El fiscal Alejandro Luzón ha decidido exculpar a los actuales gestores de Bankia del engaño a los inversores de la salida a bolsa. El ministerio público destaca "el compromiso" de los dirigentes de esta entidad "con una cultura ética empresarial". Por ello, les deja fuera de este proceso, aunque tendrán que responder civilmente de las pérdidas que han sufrido sus accionistas.

La fiscalía explica que José Ignacio Goirigolzarri y su cúpula directiva actúan con "una cultura de cumplimiento corporativo". También subraya que su comportamiento "ha sido completamente distinto al que propició la salida a bolsa en julio del 2011".

Resarcimiento a los perjudicados

El ministerio público enfatiza la "colaboración" de este banco "con la investigación judicial" al haber aportado "con diligencia la documentación que se les ha requerido pese a ostentar la condición de imputado" en este procedimiento.

Además, Goirigolzarri y su equipo pusieron en marcha "una investigación para aclarar la entrega y el uso de tarjetas de crédito" por consejeros de Caja Madrid y Bankia que han servido para condenar a estos ex directivos por usar las tarjetas black.

Además, el fiscal valora que Bankia desde el 18 de febrero del 2016 haya decidido devolver "el importe íntegro de su inversión inicial a todos los accionistas minoristas" que compraron acciones "a cambio de la devolución de las acciones de la entidad".

El banco también se hizo cargo de las pérdidas de los inversores que habían vendido sus títulos antes de esta fecha y les ha restituido "la diferencia entre lo invertido y lo obtenido" cuando las enajenaron. Además, les abonó unos intereses "compensatorios" del 1% anual por el tiempo transcurrido hasta la restitución de la inversión.

Inadecuada gestión de Rato

Por el contrario, Luzón tiene una opinión muy diferente de los anteriores gestores a los que acusa de haber gestionado el banco con métodos "muy politizados y poco profesionales". La fiscalía sostiene que el colapso de Bankia producido en mayo del 2012 "no puede entenderse como algo desligado de la inadecuada gestión precedente de Caja Madrid y Bancaja".

Estas entidades, según el escrito del fiscal, se habían lanzado "a una expansión crediticia de alto riesgo con una exposición excesiva al sector inmobiliario que, velada en la época de bonanza económica, desencadenó una grave crisis de solvencia cuando se produjo la crisis financiera y el consiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria".

A pesar de ello, el fiscal limita la responsabilidad a los cuatro mandos, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú, que tuvieron "una especial responsabilidad de que la salida a bolsa se llevara a cabo sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación" de Bankia y su inviabilidad.

El fiscal les acusa de sacar adelante una operación en la que los inversores minoristas asumieron "un riesgo extraordinariamente superior al que conlleva siempre una inversión bursátil, merced a una información que no les advertía de los riesgos ciertos de su inversión al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia".

Las magnitudes de Bankia

El ministerio público también les reprocha la campaña de publicidad que estos gestores hicieron cuando el banco salió a bolsa. En ella se explicaba "la supuesta potencia" del grupo al aludir a "magnitudes" como los 11,2 millones de euros, 21.000 empleados, 3.500 oficinas, 7.500 cajeros y 272.000 millones de activos totales del grupo.

Además, los antiguos gestores encomendaron a su red de oficinas "el enorme esfuerzo de vender las acciones entre sus clientes habituales que nunca recibieron información acerca de la debilidad del proyecto ni públicamente a través del folleto ni privadamente de los empleados de las sucursales".

También reprocha a Olivas de actuar con "falta de racionalidad económica" al comprar suelo desde Bancaja, que el presidía, "durante la última fase del ciclo inmobiliario cuando este ya mostraba signos evidentes de haber entrado en una profunda crisis".

Por su parte, Fernández Norniella heredó las decisiones de Olivas cuando se hizo cargo de Bancaja Habitat. Y Verdú , según el fiscal, "tuvo especial protagonismo al asumir la responsabilidad por el contenido del folleto y la veracidad del mismo". También procuró "que se cubriera a toda costa el tramo mayorista de la emisión, imprescindible para que tuviera éxito la operación diseñada".

La intervención era esperada

Por ello, el fiscal asegura que la intervención de Bankia "era en mayor o menor medida esperada" desde el 20 de julio del 2011 cuando salió a bolsa "algo que los responsables de dicha salida se cuidaron de ocultar a los potenciales inversores para no frustrar la operación". Y lo hicieron "para conservar sus puestos en el consejo de administración".

El fiscal considera que la actuación de estos gestores es constitutiva de un delito de publicidad engañosa. Al no constatar una falsedad en las cuentas de Bankia exonera a los ex consejeros de Caja Madrid entre ellos Ángel Acebes y Arturo Fernández. Y también exculpa a los auditores del banco.