Santander puede convertirse en el nuevo dueño del Banco Popular. La entidad presidida por Ana Botín podría lanzar de forma inminente una oferta de compra por su competidor. La operación está muy avanzada. Tanto es así que en el Gobierno se da por hecho que podría materializarse en cuestión de horas.

El gabinete de Mariano Rajoy espera que Santander dé el paso definitivo en cuanto tenga cerrados los últimos flecos de la oferta. En la tarde de ayer, la cúpula del que se convertiría en el mayor banco español y sus asesores avanzaban en definir cómo será la ampliación de capital. Es el paso ineludible para absorber Popular, habida cuenta de que el comprador no recibirá ayudas públicas. Según adelantó Bloomberg, las cifras que maneja Santander rondan los 5.000 millones de euros.

El banco liderado por Botín ha llegado al último tramo de la puja como favorito, marcando distancia de las otras dos entidades que habían dado un paso al frente, Bankia y BBVA. De puertas adentro, desde que arrancó la subasta, el Santander tenía claro que Popular encajaba a la perfección en su estructura en España. Y de puertas afuera, eran muchos los analistas y los bancos de inversión que consideraban que el grupo cántabro estaba en mejores condiciones que el resto para digerir un bocado tan complicado como el Popular.

El consejero delegado de Santander reconoció que estudia compras si el retorno sobre el capital alcanza el 14% o 16%

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, reconoció recientemente que está abierto a protagonizar una operación corporativa si se cumplen ciertos criterios. “Nuestra política es clara. Si hay oportunidad la analizamos y, si cumple ciertos parámetros financieros, haremos una oferta o no”, señaló el número dos del banco, en el marco de la presentación de resultados del primer trimestre.

Álvarez detalló que las condiciones que exige para interesarse por cualquier tipo de negocio es que “el retorno sobre la inversión supere al coste de capital que tenemos del 9%. Pedimos retornos de entre el 14% y 16% y que sea positivo para beneficio por acción (BPA) a tres años”.

Entretanto, el bróker de Santander figura entre los más positivos con el comportamiento futuro de Popular. El grupo que lidera Botín se ha desmarcado del consenso de mercado y derrochan optimismo en torno al futuro de Popular. El equipo de análisis de Santander sitúa el precio objetivo de Popular en 1,17 euros. Supone otorgarle un potencial de revalorización que casi triplica los precios de hoy.

Deterioro del balance

La entidad que preside Emilio Saracho no sólo carga con una cartera de activos tóxicos de 36.000 millones. Además, el balance se ha deteriorado considerablemente en las últimas semanas, lo que obligará al comprador a revisar a la baja la valoración de múltiples activos y a asumir unas pérdidas de forma inmediata que podrían superar los 3.000 millones.

Una fuerte salida de depósitos provocaría tensiones de liquidez que harían peligrar la viabilidad del banco

Los contras de la operación eran comunes para todos los interesados, de ahí que todos acudieran a las negociaciones con una petición bajo el brazo: ayudas públicas en forma de garantías para allanar la absorción. Pero la respuesta del Ministerio de Economía y del Banco de España ha sido un rotundo no. La negativa ha ahuyentado a BBVA (que estaba dispuesto a pagar hasta 6.000 millones hace unos meses) y a Bankia (controlada por el Estado). El único que se ha mantenido firme en Santander, con más músculo financiero para acometer la absorción.

La operación se ha acelerado a la vista del fuerte castigo que han sufrido las acciones del banco. En apenas ocho días, Popular ha perdido más de la mitad de su valor en Bolsa, hasta alcanzar una capitalización de apenas 1.300 millones. Sin embargo, hay varios factores que han encendido las alarmas en el consejo de administración del banco.

Trasvase de depósitos

Por un lado, la huida de accionistas sólidos como Crédit Mutuel, que este lunes anunció que dejaba su puesto en el máximo órgano ejecutivo de la entidad. Por otro, la salida de dinero con destino a otras entidades de la competencia. Sin ser alarmante hasta el momento, el trasvase de depósitos amenazaba con convertirse en una peligrosa bola de nieve, alimentada por las noticias negativas sobre el banco. Las tensiones de liquidez podrían desencadenar el colapso de la entidad.

