Javier Cremades, presidente fundador del despacho Cremades & Calvo-Sotelo y secretario general de la AEMEC (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas), se ha convertido en uno de los activistas más beligerantes en el proceso legal que está a punto de estallar en busca de responsabilidades por el colapso del Banco Popular y su venta a Santander.
Más de 300.000 accionistas y miles de bonistas perdieron toda su inversión en apenas unas horas. La noche del 6 al 7 de junio, Europa aplicó al sexto mayor banco de España el proceso de resolución bail in, en el marco del MUR (Mecanismo Único de Resolución), ante su inviabilidad por falta de liquidez. Posteriormente, vendió todos sus activos y pasivos a Ana Botín por un euro.
No podemos dejar que Popular se convierta en una nueva fábrica de crear antisistemas"
Era la primera vez que Europa ponía en práctica un rescate de estas características. El bail in (rescate desde dentro) supuso que todas las acciones se amortizasen y la deuda subordinada (CoCos, AT1 y Tier2) ) se convirtiese en capital.
El abogado Cremades está preparando la artillería para convertirse en l'enfant terrible de quienes, a su juicio, forman parte del desafortunado cúmulo de actuaciones que llevó a la "expropiación y confiscación de los títulos del Popular a los accionistas, a quienes se les ha privado del derecho de propiedad".
Sus objetivos son claros: la Unión Europea; el último Consejo de Administración, con Emilio Saracho al frente; el inversor mexicano Antonio Del Valle; la consejera independiente Reyes Calderón; y, posiblemente, la CNMV.
Cremades, en una entrevista en exclusiva con El Independiente, asegura que Popular va a marcar un antes y un después en la historia de los delitos financieros. "Es una caso histórico y va a marcar una época, como en su día lo fueron los casos Matesa, Rumasa o, recientemente, Bankia", señala.
Los últimos dos Consejos deberían unirse para pedir a la UE que les restituyan sus acciones"
En su opinión, "el caso de Popular es muy relevante y va a poner en jaque el funcionamiento de los directivos, las organizaciones públicas y el propio sistema capitalista".
En este sentido, considera que la labor de la Justicia va a ser clave. "No podemos dejar que Popular sea una nueva fábrica de crear antisistemas. El capitalismo debe fortalecerse, restituyendo lo que se se ha expropiado y buscando mecanismos adecuados para evitar que esto vuelva a pasar", manifiesta. Y añade: "El capitalismo tiene mucho que aprender y tiene que devolver al accionista lo que le corresponde, ya sea por estafa, por administración desleal, por ambas cosas, o por la actuación regulatoria de Bruselas".
El abogado señala dos fechas críticas: el 7 de junio y los acontecimientos en el seno del Consejo y en el mercado durante los meses previos.
"El 7 de junio se realizó la incautación de las acciones del banco. Fueron expropiadas por el órgano que intervino el banco: la Unión Europea. Hay argumentos para librar una guerra de litigación contra Europa -la impugnación del hecho confiscatorio- y vamos a cursar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas, en Luxemburgo", explica Cremades.
El Consejo de Ángel Ron perdió 500 millones en la ampliación de capital de 2016"
En este frente de actuación, el abogado considera que sería "ideal que los dos últimos Consejos de Administración -el presidido por Emilio Saracho y, previamente, por Ángel Ron- se pusiesen de acuerdo y reclamasen una compensación justa de los presupuestos comunitarios. Como accionistas tienen derecho porque les han confiscado las acciones".
Cremades desvela que los consejeros que formaban parte del equipo de Ángel Ron perdieron 500 millones de euros en la ampliación de capital que el banco llevó a cabo en junio de 2016.
Paralelamente, el abogado planea una triple vía de actuación en la Audiencia Nacional, vinculada a los hechos que afectaron a la gestión y el negocio de Popular, los meses previos al proceso de resolución. En este frente, señala a Emilio Saracho, Antonio del Valle y Reyes Calderón. Estudia presentar una querella contra los tres.
