El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se asomó a un nuevo enfrentamiento con Cataluña el día que el Ejecutivo remitió a Bruselas la actualización del Plan Presupuestario para 2017, a finales de 2016. En el documento se comprometía a desarrollar un nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas y carbonatadas, que afectaría desde al productor hasta el consumidor final, para recaudar 200 millones de euros y tratar de cumplir el objetivo de déficit en 2017. Pero el fin último, señalaba, era mejorar la salud de la población y combatir la obesidad.  En Cataluña estaban a punto de aprobar un tributo similar, con los mismos argumentos, pero que no sería compatible.

Sin embargo, en marzo de este año, Rajoy presentó por fin el proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 y dejó el impuesto nacional en el aire, aunque dejaba abierta la puerta para retomarlo si los ingresos tributarios, que marchan por encima de lo previsto, desfallecían.

Las empresas suponen un 20% del PIB y el 30% del empleo

De esta forma, el Gobierno evitó, entre otras cosas, otra confrontación con Cataluña, que por esas mismas fechas publicaba definitivamente la entrada en vigor de su propio tributo. De solaparse ambos impuestos, el Gobierno tendría que compensar a Cataluña, que había legislado más rápido.

Sin embargo, hasta diez asociaciones empresariales --Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, ACES, Anged, Asedas, FIAB, Promarca, Aecoc, Fehr y Marcas de Restauración--que representan a toda la cadena agroalimentaria, así como a la hostelería y la restauración, el equivalente al 20% del PIB y el 30% del empleo, han redoblado la presión para que el Ejecutivo lleve el impuesto catalán ante el Tribunal Constitucional (TC).

Estos empresarios tampoco ven con buenos ojos un impuesto sobre las bebidas azucarada a nivel nacional, consideran que todo incremento de la fiscalidad asociada a las estos productos es una injerencia en el mercado y una forma de recaudar a costa de su sector, en tanto que el consumo no se verá afectado ni mejorará la salud de la población por ello. Sin embargo, de momento se centran en la vertiente local.

Para ello, han remitido una carta al propio presidente del Gobierno para exigirle que haga uso de sus competencias para llevar a Cataluña a los tribunales, aunque Rajoy solo tendría para poder hacerlo hasta el 30 de junio, tres meses después de la aprobación del tributo en la comunidad autónoma, el pasado 30 de marzo.

Otra vía alternativa sería la convocatoria de la comisión bilateral entre el Gobierno y Cataluña para convencer al Govern de que retire el impuesto. Esta vía daría más tiempo, un total de nueve meses.

La letra pequeña del impuesto

Fundamentalmente, el impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas de Cataluña grava los edulcorantes calóricos añadidos como azúcar, miel, fructosa, sacaros o jarabe de maíz. Así, están sujetos tanto los refrescos o sodas, como las bebidas de néctar de frutas y jugos de frutas, las bebidas deportivas, las energéticas, las de té o café, las leches endulzadas, las vegetales y las aguas con sabores.

Además, el impuesto es complejo, en tanto que establece un gravamen de 0,12 euros por litro en las bebidas con más de ocho gramos de azúcar por cada 100 ml y de 0,08 euros para entre 5 y 8 gramos.

La Generalitat dice que el impuesto debe repercutir sobre el consumidor final

El objetivo último, según la Generlitat, es mejorar la salud de la población y evitar la obesidad. En cambio, la información que aporta en su página web deja claro que, "el contribuyente está obligado a repercutir el impuesto al consumidor final", lo que ha hecho que en el sector se vea un único fin recaudatorio y una colateral distorsión en el mercado.

Los seis argumentos que justificarían el recurso

La razón de que las asociaciones hayan apurado tanto el tiempo para remitir el escrito a Rajoy es que, entre otras cosas, han estado esperando que el despacho Uría Menendez hiciera un informe que sirviera de base para reclamar la inconstitucionalidad del impuesto en Cataluña.

El despacho ha detectado hasta seis "vicios de inconstitucionalidad" en la Ley 5/2017 que regula el impuesto en la comunidad.

Principio de territorialidad: Según señala, la vocación del tributo es aplicarse también sobre quien suministra las bebidas azucaradas al establecimiento que, a su vez, las ofrecerá al consumidor, aunque no se encuentre ubicado en Cataluña. Por ello, estima que el impuesto no cumple con un principio constitucional que se denomina de territorialidad fiscal, por el que un territorio no puede adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de sus fronteras.

