Una de las caras más dramáticas de la crisis económica, que extiende ya a lo largo de una década, ha sido el sostenimiento económico que padres y jubilados han tenido que ofrecer a los jóvenes, especialmente golpeados por el paro. Un apoyo que, como reflejan los registros de pensiones, se está prolongando incluso después de la muerte de estos familiares.

La reforma de pensiones de 2011 introdujo cambios para que aquellos jóvenes que hubieran sufrido la pérdida de uno de sus progenitores o de los dos pudieran cobrar la prestación de orfandad no solo hasta los 21 años que rigen como límite general, sino hasta los 25 años si no contaban con ingresos suficientes.

Más de un lustro después, el 41,6% de los jóvenes menores de 25 años aún estaba en paro en el primer trimestre de 2017. Unas 600.000 personas que siguen en el dique seco, en muchas ocasiones con problemas de empleabilidad por su escasa formación.

El cambio normativo, sumado a la persistencia de las elevadas cifras de desempleo juvenil, ha hecho que desde 2011 se haya producido un repunte del cobro de pensiones de orfandad del 23,7%, con un aumento del gasto que alcanza el 25%, puesto que durante esos años la prestación media por persona también ha aumentado ligeramente.

De esta forma, la factura que mensualmente soporta la maltrecha caja de la Seguridad Social por el pago de estas prestaciones --de las que un 46,4% además obtiene complementos a mínimos directamente transferidos del Presupuesto-- alcanza los 129,6 millones de euros, de acuerdo con el último dato disponible, de mayo de este año. Si se anualiza el dato el resultado es una carga de 2.000 millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Empleo explican que las modificaciones legislativas perseguían adecuar la regulación de las pensiones de orfandad a una nueva realidad: los jóvenes de 25 años de hoy en día viven en condiciones muy similares que los que tenían 21 años hace un lustro. De este modo, las pensiones de orfandad están sirviendo de red de seguridad para jóvenes que, habiendo perdido a uno de sus progenitores, además no cuentan con un empleo bien pasada la veintena.

El rescate de los jóvenes sin ingresos

La pensión de orfandad beneficia, con carácter general, a los hijos menores de 21 años de un trabajador o jubilado fallecido.  Sin embargo, la reforma de las pensiones de 2011 estableció que en los casos de orfandad absoluta (fallecimiento de ambos progenitores o adoptantes), cuando el beneficiario no tuviera trabajo o contara con ingresos inferiores al salario mínimo intermensual (SMI) de cada momento en cómputo anual, la edad límite para el cobro se ampliaría a los 25 años.

Además, si la orfandad era simple (cuando sobreviviera uno de los progenitores o adoptantes), en los mismos supuestos, la edad límite también se ampliaría hasta los 25 años pero por tramos. Durante 2011 se alcanzarían los 22 años; en 2012, los 23 años; y en 2013, los 24 años. El límite de los 25 años sería aplicable desde el 1 de enero de 2014.

En ambos casos, si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta que el inicio del siguiente curso.

El debate sobre si pagar estas pensiones con impuestos

La pensión de orfandad se encuadra dentro lo que se conoce como prestaciones de muerte y supervivencia, entre las que se integra también la pensión de viudedad. La necesidad de reducir la carga financiera que acarrean estas pensiones --más de 20.000 millones de euros al año-- y la necesidad de hacer el sistema de pensiones más contributivo ha llevado a plantear en el seno del Pacto de Toledo el debate sobre si su pago debe recaer directamente en los Presupuestos.

Al finales de 2015 parecía uno de los puntos llamados al consenso en el seno de la comisión. Sin embargo, el temor a que la salida de estas pensiones del sistema de la Seguridad Social pueda exponer a sus beneficiarios a los vaivenes presupuestarios, ha llevado a formaciones como PSOE y Podemos a dar marcha atrás en esta idea.