada a partir de las estadísticas de evolución del precio de la vivienda de Tinsa y datos del Ministerio de Fomento y del Colegio de Registradores de la Propiedad. En esta bolsa de viviendas se incluyen tanto operaciones de compraventa, como donaciones, permutas y herencias, que también están gravadas con el pago de este impuesto.

Madrid y Barcelona concentran la mayor parte de las plusvalías revisables

El resultado del cruce de datos vuelve a poner en primera línea de fuego a la Comunidad de Madrid (76.500 viviendas), Barcelona (56.100) y ha localidades turísticas como Alicante (47.500) o Málaga (36.100).

Los ayuntamientos reaccionan

Al poco de conocerse la decisión del TC, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han reaccionado. Desde la Ciudad Condal señalan que se está analizando el impacto, pero que “es imprescindible que el Estado aclare la indefinición de la sentencia”, en el sentido de cómo habrá que calcular a partir de ahora el precio de la venta, si de acuerdo con el valor de la compra, el suelo o el de las escrituras. Además, insta al Ministerio de Hacienda a que presente “las correspondientes medidas para compensar el impacto sobre los ingresos municipales”.

Por su parte, representantes de la Agencia Tributaria Municipal de Madrid (ATM) ya se han reunido este miércoles con la FEMP y han demandado al Ministerio de Hacienda "una rápida aplicación de la sentencia en defensa de los derechos de su ciudadanía". La corporación de Manuela Carmen sugiere a través de la ATM que cada ayuntamiento pueda "fijar año a año el porcentaje de incremento" teniendo en cuenta la evolución real del mercado inmobiliario del suelo en su respectivo municipio. Esto obligaría a los ayuntamientos a tener que modificar la ordenanza fiscal del impuesto todos los años, con el objeto de introducir el porcentaje correspondiente a cada ejercicio.

No obstante, el ayuntamiento señala que es una de las ciudades donde menos han caído los precios de los inmuebles por lo que confían en que los efectos de la sentencia en términos de recaudación serán "poco considerables".