Aena afronta una fuga de directivos. Desde su salida a bolsa, hace poco más de dos años, han sido cuatro los ejecutivos del más alto nivel que han dejado la compañía de forma voluntaria. El último esta misma semana, con la salida del director de red de aeropuertos, Fernando Echegaray, tras su fichaje por el grupo Aéroports de Paris, rival directo del gestor de los aeropuertos españoles.

Desde la propia compañía hace tiempo que se viene advirtiendo para retener directivos y para captar talento por los topes salariales -modestos en relación al de otras empresas cotizadas- que limitan la retribución de su cúpula ejecutiva. Y es que Aena, al estar controlada en un 51% por el Ministerio de Fomento, cuenta con las restricciones retributivas de una empresa pública, lo que le aleja de los niveles de empresas de su mismo sector.

Antes de Echegaray –en la práctica número tres del grupo y un hombre clave en su organización- salieron de la compañía la directora financiera, Beatriz Puente, tumbo a NH Hotel Group; el responsable de relaciones con los inversores, Ignacio Carvajal; y el director de comunicación, Antonio San José, ahora en Banco Popular.

Remodelación de la organización

La salida de Echegaray ha llevado a Aena a acelerar la reorganización de su dirección. El consejo de administración de la empresa aprobó ayer una remodelación de su estructura organizativa y crea una suerte de dirección bicéfala por debajo de su presidente, José Antonio Vargas.

Javier Marín, hasta ahora el único director general de Aena y un histórico de la casa, se encargará de la nueva área de Negocio Regulado, bajo la que se encuentra el control de toda la operativa aeroportuaria en España y en la que se integra todas las labores de la dirección de la red de aeropuertos que ocupaba Echegaray.

Y José Manuel Fernández Bosch será el otro director general, éste encargado del Negocio No Regulado. Una división en la que se agrupa en el negocio de explotación comercial dentro de las instalaciones (las tiendas de los aeropuertos), de la gestión de los activos inmobiliarios y de toda la actividad internacional. Con la nueva organización, el grupo busca impulsar sobre todo esta última área, la de mayor potencial de crecimiento.

El problema salarial

La política retributiva restringida a la que está sometida Aena como empresa pública viene siendo un motivo de fricción de la compañía con el Gobierno. En 2014 el primer intento de salida a bolsa de Aena descarriló, entre otros motivos, por el rechazo frontal con que se encontró la cúpula en su exigencia de colar en el folleto de la OPV un plan de stock options para los ejecutivos para equiparar sus sueldos a los de otras cotizadas, según apuntan varias fuentes cercanas a ese proceso.

En el folleto de la salida a bolsa que sí fue, la de febrero de 2015, el grupo reconocía como un riesgo las limitaciones salariales de sus directivos. “La alta dirección de Aena, por sus características de sociedad mercantil estatal, está sujeta al régimen retributivo público”, rezaba el folleto para advertir a los posibles inversores. Desde la compañía siempre se ha apuntado que esas limitaciones suponen un problema tanto para retener talento como para atraerlo.

El presidente de Aena, José Manuel Vargas, recibe una retribución anual cercana a los 160.000 euros, entre la parte fija y variable, muy lejos de las retribuciones millonarias del resto de máximos ejecutivos del Ibex.

La cúpula de Aena es partidaria de profundizar en la privatización de la compañía. Una venta adicional por parte de Fomento del capital del grupo le haría perder al Estado su mayoría accionarial, lo que rompería algunos corsés presupuestarios que limitan la libertad de acción de la empresa (entre ellos, los corsés salariales, sí). El Gobierno, al menos de momento, descarta desprenderse de una parte adicional de su paquete accionarial en el gestor de los aeropuertos.