Buenas noticias otra vez para los trabajadores autónomos. La morosidad entre empresas se ha reducido en el primer semestre de 2017 de forma generalizada. Si entre enero y junio de 2016 el plazo de medio de pago a las compañías y autónomos que les suministran bienes y servicios era de 79 días, un año después este periodo se ha recortado hasta los 71 días.

Es cierto que, estos plazos siguen excediendo los que fija la Ley, que impone un periodo medio de pago de 60 días --30 días en el caso de la administración pública--. Sin embargo, el ritmo de reducción sugiere que para el próximo año existe la posibilidad de que los autónomos puedan empezar a cobrar en tiempo y forma. Y eso equivale a que muchos de ellos quizás no tengan que echar el cierre por no cobrar a tiempo.

¿Qué ocurre con el gran problema? ¿Qué pasa con la morosidad que provocan las grandes empresas? Son las que peor pagan, con más de 100 días de media. Sin embargo, también son las que mayor esfuerzo están haciendo en 2017, y eso coincide, no solo con las recuperación económica y el mayor acceso al crédito, sino también con los avances que se están produciendo hacia la aprobación de un duro régimen sancionador que podría imponer desde penalizaciones fiscales a sanciones de casi un millón de euros.

De acuerdo con las cifras que maneja la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), las empresas que cuentan con más de 1.000 trabajadores en España pagan a 114 días. Se trata de una cifra muy alta, pero que, aunque por poco, ya no duplica el periodo legal como ocurría en 2016, cuando las grandes compañías no pagaban de media en menos de 128 días. Se trata, por tanto, de una reducción del tiempo de impago de 14 días, un 11% menos.

Si se compara con el resto de empresas, ordenadas por tamaños, ninguno de los otros tramos presenta reducciones tan amplias. Las empresas de entre 250 y 1.000 trabajadores han reducido los periodos medios de pago de los 119 a los 110 días (nueve menos), y las de entre 50 y 250, de los 73 y los 66 (siete días). A medida que se reduce el tamaño de la empresa, el plazo en el que se paga también se recorta, y solo las empresas de menos de 50 trabajadores saldan sus cuentas dentro de los límites legales. Esta reducción generalizada de la morosidad ya se observó en 2016. Sin embargo, en 2017 está siendo superior en el caso de las grandes empresas.

Duras sanciones a la vista para los morosos

Esta progresión coincide con la toma en consideración hace aproximadamente dos meses de una Proposición de Ley promovida por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para establecer un régimen sancionador que no deje impune estos retrasos y que sirva de acicate para que los periodos medios de pago se reduzcan. Y es que la última Ley de Morosidad que estableció los límites temporales de pago, no incluyó una tabla de sanciones para quien no se ajustara, por lo que, según han venido reclamando las asociaciones de autónomos, la lucha contra la morosidad ha experimentado escasos avances en los últimos años.

ATA lleva tiempo denunciando que las grandes empresas han hecho de la morosidad una forma de financiarse en periodos en los que han sufrido estrecheces de liquidez, utilizando a los autónomos como una suerte de banca. Quizás por eso, con la recuperación y la mejora de los flujos de financiación, los casos de impago se están reduciendo desde hace tiempo.

Sin embargo, el acuerdo de 150 medidas de Gobierno suscrito entre el PP y Ciudadanos antes del inicio de la presente legislatura incluyó el compromiso expreso de imponer sanciones a las empresas que recurrieran a la morosidad de forma recurrente. El documento, como ha precisado en un par de ocasiones el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prevé imponer penalizaciones fiscales y limitar las bonificaciones a la Seguridad Social a las empresas que demoren sus pagos.

Por ahora, la idea del Gobierno es ir por la vía de la sanción tributaria en lugar de otras penas y multas y, para ello, tiene previsto realizar los estudios pertinentes.  Sin embargo, la formación naranja ya presentó también en junio una proposición de Ley que fue tomada en consideración por el Congreso de los Diputados, en la que se perfilaba dicho régimen.

Esto da la idea de que el debate ya no es si se sancionará o no a las empresas morosas, sino cómo. Aunque fuentes de ATA no creen que el régimen sancionador este listo antes del próximo mes de enero.

Multas de casi un millón de euros

La PNL de Ciudadanos prevé esas sanciones de las que recela el Gobierno, desde leves hasta muy graves, en función del grado de demora o la resistencia en la colaboración con la autoridad inspectora. Las primeras irían de los 60 a los 2.045 euros, las graves de 2.046 a 40.985 euros y las muy graves de los 40.986 euros a los 819.780 euros. En todo caso, estas multas conllevarían la obligación de abonar las deudas pendientes de pago, incluidos los intereses de demora y una indemnización por costes de cobro.

Las infracciones muy graves alcanzarían los 819.780 euros

En último extremo, Ciudadanos contempla la posibilidad de que la infracción muy grave sea reiterada, en cuyo caso una empresa no podrá contratar con empresas públicas, ni recibir subvenciones, acceder a créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o beneficiarse de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.

Una mayoría de grupos parlamentarios han respaldado la tramitación del texto, aunque han avanzado su intención de introducir enmiendas. Sin embargo, con o sin cambios, todo apunta a que las grandes pero mal pagadoras empresas están más cerca de sufrir el golpe de Hacienda.

La Administración no hace los deberes

Y mientras la morosidad se reduce entre las empresas, la Administración sigue sin poner freno a sus impagos. Los plazos medios de pago con los autónomos de las administraciones públicas en el primer semestre de 2017 alcanzaron los 71 días, tan solo un día menos que en diciembre de 2016.

Con todo, es la primera vez que las comunidades autónomas son las que pagan en menor tiempo, con 54 días de media, por sin cumplir, pese a todo, el plazo de 30 días que fija la Ley.