Sin ir más lejos, en la tarde de ayer Moody’s lanzó un informe implacable que ponía el acento, directamente, en el riesgo que asumen los depositantes. La agencia de calificación considera que el continuo flujo de información sobre la cruda realidad del banco está minando la confianza de los clientes y los inversores. “Popular está bajo una creciente presión para mejorar su capacidad de absorción de riesgos, mejorar sus niveles de solvencia y acelerar la reducción de su stock de activos problemáticos”.

Señales de alarma

Con los seguros contra el impago de la deuda creciendo vertiginosamente (su precio se ha duplicado en sólo dos semanas), Saracho ha tenido que asumir a la fuerza que el tiempo se agotaba para Popular. Su estrategia de postergar la venta a la espera de un mejor precio empezaba a encaminar a la entidad hacia la liquidación. Una salida pésima para todos los implicados: desde los accionistas y los poseedores de bonos, que se llevarían la peor parte; hasta el Gobierno, que quería evitar a toda costa otro drama bancario en un momento en que la economía y la confianza de los inversores ha cogido velocidad de crucero.

La presión llevó a Saracho a suspender su viaje programado a Fráncfort, para explicar la situación del banco a la máxima autoridad europea en la materia, el Mecanismo Único de Supervisión, un organismo que depende del Banco Central Europeo (BCE). Tanto el presidente como su equipo directivo, comandado por Ignacio Sánchez-Asiaín, se quedaron en Madrid para acelerar el proceso de venta.

Plan B

Si finalmente la compra de Popular por parte de Santander no saliese adelante y no hubiese oro candidato dispuesto a hacerse con Popular sin ayudas públicas, se activaría de forma inminente un proceso de resolución, mediante el cual, el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) liquidaría el grupo con pérdidas a cargo de accionistas, preferentistas y tenedores de deuda subordinada. Si no bastase, los bonistas de deuda de calidad e, incluso, los depositantes se verían penalizados.

Para evitar que los bancos lleguen a un proceso de resolución (liquidación), Europa exige a las entidades cierto volumen de capital ordinario y de instrumentos híbridos, como los CoCos (bonos convertibles contingentes), las acciones preferentes o los préstamos subordinados, que pueden convertirse en capital si es necesario. Popular cuenta con más de 6.000 millones de euros de capital y reservas, 1.200 millones de CoCos y 600 millones de deuda que computa como capital regulatorio.

Si la operación de Santander no sale adelante y no hay otro comprador, Popular, probablmente, sería liquidado por el FROB

En la Unión Europea, este sistema de resolución de entidades de crédito, cuyo objetivo es minimizar el impacto de un rescate en las arcas públicas de los Estados, se recogió en la Directiva 2014/59/UE. Fue traspuesta en España por la Ley 11/2015, del 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. En cualquier caso, una normativa previa, la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, incorporó en la legislación española muchos de los principios.

El Mecanismo Único de resolución -uno de los pilares de la Unión Bancaria, junto al MUS (Mecanismo Único de Supervisión) y un sistema armonizado de garantías de depósitos- entró en funcionamiento en enero de 2015 y está compuesto una Junta de Resolución (JUR), un Fondo Único de Resolución (FUR) y un sistema de autoridades nacionales de resolución que, en el caso de España, es el FROB.

Sobre la Junta de Resolución recae la responsabilidad de aplicar las normas comunes de la directiva europea de resolución, que incluye medidas para la distribución de pérdidas entre los accionistas y los acreedores de las entidades. Antonio Carrascosa, antiguo director general del Banco de España, es uno de los hombres clave si finalmente se activa el proceso de resolución de Popular, ya que es el director de Planificación y Decisiones de Resolución de esta división.

Por su parte, el Fondo Único de Resolución (FUR) es el que da respaldo financiero de los procesos de resolución ordenada. Este fondo comenzó a recibir aportaciones a partir de 2016 y su dotación se mutualiza progresivamente, financiado por los bancos de los propios estados miembro.