El déficit del sistema de pensiones público, que se situó en el 1,7% del PIB en 2016, tiene difícil solución en el corto plazo y requiere actuar básicamente sobre los ingresos, puesto que buena parte de los gastos vienen dados por el envejecimiento de la población. Sin embargo, los trabajos en marcha en la Comisión del Pacto de Toledo para recomendar nuevas reformas en esta dirección van lentos y, en esta situación, el índice de revalorización de las pensiones (IRP) introducido en la reforma de las pensiones de 2013 sigue recomendando limitar las subidas de las pensiones al 0,25% para garantizar en lo posible la sostenibilidad del sistema.

Esto se traduce en que sin nuevas medidas se seguirá manteniendo a raya el agujero de las pensiones a través del bolsillo de los pensionistas. ¿Hasta cuándo? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el auditor de las cuentas del Estado, estima que, si no se hace nada, la cuantía de las pensiones solo crecerá el mínimo que establece la última reforma de las pensiones, un 0,25%, cerca de la congelación, hasta 2022. Ello supondrá una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 7%.

Así lo indica en la opinión emitida por el organismo que preside José Luis Escrivá sobre la aplicación de IRP. La fórmula establece, a partir de estimaciones a futuro de ingresos, gastos, número de pensionistas o tasas de mortalidad, cuánto pueden crecer estas prestaciones cada año sin echar por tierra el sistema. El IRP establece una subida mínimo para evitar una pérdida excesiva de poder adquisitivo de las pensiones compatible con la progresiva estabilización financiera de la Seguridad Social.

Desde 2013, las subidas de las pensiones han sido cada año del 0,25% y la AIReF siempre las ha avalado, también para este año 2017. Más aún, anticipa que la revalorización de las pensiones no superará ese 0,25% hasta al menos 2022.

Aunque este ritmo de actualización aboca a inevitables pérdidas de poder adquisitivo, la situación podría ser mucho peor para los pensionistas si no se aplicara este suelo. En ausencia de este límite, con una aplicación estricta del IRP, la fórmula recomienda una rebaja de las pensiones para este año de alrededor del 3%. Proyectando el horizonte hasta 2022, la merma podría superar el 10%.

El problema, un déficit difícil de corregir

La AIReF, que ha celebrado el poder contar para realizar estos cálculos con una información muy detallada por parte de la Seguridad Social, sostiene que no se puede aspirar a mejores pensiones si no se corrige el déficit del sistema. Y en este punto, las diferencias entre la organización que dirige José Luis Escrivá y el Gobierno son importantes, sobre todo por el lado de las previsiones de ingresos.

El Ejecutivo estima que los ingresos crecerán un 4% de media en los próximo cinco años, mientras que los gastos los harán en un 2,7%, con un crecimiento medio de la pensión media del 1,6%. Esto es, los gastos recogen el empuje del aumento del número de pensionistas.

En comparación, la Autoridad Fiscal espera que en el promedio del periodo 2017- 2022, los ingresos crecerán tres décimas que lo esperado por el Ejecutivo, y los gastos dos décimas más. Solo este año, AIReF cree que los ingresos serán 2.000 millones de euros inferiores a lo que prevé el Gobierno. En tasas de variación, si el Ejecutivo espera un avance de la recaudación por cotización del 6,8%, la Autoridad Fiscal lo rebaja al 4,3%.

Esto, trasladado al déficit, resulta que la Autoridad Fiscal espera un saldo negativo del sistema de la Seguridad Social -no de los fondos, en los que se incluye por ejemplo el presupuesto de los servicios de empleo- sea del 1,7% del PIB, frente al 1,4% estimado por el Gobierno en el Presupuesto inicial de 2017, antes de que se elevara al 1,6% del PIB en la última comunicación a Bruselas.

Con todo, a futuro y en las actuales circunstancias, la Autoridad Fiscal estima que la presión de las pensiones sobre el PIB descenderá al 10,4% del PIB, desde el 10,7% actual, una ruptura del ritmo de deterioro que se producirá a un ritmo lento ya que, aunque la presión demográfica seguirá actuando en contra del sistema, este efecto se sobrecompensará por el cambio de signo en el mercado de trabajo y la actuación de la nueva legislación, que incidirá en una estabilización de la pensión media.

La Autoridad Fiscal ya no confía en el INE

Al mismo tiempo que la AIReF felicita a la Seguridad Social por la información aportada, el auditor independiente ha decidido no contar las estadísticas y proyecciones que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) al considerarlas poco sofisticadas e inexactas. Por ejemplo, a la hora de proyectar cifras sobre flujos migratorios, la Autoridad Fiscal ha encontrado notables desviaciones y, por ello, incluso recomienda a otras instancias hacer uso de otras fuentes estadísticas, como puede ser el equivalente del INE en Europa, Eur