El Gobierno estudia hoy suspender la financiación a Cataluña a través del FLA

Los desafíos mayúsculos exigen medidas drásticas. El Gobierno lo tiene más que asumido, tras asimilar que la Generalitat no está dispuesta a dar marcha atrás en su reto soberanista. Por eso, entre las medidas que estudiará este viernes el Consejo de Ministros, figura una de las más rigurosas: la suspensión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el mecanismo del Estado que ha permitido a Cataluña (y al resto de CCAA que lo han solicitado) beneficiarse de condiciones ventajosas de financiación.

Se trata de la medida de presión más severa que puede adoptar el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de repartir el FLA . También de velar por el cumplimiento de los compromisos que adoptaron en su día los Gobiernos autonómicos que lo solicitaron. Hacienda considera que el Ejecutivo autonómico se ha saltado uno de los principales: la obligación de proporcionar toda la información que se le exija.

Este jueves, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, anunció que no continuará proporcionando a Hacienda los informes semanales con las partidas de gastos del FLA. El Gobierno de Mariano Rajoy impuso esta obligatoriedad el pasado 21 de julio, en un intento de evitar, con la ley en la mano, que estos fondos acaben destinándose a la promoción y organización del referéndum.

El desafío de Junqueras

Ese incumplimiento bastaría para cerrar la fuente de financiación más rápida y barata de la que dispone el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Con su negativa a proporcionar la información con la periodicidad que se le exige, la Generalitat no sólo desobedece un mandato del Consejo de Ministros. También pisotea el real decreto que regula el funcionamiento del FLA.

Aprobado el 13 de julio de 2012, en un intento de dar oxígeno a las CCAA, castigadas por la crisis, el real decreto 21/2012 aclara que el objetivo del mecanismo es "garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y para la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas". "Para un adecuado seguimiento de los planes, se establecen obligaciones periódicas de remisión de información económica, financiera, presupuestaria y de tesorería con el objeto de evitar desviaciones en el cumplimiento del contenido del plan de ajuste", señala el texto legal.

Obligación de aportar información

El real decreto asegura además que las autonomías beneficiarias deben aportar "cualquier otra información económico-financiera" o "requerimiento" que les formule el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eso es, precisamente, lo que decidió el Gobierno el pasado julio, al aumentar sus requerimientos de información.

A última hora de este jueves, Cristóbal Montoro, requirió por carta a la Generalitat que cumpla con su deber y remita de inmediato los datos exigidos. En su respuesta a Junqueras, el ministro de Hacienda amenaza con tomar "las medidas necesarias" para asegurar que la Generalitat atiende a la legislación vigente, informa Europa Press.

Las consecuencias de la supresión

La posible restricción o suspensión del FLA tendría efectos graves para las finanzas catalanas. Sin esos fondos, de entrada, el Ejecutivo autonómico no podría pagar las facturas a los proveedores. Y lo que es peor: vería cómo la calificación de su deuda se hunde rápidamente en el bono basura. Agencias de rating como Moody's ya han advertido que la hipotética retirada de los mecanismos de financiación del Estado conllevaría una rebaja de la nota, que dejaría la deuda catalana al nivel de países con economías maltrechas como Bangladesh.

Para calcular el impacto que tendría la hipotética anulación del FLA basta con recordar que Cataluña es el principal beneficiario de los fondos en España. Desde que el Gobierno lo puso en marcha en 2012, la región catalana ha sido, con creces, la que más fondos ha percibido: alrededor de 60.000 millones de euros.

Según las cifras del Ministerio de Hacienda, la región se ha ahorrado 18.228,7 millones de euros gracias los mecanismos puestos en marcha por el Estado durante la crisis. Sin esas condiciones ventajosas, Cataluña habría que tenido que desembolsar exactamente esa cifra, para obtener financiación en los mercados. La región catalana acapara el 37,5% de todo el ahorro generado por los mecanismos de financiación. Es decir que, de cada 10 euros ahorrados en España, casi cuatro corresponden a Cataluña.