El sector de empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como son Uber y Cabify, recibirán próximamente "miles" de licencias para operar, que superarán el ratio de autorizaciones establecido por ley frente al taxi, en virtud de pronunciamientos judiciales.

Estas sentencias y autorizaciones son consecuencia de los recursos que las empresas del ramo plantearon en los tribunales cuando se les rechazaron licencias entre los años 2009 y 2013, periodo en el que estuvo vigente una ley que liberalizaba el sector aprobada por el último Gobierno socialista.

De hecho, a estas resoluciones judiciales achaca el Gobierno gran parte del crecimiento del negocio de los vehículos con conductor en los últimos años, origen del actual conflicto abierto entre este sector y el del taxi.

De hecho, los VTC han logrado ya 3.740 licencias por vía judicial en dicho periodo, a las que se podrían sumar las de los recursos aún pendientes, que se estiman son "miles".

Así, en la actualidad, este sector cuenta con un total de 5.928 licencias, más del doble (+170%) que las 2.188 que le correspondería en virtud de la actual legislación, que establece la concesión de una autorización de VTC por cada treinta que se otorga al taxi, que suma 65.670 autorizaciones.

Este ratio de concesión de licencias estaba ya vigente antes de que en 2009 el último Gobierno de José Luis Gobierno Zapatero aprobara una Ley que introdujo la liberación del sector, y se recuperó en la que el posterior Gobierno del PP aprobó en 2015 para evitar la inseguridad jurídica del texto anterior.

No obstante, los años en que la ley socialista estuvo vigente generó un proceso de judicialización, dado que las firmas de VTC comenzaron a recurrir a los tribunales cuando se les negaba una licencia.

Desde entonces, Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades se han venido pronunciando aceptando los recursos y provocando la concesión de las licencias. Según fuentes gubernamentales, en la actualidad aún hay "miles" de autorizaciones para operar pendientes de resolución judicial.

Reforzar la inspección

El Ministerio de Fomento, pese a contar con las competencias de regulación del sector del VTC, no cuenta con capacidad para actuar frente a las licencias que se logran por vía judicial aunque superen la cota de uno por treinta.

No obstante, ante el conflicto surgido entre este negocio y el del taxi, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna se propone fomentar la colaboración entre todas las administraciones con competencia en los dos negocios y reforzar las inspecciones para garantizar el cumplimiento de sus correspondientes normativas.

Con este fin, De la Serna ha convocado el próximo martes, día 6, una reunión con comunidades autónomas, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y los ayuntamientos de las principales ciudades.

Colaboración policial

Entre las medidas que se barajan para reforzar la inspección, y se tratarán en el encuentro, figura la de formar a grupos específicos de Policía y de Guardia Civil para que colaboren en la detección y paralización de vehículos que incumplan la ley o realicen prácticas irregulares.

La inspección, competencia de comunidades autónomas con coordinación de Fomento, se centra en garantizar que los dos tipos de servicios, el del taxi y el del VTC cumplan con la normativa.

Los dos sectores tienen que cumplir las mismas condiciones administrativas, si bien en el caso de los coches con conductor no pueden "propiciar la captación de clientes", esto es, circular por las vías o establecerse en paradas en busca de pasajeros, y deben realizar un contrato por cada servicio que realicen.

En 2016, sólo en Madrid se multaron a más de 1.000 VTC por tratar de captar clientes, de entre el total de 5.000 vehículos controlados. A escala estatal, se realizaron 172 campañas de inspección y se abrieron 589 expedientes a firmas de transporte con vehículos de menos de nueve plazas.