Planeamos una querella contra Saracho, Del Valle y Reyes Calderón"
"En primer lugar, consideramos que, durante el cambio de control del Consejo de Administración, en el que Emilio Saracho tomó el relevo de Ángel Ron, se privó a los accionistas del derecho mercantil que recoge la UE, en virtud del cual, cuando hay un cambio de control, los propietarios de la empresa tienen la oportunidad de desinvertir", señala el abogado.
En su opinión, en este sentido hay que investigar el papel que jugaron el inversor Antonio del Valle y la consejera Reyes Calderón, contra quienes planea iniciar acciones legales. "Hay indicios para pensar que ambos forman parte de una estafa que incluye el engaño al propio Consejo de Administración y a los accionistas. Su empeño en cambiar el equipo de dirección les llevó a sobrepasar sus competencias. La propia Reyes Calderón fue a hablar con el regulador y un consejero es parte de un órgano, pero no tiene potestad para representarlo", sostiene.
Estamos estudiando la responsabilidad que ha tenido la CNMV"
Otra línea de actuación que baraja Cremades pone el foco en las posiciones bajistas (cortos) en bolsa sobre Popular, mediante las cuales los inversores ganan dinero cuando las acciones caen.
"Hay que estudiar realmente si las operaciones bajistas fueron lícitas o ilícitas. Si las hizo una persona que estaba en el Consejo, podría haberse beneficiado al tener acceso a información privilegiada", apunta el abogado en alusión a Antonio del Valle.
"Por la complejidad de esta estrategia de inversión y la falta de regulación, es difícil descubrirlo, pero tiene que haber mecanismos. De momento, no hay pruebas, pero sí indicios. Denunciamos esta situación ante la CNMV, le pedimos una investigación y transmitimos que había que estudiar prohibir los cortos, al tiempo que era fundamental exigir transparencia. No hemos recibido respuesta del organismo", denuncia Cremades. En cualquier caso, apunta que están estudiando la posible responsabilidad patrimonial de la CNMV, que podría ser objeto también de demanda.
Es difícil ir contra Ángel Ron porque todas sus cuentas y su gestión fueron aprobadas"
El tercer foco en la búsqueda de responsabilidades es "la posible administración desleal y temeraria del ex presidente Emilio Saracho, artífice de comentarios dañinos para la confianza del inversor y de los clientes, que acabaron provocando el pánico en el mercado y contagiándolo a los clientes. Hay que ver si es doloso o culposo".
Por contra, Cremades considera que no hay información culposa contra el Banco de España ni el Ministerio de Economía, aunque considera que "debió ser más exigente con Bruselas".
También considera difícil demandar a Ángel Ron, en la medida en que "los planes de negocio y todas las cuentas de los últimos años fueron aprobados por el Consejo y el auditor, además de que el banco aprobó los test de estrés y demás pruebas a las que se les sometió".
No vemos actuación culposa por parte del Banco de España ni el Ministerio de Economía"
Su bufete, Cremades & Calvo Sotelo, ya cursó hace unos días, ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional, una denuncia para que se investiguen las causas que desembocaron en el colapso de Popular. Además, ha presentado una petición ante el BCE, la JUR (Junta Única de Resolución), la EBA (Autoridad Bancaria Europea) y la Comisión Europea acceso al expediente de Popular, que incluye la resolución de la entidad.
AEMEC aglutina a 6.000 accionistas afectados por la pérdida de valor de las acciones de Popular y el bufete de Cremades ya cuenta con los poderes notariales de 500 de éstos para representarlos. La semana pasada, celebró una asamblea a la que asistieron más de 500 accionistas.
Esta semana el despacho y la asociación celebran otra reunión con diferentes bufetes de abogados para alinear sus intereses. "Yo creo que la unión hace la fuerza y queremos hablar con otros abogados que vayan a participar en este caso. Me gustaría que nos aliásemos todos, que nos coordinásemos y compartamos las estrategias", señala Cremades.
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