El Gobierno quiere asegurarse el cumplimiento de los objetivos de renovables comprometidos con Bruselas y se ha lanzado a convocar megasubastas de nueva potencia de energías verdes. El año pasado hizo una primera prueba (de 700 megavatios), el pasado mayo convocó una puja realmente ambiciosa (3.000 MW más) y en julio tiene previsto celebrar una nueva subasta en principio por otros 3.000 MW más.

Sólo en principio. Y es que en la puja del 18 de julio seguramente se superará con mucho ese tope, porque el Ministerio de Energía pretende aprobar todas las instalaciones que empaten con la última oferta que resulte adjudicataria. Todos los proyectos que salgan de las megasubastas tienen que estar en funcionamiento antes de 2020.

El aluvión de nueva potencia de energías verdes, después de que el Gobierno haya impuesto durante años un parón forzoso en forma de moratoria, hace temer a algunas empresas de renovables que el sector acabe teniendo problemas para digerirla.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) critica la “precipitación y falta de planificación en el sector energético” por parte del Gobierno. “Los 6.000 MW suponen una carga excesiva para un sector que ha estado cinco años paralizado por decreto. Esta acumulación de nueva potencia en dos años y medio encarecerá la ejecución de los proyectos y, en última instancia, pone en riesgo la propia instalación”, denuncia la asociación. Es por ello que el sector teme que la próxima megasubasta acabe por provocar “una burbuja de nuevas instalaciones”.

La patronal renovable critica la improvisación por parte del Ministerio de Energía en este campo, ya que hasta hace unos meses se resistía a promover subastas y finalmente ha acabado por convocar dos con apenas dos meses por el éxito de demanda mostrado por los inversores. En la subasta de mayo la demanda triplicó la potencia en liza y todos los adjudicatarios lo fueron ofreciendo el descuento máximo que permitían los pliegos, lo que hará que el consumidor no tenga que pagar ayudas públicas (salvo caso de desplome del mercado eléctrico).

“Que se adjudiquen 3.000, 6.000 o 10.000 MW al máximo descuento no es motivo de celebración. Cuando esos proyectos estén instalados, estén vertiendo electricidad limpia a nuestro mix y su rentabilidad permita mantener industria y generar empleo de calidad y estable, entonces hablaremos de éxito”, advierte José Miguel Villarig, presidente de APPA.