La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el auditor del Estado, ya tiene diseñado el plan para revisar el enjambre de subvenciones públicas que se esconde cada año en los recovecos del Presupuesto, con la idea de depurar aquellas que supongan un gasto superfluo. El montante total que se someterá a su control alcanza 22.000 millones de euros --ampliable a 32.000 millones--, una cantidad que, según la organización, puede abrir "espacios fiscales" para dedicar el dinero público a partidas más necesarias.

Según ha explicado el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, durante los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), esta tarea tiene una vocación de permanencia, pero constará de entrada de un periodo de tres años y los primeros resultados no se conocerán hasta finales de 2018.

La organización, que prevé reforzarse con más personal y medios externos adicionales, evaluará la pertinencia y coherencia de las subvenciones, su eficiencia y, finalmente, su impacto económico.

En busca de un mejor uso del gasto

Con las conclusiones en la mano, el fin último de esta auditoría es generar "espacios fiscales" para mejorar la asignación de los recursos públicos. Además, la AIReF quiere "romper las inercias en la presupuestación y las tendencias a la autojustificación de las políticas públicas". Estos objetivos se enmarcan en el llamamiento recurrente de la organización para diseñar la política presupuestaria y fiscal con una visión de medio plazo.

En este sentido, Escrivá también ha insistido en reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuatro años después de su entrada en vigor, dado que actualmente contempla exigencias fiscales para las diferentes administraciones que resultan poco realistas y no se aplican los mecanismos coercitivos que incluye, entre otras cuestiones.