El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se mueven silenciosamente para que las empresas privadas puedan operar el trayecto más apetitoso en manos de Renfe Operadora: el tramo de AVE Madrid-Barcelona. La maniobra es un tanto peculiar: a instancias de una empresa, el regulador CNMC ha lanzado una consulta pública para saber si las firmas pueden competir desde ya con Renfe en el trayecto Madrid-Montpellier, según adelantó este diario a principios de junio.

La consulta de la CNMC sobre este recorrido entre España y Francia se debe al interés de una empresa -cuyo nombre no ha trascendido- de aprovechar que el transporte ferroviario internacional de viajeros se halla liberalizado desde 2010. La intención no confesada de la firma interesada no es operar hasta la ciudad francesa mediterránea, sino el tramo Madrid-Barcelona. Y el objetivo es hacerlo antes de 2019, fecha en que entrará en vigor el Cuarto Paquete Ferroviario, la directiva europea que en teoría traerá la liberalización del transporte de viajeros por tren a lo largo de la UE.

La CNMC lanza una consulta pública para saber si el sector privado puede competir con Renfe

Así lo ha reconocido el Gobierno en una respuesta por escrito al diputado de Unidos Podemos, Félix Alonso. "El Gobierno tiene conocimiento oficial por parte de una empresa ferroviaria de la intención de solicitar el acceso a las infraestructuras para la realización de un servicio internacional de viajeros por ferrocarril", indica la contestación al diputado de la formación morada.

Dictamen en septiembre

"El servicio internacional de viajeros por ferrocarril con cabotaje se encuentra liberalizado en Europa desde 2010", continúa la respuesta a Alonso, "por lo que una empresa que cumpla con la normativa puede pedir capacidad para realizar esos servicios". "Los beneficios de la competencia entre empresas en el sector ferroviario son un elemento positivo de cara al usuario, a las empresas y al mayor uso de la infraestructura".

Las firmas apuntan al AVE Madrid-Montpellier, pero en realidad su interés va hasta Barcelona

Varias fuentes apuntan a que las interesadas que habrían contactado con la CNMC podrían ser tanto Alsa como la catalana Moventia, aunque otras versiones desmienten que éstas sean las interesadas. También hay quien señala que la petición al regulador podría haberse tramitado a través de una empresa recientemente creada. El dictamen de la CNMC se espera para septiembre. La Comisión de los Mercados y la Competencia valora en estos momentos varios aspectos de esta nueva vía, según la nota de prensa de la institución.

Desconfianza hacia Fomento

"La liberalización del servicio ferroviario no es una demanda de la sociedad, sino mejorar la calidad, la movilidad y el servicio público de Renfe", denuncia el diputado aludido, Félix Alonso, que pertenece a la rama catalana de En Comú-Podem. "El Gobierno no responde sobre el coste, riesgo y problemas que puede generar que operadores privados ofrezcan trayectos internacionales, simplemente se dedica a no cuestionar un dogma liberalizador que viene de un ente supremo, y el cual antepone el negocio a la seguridad ciudadana".

La liberalización del servicio ferroviario no es una demanda social", Félix Alonso (UP)

Esta maniobra en la que intervienen el sector privado y la CNMC se basa en cierto modo en la desconfianza de las empresas hacia el Gobierno de España y el Ministerio de Fomento de cara al Cuarto Paquete: aunque éste instará a la apertura a la competencia de las líneas comerciales de viajeros por tren en los 28 estados miembros -solo Reino Unido, en pleno Brexit, tiene su red ferroviaria completamente liberalizada-, cada país decidirá a posteriori cómo plasmar la directiva comunitaria. Por eso las firmas interesadas quieren acelerar el proceso.

El modus operandi sería el siguiente: la red ferroviaria española es un monopolio comercial de Renfe en el que el sector privado todavía no puede entrar hasta dentro de dos años; sin embargo, los trenes que realizan viajes comerciales entre al menos dos países de la UE sí pueden ser operados por un actor privado. Esa es la rendija que explora una empresa española, la cual tendría que cumplir varios requisitos: cubrir un mínimo del 20% del trayecto en cualquiera de los países cuyos trenes recorren o contar con todos los certificados de seguridad y circulación, entre otros.

El Gobierno del PP ha evitado en su respuesta parlamentaria opinar al respecto. Pero reconoce que la vía para introducir competencia privada en el trayecto más jugoso de los 3.000 kilómetros de alta velocidad que tiene España existe. La consulta pública lanzada por la CNMC puede igualmente consultarse en la web.