Telefónica da un paso más para preparar la futura desaparición de la red de cabinas públicas. Un servicio que al grupo le gustaría dejar de prestar por su falta de rentabilidad, pero que el Gobierno le obliga a mantener como parte del servicio público universal al menos hasta final de año (aunque es más que probable que acabe alargándose hasta final de 2018).

Telefónica ha procedido a la disolución de la histórica filial que se ha encargado durante décadas de las cabinas y teléfonos públicos, según se recoge en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de hoy, informa Efe. Telefónica Telecomunicaciones Públicas (TTP), que así se llamaba la filial, queda absorbida por Telefónica de España como parte del plan de simplificación y eficiencia en que se ha embarcado la compañía.

A partir de ahora será pues Telefónica de España la que se encargará directamente de seguir explotando las cabinas públicas mientras le siga obligando el Gobierno. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital le impuso el pasado diciembre a Telefónica la gestión de la red al menos durante un año, pero con opción de ampliar la obligación otro año más.

Imposición del Gobierno

El Gobierno reculaba así de su pretensión inicial, que pasaba por imponer a Telefónica la gestión de las cabinas durante tres años, como desveló El Independiente. El concurso público para adjudicar el servicio quedó desierto ante la falta de interés de todas las compañías en continuar con él, así que el Ministerio decidió a TTP –que históricamente se había encargado del servicio- a asumir la concesión.

La Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital elaboró sendas órdenes ministeriales en las que encargaba a Telefónica  por tres años la gestión tanto de la explotación de las cabinas públicas como de la elaboración y reparto de las guías telefónicas. El Gobierno pretendía alargar la obligación tres años, a pesar de que los concursos públicos que quedaron desiertos contemplaban su adjudicación por sólo un año.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclamó al Gobierno que redujera la duración de la imposición a un año, la misma que se recogía en los pliegos de los concursos. El Ministerio comandado por Álvaro Nadal dio finalmente una solución intermedia. Impuso a Telefónica la gestión de cabinas y guías en principio por un año, pero con posibilidad de otro más -hasta finales de 2018- si ambas prestaciones siguen entonces formando parte del servicio universal.

La Unión Europea ya trabaja en la elaboración de un Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que recogerá un nuevo servicio universal comunitario que no incluirá la obligación de mantener ni las cabinas ni las guías. No es descartable que el nuevo código esté listo este mismo año.

Más de 18.000 cabinas en España

El actual servicio universal garantiza que tiene que haber como mínimo un teléfono público en cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se sumaría uno más por cada 3.000 habitantes. En caso de localidades menores, habla de una cabina cuando esté justificado.

En España, según los datos de Telefónica, actualmente quedan 18.300 cabinas y las ciudades con mayor número son Madrid (unos 1.000 teléfonos), Barcelona (unos 500) y Las Palmas de Gran Canarias (unos 400). De ellas, de acuerdo con fuentes del sector, 12.000 ya no son rentables y las que lo son no cubren la rentabilidad del conjunto del servicio.