El Gobierno ya venía advirtiendo que trabajaba en nuevas vías legales para evitar el fraude fiscal que se presume existe detrás del boom del alquiler de pisos turísticos. Y lo va a hacer endureciendo el control sobre las plataformas online como Airbnb, HomeAway o Niumba que ponen en contacto a los propietarios de las viviendas y a sus clientes.

El Ministerio de Hacienda ultima un decreto con el que pretende exigir que Airbnb y sus rivales faciliten a la Agencia Tributaria información específica sobre la identidad de los dueños de pisos que los tienen en alquiler con fines turísticos, sobre qué viviendas se anuncian para alquilarlas, sobre los ingresos que perciben los propietarios y también sobre la identidad de los propios turistas que se alojan.

“Con fines de prevención del fraude fiscal se establece una obligación de información específica para las personas o entidades, en particular, las denominadas “plataformas colaborativas”, que intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos”, se recoge en el borrador de real decreto elaborado por el Ministerio comandado por Cristóbal Montoro, que se encuentra en trámite de información pública. La obligación pues de facilitar información recae específicamente en las plataformas como Airbnb y sus rivales, que hasta ahora se escudaban en la legislación de protección de datos de sus usuarios para no dar este tipo de información.

Conocer los ingresos reales de los dueños

La nueva normativa que impulsa el Ejecutivo permitirá elaborar un listado –hasta ahora inexistente en España- de todas las viviendas puestas en alquiler turístico a través de intermediarios , ya sean plataformas online colaborativas u otros tipos de agencias. La inmensa mayoría del parque de viviendas de alquiler de uso turístico se comercializan a través de estos intermediarios.

Hacienda ultima un decreto para que los portales identifiquen a los dueños, a los turistas, los pisos y los ingresos que generan

Y, a la vez, Hacienda busca contar con información directa de Airbnb y otros portales sobre las tarifas realmente ingresadas por los dueños de las viviendas, ya que en muchos casos las plataformas ejercen también como intermediario para hacer efectivos los pagos recibidos por el alquiler de los pisos.

En el caso de que los dueños de las viviendas no declarasen sus ingresos, la Agencia Tributaria sólo podía tratar de aflorar ese dinero negro a través de rastreos informáticos e inspecciones. Pero contar con la información facilitada por las plataformas allanará el camino para controlar esta actividad económica. La Agencia Tributaria ha suscrito convenios con las propias plataformas online para asegurarse su colaboración en la lucha contra la elusión fiscal por parte de los dueños de las viviendas, pero el Ejecutivo pretendía reforzar su labor de control sobre el negocio del alquiler turístico.

En paralelo, el Gobierno también busca reforzar las medidas de seguridad nacional al obligar a identificar a los clientes. Hasta ahora, sólo los alojamientos reglados (con los establecimientos hoteleros a la cabeza) estaban obligados a transmitir la identificación de todos sus clientes, ahora esa medida se extiende también al alquiler turístico. En este sentido, el borrador del decreto apunta a que los dueños de las casas estarán obligados a guardar una copia del DNI de los turistas que se alojen.

Contra los "pozos de dinero negro"

El fenómeno del alquiler de pisos turísticos se ha desbordado en España al calor del boom del plataformas online como Airbnb, HomeAway o Wimdu. Con el sector turístico marcando récord tras récord, cada vez más viajeros se deciden a alquilar una vivienda o una habitación un lugar de ir a un hotel y cada vez más propietarios comercializan su vivienda para alojar turistas.

En pleno boom del alquiler, las denuncias de que ese negocio se ha convertido en una gran bolsa de economía sumergida son continuas desde el sector hotelero, el más afectado por la explosión de la actividad de las viviendas de uso turístico. Y el Gobierno también ha puesto bajo la lupa esta actividad con el objetivo de evitar el fraude fiscal.

Con las competencias sobre la regulación del alquiler transferidas a las comunidades autónomas, desde el Gobierno central ya se había subrayado que su actuación en este campo se están centrando en el ámbito fiscal. “Estamos trabajando para que las plataformas de alquiler turístico no sean pozos de dinero negro y para que todas cumplan adecuadamente sus obligaciones fiscales”, llegó a decir el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en una entrevista televisiva.

Hacienda rastrea los portales de internet

La Agencia Tributaria ha intensificado los controles sobre esta actividad y ha creado herramientas tecnológicas específicas para rastrear los portales online. Y este esfuerzo está dando resultados. El último balance realizado por la Agencia Tributaria sobre la lucha contra el fraude arroja datos que evidencian que el fisco se está tomando muy en serio la dimensión que ha alcanzado ya el alquiler turístico.

Las visitas presenciales de los inspectores de Hacienda –‘peinados’ en el argot del organismo— en sectores de especialmente generadores de economía sumergida aumentaron un 12% en 2016, hasta las 24.491 actuaciones. De ellas, 8.160 se realizaron para aflorar alquileres supuestamente irregulares, entre los que se incluyen especialmente los vacacionales. Esta cifra supone un 49% más que en 2015 y fuentes tributarias aseguran que la actividad en este ámbito tendrá continuidad en 2017 gracias a la sistematización de la información que aporta internet sobre estos negocios en negro.

De cara a la campaña de la Renta 2016 la Agencia Tributaria ha vuelto a la carga haciendo uso de todas las herramientas y la información que proporcionan los rastreos que realiza en internet en busca del fraude. Fuentes del organismo explican que están enviando nuevos avisos a contribuyentes advirtiéndoles de que “se pueden dar las circunstancias para que, en relación con el año anterior, declare determinados rendimientos de alquileres”.