La cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) lleva meses reuniéndose con expertos y con juristas para diseñar una propuesta de reforma de la Ley de Competencia, que cumple ahora diez años desde su aprobación.

El organismo pretende abrir un proceso de consulta pública este mismo mes para recabar más opiniones de partes interesadas sobre posibles cambios en la norma, con el objetivo de impulsar una propuesta concreta ya en octubre.

La dirección del supervisor entiende que en algunos aspectos la norma no ha envejecido del todo bien durante esta década, y quiere impulsar cambios en el texto para adaptar la normativa a los nuevos tiempos (singularmente la digitalización de la economía y el boom de la economía colaborativa) y para adoptar algunos aspectos generalizados en el derecho anglosajón y comunitario pero que no están presentes en la legislación española (como la regulación de los acuerdos extrajudiciales en los procesos de investigación).

Con la reforma, la CNMC también busca hacer frente a un problema más acuciante y conseguir poner freno al aluvión de sentencias con las que los tribunales están tumbando algunas de sus sanciones a empresas. El supervisor busca rearmarse ante los problemas que está encontrando para hacer valer su criterio ante los tribunales.

Clarificar el proceso sancionador

El organismo presidido por José María Marín Quemada pretende especialmente que los cambios en la Ley de Competencia sirvan para clarificar el modo de cálculo de las sanciones que aplica la CNMC a las compañías que han cometido prácticas anticompetitivas, para así evitar que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo continúen corrigiendo sus resoluciones, ya sea anulando las multas u obligándole a volver a calcularlas. La CNMC quiere dar más claridad al proceso sancionador como forma de rearmarse ante los recursos y ante los varapalos judiciales.

Sólo en los últimos dos meses, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo –sobre todo la primera- han emitido una treintena de sentencias que anulan sanciones de las CNMC, obligan al organismo a revisarlas o que suspenden la ejecución de las resoluciones. En la mayoría de los casos el tribunal corrige las resoluciones por fallos de forma y sin entrar a valorar si las conductas de las compañías sancionadas fueron ilícitas, aunque en otras sentencias sí que se pone en cuestión las evidencias a las que se agarró la CNMC para imponer las multas.

Sólo ha cobrado un 3% de las multas

El último rapapolvo a las autoridades de Competencia ha sido la anulación por parte de la Audiencia Nacional de las sanciones por importe de casi 120 millones de euros impuestas por la antigua Comisión Nacional de Competencia (CNC) a Telefónica, Vodafone y Orange en 2012 por imponer a otras compañías precios excesivos en los servicios mayoristas de los mensajes SMS aprovechando su posición de dominio en el mercado.

Apenas una semana antes, también la Audiencia anulaba por un defecto de forma la multa de 22 millones a Repsol por pactar los precios del carburante con su red de gasolineras abanderadas. La CNMC multó a la matriz Repsol, y no a la filial de distribución que cometió la infracción. El supervisor justifica la multa a la matriz para sortear la práctica de algunas compañías de compartimentar en sociedades su actividad para reducir las eventuales multas y las responsabilidades que se vinculen a la facturación anual de la compañía sancionada.

Desde su creación, a finales de 2013, la CNMC ha impuesto casi 280 sanciones a empresas por un importe conjunto de más de 900 millones de euros. Desde entonces, el organismo sólo ha conseguido cobrar apenas el 3% de esa cantidad, con 29,8 millones de euros, según las cifras del propio supervisor. La CNMC justifica la ínfima proporción de sanciones cobradas en que las compañías recurren el pago de manera sistemática (entre el 80 y el 90% de las resoluciones acaba en la Audiencia Nacional) y que todo el proceso judicial de recursos y contrarrecursos, hasta llegar a una decisión definitiva, puede durar entre ocho y diez años.