M.S.C. se despierta temprano y escucha en las noticias que la inflación ha vuelto a subir en mayo, un 24% respecto al año anterior. Coge el brick de leche que ha comprado por 25 pesos, el equivalente a algo más de dos euros, y toma una de las cápsulas de café, del pack de 10 que le ha costado 186 pesos, casi 11 euros.  A veces las pesadillas, como dice, empiezan cuando uno despierta y no se esfuman rápidamente.

Antes de ir a trabajar al consulado español de Buenos Aires, en el corazón de la capital argentina, coge su coche, pequeño, cuyo seguro a todo riesgo, eso sí, consume un cuota de más de 100 euros mensuales. Luego comerá, tal vez un pollo con patatas por el módico precio de 12 euros, y hará la compra, porque no se ve con margen para salir a cenar después de pagar por un piso de 60 metros cuadrados casi 200 euros de comunidad. Un kilo de jamón york, 18,8 euros, pero parece rentable cuando el sándwich de jamón y queso y el refresco cuestan unos siete euros y medio.

Lo dice M.S.C., que ha contado su historia a El Independiente, después de tres semanas de huelga, como otros 159 compañeros de la embajada española en Argentina, de sus consulados y de las consejerías -el 90% del total de los empleados laborales que trabajan para España en el país-. Allí donde llega la Administración General del Estado de España.

También lo cuenta la página www.preciosclaros.gob.ar puesta en marcha por el propio gobierno argentino para poder comparar los precios de los distintos comercios en plena escalada del coste de la vida.

Sin embargo, la razón de la huelga en los centros administrativos españoles en Argentina no es tanto la inflación cabalgante, sino que muchos salarios, que rondan los 21.000 euros anuales sin complementos --1.700 euros mensuales que descontando Seguridad Social e impuestos se quedan en unos 1.300 euros--, están congelados desde el año 2009 o antes, como confirma el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Para las nuevas incorporaciones, el salario, además, no llega a los 20.000 euros.

“Cualquiera que lea esto en España dirá que de que se queja esta persona”, anticipa M.S.C. antes de explicar que lo que denuncia es que su salario “no evoluciona, involuciona” desde que empezó a trabajar en el consulado, al inicio de la crisis en España. “Mientras nuestros salarios están congelados, en Argentina la inflación ha ido en aumento. Eso es una combinación letal", lamenta.

Sin agua caliente en la embajada

En lo que respecta a las condiciones laborales, M.S.C. asegura que la necesidad de atender a casi medio millón de españoles, de los que más del 70% viven en la demarcación que le corresponde al Consulado de Buenos Aires --uno de los cinco consulados generales junto a Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario-- hace que la saturación de trabajo sea importante. "El Consulado viene a ser una mezcla de ayuntamiento, comisaría de policía, Registro Civil y juzgado", afirma.

Cada día hay más de 80 inscripciones de nacimientos de españoles en Buenos Aires, se expiden 150 pasaportes y a todo ello se suman poderes notariales, certificados de residencia, fe de vida, visados o asistencia a detenidos que cumplen condena en el país. Al menos, enfatiza M.S.C. las condiciones ambientales de trabajo, en general, son buenas, "aunque desde hace varios años, para reducir gastos, cortaron el agua caliente en los lavabos".

La austeridad a 10.000 kilómetros del Ministerio de Hacienda

M.S.C. cuenta su historia, dice, porque ni siquiera sus familiares son conscientes de lo que está pasando gran parte de los 7.000 empleados laborales que trabajan para España en el extranjero. Porque, aunque allí se sabe eso de la moción de censura y lo del banco llamado Popular, acá solo se ha empezado a hablar de lo suyo a raíz del paro en Argentina y el reguero de movilizaciones que se ha extendido por otros países, hasta Australia.

Concentraciones de empleados laborales de la embajada española en Montevideo (Uruguay). CCOO

Esto tiene mucho que ver con que la puerta de entrada de la Embajada de España en Buenos Aires, en la Recoleta, el París argentino, está a unos 10.000 kilómetros de distancia del Ministerio de Hacienda, donde se decide todo lo que afecta a sus salarios.

Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro diseccionan el problema. Según dicen, la congelación salarial de la que se quejan los huelguistas en argentina no afecta al Cuerpo Diplomático, ni a los funcionarios desplazados –estos se pueden quejar en todo caso de lo mismo que lo que trabajan en España--, ni tampoco los empleados laborales desplazados.

El problema se circunscribe a los aquellos con contratos firmados en Argentina, entre los que se encuentran generalmente secretarias, auxiliares, cocineros o chóferes, algunos de los cuales, según replica M.S.C., se han buscado ya un segundo empleo.

El Gobierno español recuerda que, aunque no se ha revisado su salario, estos trabajadores tampoco han sufrido durante estos años la rebaja del 5% del salario de los funcionarios en 2010, la supresión de la paga ‘extra’ de 2012 o la eliminación de los tres días 'moscosos'. Aunque, de momento, por eso mismo, tampoco se han beneficiado de la recuperación de esa paga, ni de las subidas, aunque tímidas del 1%, de los sueldos públicos en 2016 y 2017. Además, sus salarios son ostensiblemente inferiores a los del resto de los empleados y no cuentan con los complementos específicos, de calidad de vida y de adecuación del poder adquisitivo, que si cobran sus superiores.

Además, los sindicatos que están auspiciando a estos trabajadores, CCOO,UGT y CSI-F fundamentalmente, argumentan que la situación de estos trabajadores es de total desamparo, puesto que al tener un contrato firmado en Argentina, viven en limbo administrativo, con condiciones laborales adaptadas a lo que se dicta en Argentina, pero con los salarios pendientes de lo que se decide en España.

Además, recalcan que estos trabajadores no tienen, hoy por hoy, derecho a elecciones sindicales y, por tanto, no tienen delegados ni comités que les amparen y canalicen sus demandas laborales.

De Buenos Aires hasta Hacienda

Con todo, los trabajadores en huelga de la embajada de España en Buenos Aires han logrado hacerse oír y todo confluye en el Ministerio de Hacienda. Aunque los diferentes empleados laborales de la AGE en el extranjero deben reportar a la instancia correspondiente --un 40% de ellos aproximadamente dependen de Exteriores--, la decisión última sobre sus salarios la tiene la Dirección General de la Función Pública y, más concretamente, de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir).

Después de las movilizaciones que han tenido lugar en Uruguay, Finlandia o Uruguay, el Gobierno ha convocado para el próximo martes, 20 de julio, la Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior, en la que uno de los puntos de orden del día es la revisión de las remuneraciones del personal laboral en el extranjero.

Sin embargo, los sindicatos confían en tratar en la reunión otras cuestiones como la posibilidad de que estos trabajadores puedan convocar elecciones y elegir a sus representantes o poder revocar el Reglamento 883 de la UE en el que se determina que estos empleados tendrán que cotizar en el país que viven a partir de 2020. Sobre esta cuestión, los sindicatos persiguen que estos puedan decidir donde cotizan para que en el momento de la jubilación puedan beneficiarse de las condiciones que les sean más favorables.

En definitiva, las centrales persiguen que se desarrolle el acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior suscrito con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobado en 2008, en el que se establecían unas condiciones comunes relativas a formación, régimen disciplinario o excedencias, pero que, en su opinión, es necesario ampliar entre otras cosas porque no concreta pautas salariales.

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Todos pendientes del 20 de junio

"Todo el mundo espera para ver qué pasa el martes", aseguran desde CSI-F. Con todo el mundo se refiere al personal de embajadas y otras instancias administraciones a lo largo de todo el mundo. Hasta la fecha ha habido concentraciones en Uruguay, Colombia, Nicaragua, México, República Dominicana, Canadá y EE.UU.

Además, se espera la convocatoria de un día de huelga en Marruecos y otra en Australia, a sumar a los paros indefinidos los martes y los viernes de 10 a 12 horas en Finlandia o la huelga en Suecia el pasado 13 de junio. Por último, también se preparan huelgas en Dinamarca o Bélgica, en la representación permanente de España ante Bruselas. Precisar en estos casos que la asimetría entre la información aportada por los sindicatos y el Gobierno es significativa.