El dinero está aparcado en una cuenta corriente desde hace un par de años. Una cuenta bancaria de lo más común. Está en el banco Popular (así que tras la absorción, en realidad la cuenta está en Santander). El titular es formalmente la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), aunque el dinero no es suyo. El dinero es del sistema eléctrico español. De todos. Y de nadie, de momento.

Son algo más de 1.000 millones de euros, aunque pronto serán más. Son los 1.000 millones que los consumidores han pagado de más con los recibos de la luz en sólo dos años. Inmovilizados todo este tiempo a falta de que se aprobara una norma que permita utilizarlos. Pero el Gobierno ha encontrado ahora otra vía para empezar a gastar ese dinero. Quizá este mismo año. Quizá el siguiente. Depende de los jueces.

Una cuenta del Popular guarda los 1.019 millones de superávit eléctrico. En unos meses puede crecer a 1.500 millones

El sistema eléctrico español acumuló durante catorce años consecutivos un enorme agujero de casi 30.000 millones de euros porque los ingresos (básicamente lo que los clientes pagan con el recibo de la luz) no eran suficientes para cubrir todos los gastos reconocidos (transporte de la electricidad, distribución, generación, primas a las renovables…). Es lo que se conocía como déficit de tarifa, y del que aún quedan por pagar unos 23.000 millones durante la próxima década.

La dura reforma eléctrica emprendida por el primer Gobierno de Mariano Rajoy acabó con esa sangría. Subidas de la luz para los clientes, recortes a las retribuciones de todas las compañías, hachazo a las renovables, creación de nuevos impuestos… Y así dejó de crecer el déficit de tarifa (que no era otra cosa que deuda contraída por todos los consumidores con las propias eléctricas, y luego con los bancos que compraron esa deuda). Y después de catorce años agrandando el agujero, el sistema eléctrico empezó incluso a tener superávit.

Un tesoro inmovilizado y que sigue creciendo

En 2014 los ingresos del sistema superaron en 550,3 millones a todos los costes reconocidos. En 2015 fueron otros 469,3 millones. Es precisamente la suma de estas dos anualidades con superávit, en total 1.019,6 millones de euros, la que se guarda en esa cuenta bancaria cuya gestión por Popular fue ganada en concurso público.

Son los más de 1.000 millones que los consumidores han pagado de más porque hubo desviaciones entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico previstos por el Ministerio de Energía al principio de cada año.

Por ley, ese dinero tiene que dedicarse a pagar la enorme deuda del sistema eléctrico. Pero el Gobierno no ha desarrollado la norma

Las cuentas del sistema eléctrico de 2016 aún no están definitivamente cerradas. Será en noviembre cuando la CNMC realice la última liquidación correspondiente a ese ejercicio. La previsión oficial del Gobierno –recogida en la última orden de peajes de acceso elaborada por la Secretaría de Estado de Energía- contempla un nuevo superávit de unos 110 millones de euros. Sin embargo, fuentes del sector eléctrico dan por hecho que el superávit de 2016 será mucho mayor y rondará los 500 millones de euros.

Así que en algún momento de finales de finales de noviembre, la cuenta bancaria en la que está bloqueado lo que el sistema eléctrico ha ingresado de más engordará hasta alcanzar entre los 1.100 y los 1.500 millones.

Por qué el dinero no se toca

La Ley del Sector Eléctrico establece que el Gobierno debería destinar ese saldo positivo acumulado a la amortización de la deuda del sistema eléctrico y así poder reducir la cuantía de los intereses financieros. En principio, únicamente puede destinarse a pagar deuda y no a cubrir otros costes que permitiría bajar la tarifa eléctrica. Sólo este año los ciudadanos abonarán con su recibo de luz 2.838,3 millones de euros para tapar el agujero del sector eléctrico, para pagar la deuda que acumula el sistema. Y de ellos, 765,7 millones de euros son sólo intereses financieros por el pago prorrogado.

El Gobierno ha incluido en los PGE una disposición que permite pagar indemnizaciones a eléctricas con ese dinero

La CNMC lleva exigiendo desde que apareció el déficit en el sistema eléctrico que éste se destine a amortizar deuda como exige la ley, así se reduciría los pagos anuales de deuda y se recortarían los ingresos totales. El Gobierno, sin embargo, aún no ha elaborado el reglamento para desarrollar la normativa y empezar a aplicarla. Así que en lugar de pagar deuda, el superávit eléctrico –los 1.000 millones que en unos meses se pueden convertir en 1.500- siguen aparcados en la cuenta de Popular.

Sin embargo, la extrema complejidad del proceso de la amortización de la deuda eléctrica ha ido postergando ese desarrollo normativo. Y es que, según explican a El Independiente fuentes oficiales conocedoras de la situación, para conseguir amortizarla parcialmente el Gobierno primero tendría que comprar la deuda titulizada en manos de entidades financieras.

Pero la renegociación de los términos con los bancos sería realmente complicada porque todo quedó rígidamente fijado cuando las eléctricas se desprendieron de la deuda con el Estado como avalista, a través de las colocaciones en el mercado que realizaba el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE).

La vía para gastarlo gracias a los PGE

El Gobierno ha encontrado otra forma de empezar a gastar ese saldo sobrante. Los Presupuestos Generales del Estado de este año, que no entraron en vigor hasta finales del pasado junio, incluyen una disposición adicional con la que se abre la puerta a que el Ejecutivo pueda utilizar el superávit para pagar eventuales indemnizaciones que surjan de sentencias judiciales.

El Ministerio de Energía, de momento, trata de postergar que esas eventuales indemnizaciones se materialicen. No utilizará el superávit hasta que haya una sentencia firme relacionada con el sistema eléctrico. Y según fuentes gubernamentales probablemente durante este año no haya ninguna sentencia en firme ni de los tribunales nacionales ni internacionales, fundamentalmente por los recursos presentados por el propio Ejecutivo para aplazarlas.

El Ejecutivo no ha empezado a gastar ya esos 1.000 millones gracias a los recursos presentados contra varias condenas

El sector eléctrico da por hecho que la fórmula a través de los PGE fue diseñada para afrontar fundamentalmente la devolución de unos 500 millones que se adeuda a las grandes compañías eléctricas después de que el Tribunal Supremo tumbara por segunda vez el sistema de financiación del bono social. Pero el Gobierno lleva casi un año maniobrando para aplazar ese pago, y el último paso ha sido solicitar al Tribunal Constitucional que plantee sobre este tema una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mientras el Alto Tribunal decide y si finalmente el caso acaba en Luxemburgo, la devolución a las eléctricas queda parada.

En paralelo, el Ciadi -el tribunal de arbitraje asociado al Banco Mundial- emitió el pasado mayo un laudo en el que condenaba al Estado español a pagar una indemnización de 128 millones a la británica Eiser por los recortes a las energías renovables emprendidos con la reforma eléctrica. El Ejecutivo ha conseguido también en este caso aplazar el abono de Eiser presentado también un recurso contra la decisión.

Sin embargo, la condena del Ciadi supone un serio revés para el Gobierno y abre la puerta a condenas similares en las otras 27 denuncias presentadas por grupos internacionales y que estudia el Ciadi sobre el hachazo de las primas a renovables, que podrían suponer el pago de indemnizaciones que superarían en conjunto los 5.000 millones de euros. Los fondos de la cuenta corriente del Popular pueden acabar quedándose cortos.