El Gobierno no tienen en su agenda presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas de Cataluña, como le han pedido por carta organizaciones empresariales representativas de toda la cadena agroalimentaria, de la hostelería y la restauración, ante la distorsión que estaría introduciendo en el mercado interior.

Sin embargo, está abierto a “ordenar” el mercado interior en lo que afecta a estos productos, en el caso de que otras fuerzas políticas se sumen a esta causa.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido el encargado de fijar posición ante la carta que han remitido las empresas directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Durante un desayuno informativo organizado por el diario Cinco Días, Montoro ha descartado, por el momento, establecer un impuesto similar a nivel nacional porque la recaudación tributaria evoluciona por encima de lo previsto en los Presupuestos de 2017.

“No necesitamos crear nuevas tasas ni nuevos impuestos, tal y como va la recaudación”, ha aseverado, para añadir, además, que el Gobierno tratará de evitarlo pues “la creación de esas tasas es perturbadora”, como defienden también las empresas.

El impuesto sobre las bebidas azucaradas en Cataluña

Sin embargo, a la hora de valorar la aplicación de este tributo a nivel local en Cataluña, el Gobierno valora que se trata de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que hay impuestos especiales sobre el consumo equivalentes, como los gravámenes sobre el alcohol o los carburantes, y que otros países tienen un tributo similar.

Montoro ha desplegado esta batería de justificaciones para concluir que el Gobierno no presentará un recurso ante el TC para que Cataluña retire el impuesto.

El ministro de Hacienda ha relatado que la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), una de las firmantes de la carta enviada a Rajoy, ya comunicó su “preocupación” al Gobierno en otra misiva, en la que pedía de forma individual la presentación de dicho recurso. Al respecto, ha admitido que “el Gobierno no ha respondido formalmente” bajo los argumentos expuestos y ha considerado que no actuación alguna.

“El recurso ante el TC, no lo veo”, ha sentenciado.

Sin embargo, lo que vería el Ejecutivo es una acuerdo con otras fuerzas políticas para, en aras de un "ordenamiento del mercado interior", poner coto al impuesto en Cataluña.  “Eso lo veo pero, no es fácil, porque habrá que contar con todo el mundo y somos un Gobierno en minoría”, ha añadido.

El ministro de Hacienda ha lanzado, finalmente, una posible pauta de lo que deberían hacer las empresas para frenar el tributo catalán: “La recomendación es que si la industria está tan preocupada, que hable con todos los grupos políticos, no solo con el Gobierno”.