Sólo en los últimos dos meses, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo –sobre todo la primera- han emitido una treintena de sentencias que anulan sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), obligan al organismo a revisarlas o que suspenden la ejecución de las resoluciones. Y la Audiencia acaba de sumar un nuevo varapalo a Competencia.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la multa de 25,78 millones de euros que la CNMC impuso a Telefónica Móviles España en octubre de 2014 por los compromisos de permanencia que la compañía incluía en sus contratos para pequeñas y medianas empresas. Una sentencia que se conoce sólo dos días después de otra con la que la propia Audiencia anulaba sanciones de casi 120 millones para Telefónica, Vodafone y Orange.

Los magistrados de la Audiencia estiman ahora el recurso presentado por Telefónica Móviles por “falta de tipicidad” de la supuesta infracción, así como porque consideran que las conductas sancionadas “no han afectado a la libre competencia” y por tanto no hay infracción alguna de la Ley de Defensa de la Competencia ni del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Según la resolución que aprobó la CNMC en 2014, Telefónica estableció en sus contratos con pymes cláusulas restrictivas que “limitaban desproporcionadamente la capacidad de una parte sustancial de los clientes empresariales para cambiar de proveedor (…) por un periodo de tiempo que se prolonga por encima del año”. Y, por otro lado, la operadora incrementó sustancialmente los costes que tienen que asumir sus competidores para quitar clientes a Telefónica Móviles, al establecer un plazo de reacción muy amplio (de al menos un mes) para intentar retener a los clientes que expresan anunciaban su intención de dar por terminado el contrato.

La Audiencia Nacional, por el contrario, ha decidido dar la razón a Telefónica. La operadora ha presentado dos informes periciales que establecían que los descuentos de precio ofrecidos a cambio de los compromisos de permanencia (de 12, 18 o 24 meses) no constituían una restricción vertical. “Los usuarios empresariales contratan los servicios de comunicaciones móviles para su consumo final y no para revenderlos o transformarlos en otro producto”, puntualiza la sentencia.

Además, la Audiencia Nacional niega que los descuentos y las penalizaciones en caso de incuplimiento tengan diseño anticompetitivo. “Los contratos premium de Telefónica Móviles con las pymes y autónomos no distorsionan la competencia y benefician al consumidor al ofrecer precios más bajos, afectar a una parte reducida del mercado y no impiden el cambio de los clientes entre operadores (…) ni crean barreras de entrada para los operadores móviles virtuales (OMVs).”, establece la sentencia, que ahora puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por parte de la CNMC.

La CNMC busca frenar el aluvión de sentencias

La cúpula CNMC lleva meses reuniéndose con expertos y con juristas para diseñar una propuesta de reforma de la Ley de Competencia, que cumple ahora diez años desde su aprobación. El organismo pretende abrir un proceso de consulta pública este mismo mes para recabar más opiniones de partes interesadas sobre posibles cambios en la norma, con el objetivo de impulsar una propuesta concreta ya en octubre.

Con la reforma, la CNMC busca conseguir poner freno al aluvión de sentencias con las que los tribunales están tumbando algunas de sus sanciones a empresas. El supervisor busca rearmarse ante los problemas que está encontrando para hacer valer su criterio ante los tribunales.

El organismo presidido por José María Marín Quemada pretende especialmente que los cambios en la Ley de Competencia sirvan para clarificar el modo de cálculo de las sanciones que aplica la CNMC a las compañías que han cometido prácticas anticompetitivas, para así evitar que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo continúen corrigiendo sus resoluciones, ya sea anulando las multas u obligándole a volver a calcularlas. La CNMC quiere dar más claridad al proceso sancionador como forma de rearmarse ante los recursos y ante los varapalos judiciales.