El Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se ha opuesto este martes a los objetivos de déficit y deuda pública para el periodo 2018-2020, así como al techo de gasto para 2018, que el Gobierno ha trasladado al Congreso de los Diputados como primer paso para la elaboración de los próximos Presupuestos.

En su lugar, ha presentado una propuesta alternativa que eleva el límite de gasto en casi 20.000 millones --de 119.834 millones a 131.000-- y propone más holgura en la senda de reducción del déficit, para, entre otras cosas, elevar el gasto en pensiones y los salarios de los funcionarios en 2.850 millones de euros.

La propuesta llama a no demonizar el déficit público como mecanismo de financiación de las políticas públicas. Por ello, fija una nueva senda de consolidación en la que el saldo negativo de las administraciones públicas permanece en el 3% del PIB en 2018, en lugar de bajar de esta cifra que marca el umbral de salida del procedimiento del déficit excesivo de Bruselas. La cifra comprometida hasta ahora para el próximo año es del 2,2% del PIB,

Además, los objetivos específicos que propone Podemos implican que el déficit de las comunidades autónomas volvería a subir del 0,6% en 2017 al 0,95% en 2018 para garantizar la financiación de los servicios públicos.

Para encauzar esta política presupuestaria alternativa, la formación morada propone más y nuevos gastos, y, en menor medida, iniciativas para incrementar los ingresos.

Rechazo a la rebaja del IRPF

De entrada, Podemos rechaza la rebaja del IRPF para rentas bajas y las devoluciones para hogares más desfavorecidos que han pactado Ciudadanos y el Gobierno, por importe de 2.000 millones de euros. En su opinión, es una "falacia", puesto que, a la larga, supondrá una rebaja de ingresos que impedirá que los mismos beneficiarios tengan unos peores servicios públicos.

En cambio, propone destopar cotizaciones sociales (8.000 millones), establecer un impuesto solidario a la banca (850 millones) y otro para las grandes fortunas (1.000 millones).

Por el lado de los gastos destacan dos partidas por encima del resto. Un incremento de 850 millones de euros sobre lo previsto para pensiones no contributivas y otros 1.600 millones adicionales para actualizar la cuantía de las pensiones contributivas (no se precisa hasta cuánto).

Además, Podemos quiere gastar más en becas (750 millones), dedicar 3.200 millones al Plan de Renta Garantizada, 400 millones para una prestación por hijos a cargo y 1.500 millones a un Plan Nacional de Transición Energética.