Libre circulación de mercancías y servicios en el territorio nacional: El despacho también considera que el impuesto incentiva la deslocalización de empresas fuera de Cataluña o incluso fuera de España. El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha asegurado al respecto que una empresa de distribución, por ejemplo, podría ubicarse cerca de la frontera de Cataluña y no dentro para evitar pagar el tributo.

Principio de doble imposición no coordenada: Otro vicio tendría que ver con que el impuesto es indirecto y repercute en el consumidor final, como hace el IVA. De hecho, argumentan las organizaciones que el comprador último estaría pagando dos impuestos similares por el mismo producto, lo que vulneraría, a su juicio, el principio de doble imposición no coordinada.

Principio de seguridad jurídica: Un cuarto argumento se refiere a que Cataluña se extralimita usando su potestad legislativa al establecer un impuesto para el que no existiría suficiente justificación y que iría acompañado de una "falta de certeza y previsibilidad" sobre el contenido de ciertos conceptos, como, por ejemplo, el de "edulcorante calórico".

De hecho, las asociaciones se quejan de que, a día de hoy, ya tienen que ceñirse al impuesto sin que exista todavía un desarrollo reglamentario, solo un conjunto de aclaraciones en la web del Gobierno del Cataluña.

Principio de Igualdad: En quinto lugar, el documento sugiere que Rajoy podría agarrarse a la supuesta vulneración del principio de igualdad y no discriminación de la Constitución, puesto que el impuesto introduce mayores cargas administrativas a una serie de distribuidores de bebidas azucaradas envasadas que no tienen que soportar otras.

Principios constitucionales en materia de imposición tributaria: Por último, el despacho cree que el impuesto podría, en algunos supuestos y en combinación con otras figuras como el IVA, aumentar la presión fiscal para el consumidor final de tal forma que supere la que debería ser su capacidad económica.

Un peligroso precedente

Más allá de las implicaciones jurídicas, las asociaciones han trasladado al Rajoy el peligroso precedente que puede suponer este impuesto. "¿Quién nos dice que no se pueda gravar en un futuro la leche, los yogures o la carne?", se pregunta el presidente de Asaja, Pedro Barato, para quien el impuesto es una "barbaridad".

Según Del Pino, estas críticas no son futuribles, sino que los efectos de la decisión del Gobierno catalán ya se están dejando notar en las empresas. Por ejemplo, señala que muchas de ellas tienen que manejar ahora lotes diferentes de un mismo producto: el destinado a Cataluña, para el que debe cumplir con una información más detallada sobre su nivel de edulcorantes, y el del resto de España. Eso, asegura, ya está complicando y encareciendo su logística.

Asimismo, las empresas creen que se trata de un impuesto que para nada tiene como objetivo combatir la obesidad porque “no existe evidencia científica de que tenga ese efecto” y porque no afectará al consumo final. Su afán, dicen, es puramente recaudatorio. En este sentido, Cataluña espera recaudar 40 millones de euros este año.

Cataluña espera recaudar 40 millones de euros con el impuesto

Lo que no cuantifican las empresas es qué impacto económico cabe esperar de este impuesto sobre el sector. Precisan solo que el valor de los productos afectados a la salida de la fábrica alcanza los 5.000 millones de euros, y que este montante a gravar se dispara cuando se introduce en el mercado.

La delicada posición de Rajoy

Los empresarios quieren dejar de esta forma la pelota en el tejado del Palacio de La Moncloa. Si el presidente del Gobierno optase por recurrir el impuesto catalán tendría hasta el próximo 30 de junio para hacerlo.

Sin embargo, el propio Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a aplicar un impuesto similar a nivel nacional si peligra la consecución del déficit. De ser así, la Ley dicta que el Gobierno debe compensar a Cataluña por ello, a menos que esta comunidad lo retire o el TC lo considere ilegal.

En cualquier caso, el Gobierno no parece compartir los argumentos de las organizaciones que se refieren a la doble imposición o a al sobrecoste que supone para empresas y consumidores.

De hecho, si las empresas ven un objetivo recaudatorio, el Gobierno de Mariano Rajoy ha llegado a concretar que el tributo, implantado a nivel nacional, proporcionaría unos 200 millones de recaudación adicionales.

Pero, sobre todo, la presión que ahora se dobla sobre Rajoy, le empuja hacia un nuevo choque con Cataluña, en pleno encontronazo por la decisión del Gobierno catalán de sacar adelante el referéndum de autodeterminación.

Las organizaciones están dispuestas a ir a los tribunales europeos en el caso de que el Gobierno de Mariano Rajoy no escuche sus demandas.”Es una primera fase”, sentencian.