La Guardia Civil entraba ayer en varios locales de la compañía Unipost en la provincia de Barcelona. En los últimos días los agentes se habían ido incautando de material propagandístico del referéndum independentista catalán del próximo 1-O suspendido por el Tribunal Constitucional. Pero la de ayer era la primera incautación de documentación relacionada con el censo que se pretende utilizar para la consulta. Sobres que contendrían tarjetas censales u citaciones para formar parte de las mesas electorales.

Unipost, el principal rival privado del grupo Correos y controlado por una de las ramas de la familia Raventós, ya estuvo vinculado al otro intento de referéndum secesionista hace tres años. En el marco de su investigación de los preparativos del 9-N, en 2014, la Fiscalía Superior de Cataluña ya requirió documentación a la compañía. Entonces el fiscal pidió información a Unipost sobre los contratos para la distribución y el buzoneo de propaganda.

Unipost, presidida por Antón Raventós, figura en el listado de grandes morosos con la Agencia Tributaria, con una deuda de 5,4 millones de euros. Un pufo que le inhabilita para poder contratar con las Administraciones Públicas de manera directa. Sin embargo, la compañía sí puede sortear el veto para firmar contratos públicos utilizando intermediarios que le acaben subcontratando, según informa Europa Press citando expertos fiscales.

La compañía de mensajería entró en concurso de acreedores el pasado julio, con un agujero de 47,4 millones, de los que 17,5 millones con deudas con las administraciones públicas. La sociedad de mensajería no ha dejado de sufrir números rojos durante los últimos seis años, acumulando pérdidas por más de 23 millones.

Codorníu niega la vinculación con Unipost

El nombre de la familia Raventós se vincula con el grupo Codorníu. Incluso en las redes sociales ayer ya se empezó a alentar una suerte de boicot contra los productos del grupo productor de cavas y vinos tras conocerse la operación de registro de la Guardia Civil en los locales de Unipost. Fue el propio grupo Codorníu quien salió al pasado con un comunicado para desvincularse del control de la compañía de mensajería y de sus actividades de respaldo al referéndum independentista.

Codorníu subrayó que ninguna de sus filiales participa en la distribución de propaganda soberanista, de notificaciones para mesas electorales ni, en general, en ninguna actividad ligada al proceso secesionista. “Codorníu no participa ni directa ni indirectamente en la toma de decisiones de Unipost”, apuntan fuentes del grupo.

Desde el grupo de cavas se aclara que la rama de la familia Raventós que es propietaria de Unipost –encabezada por Antón Raventós- tan sólo cuenta con una participación inferior al 1% en Codorníu y que ninguno de sus miembros forma parte del consejo ni de ningún otro órgano directivo de la compañía.

La sociedad, gestionada ahora por el bufete Jausas Legal y Tributario como administrador concursal, cuenta entre los miembros de su consejo de administración con Patinage Consultadoria e Marketin LDA, una sociedad radicada en Madeira (Portugal) y controlada por miembros de la familia Raventós. Madeira, pese a no estar en la lista negra de paraísos fiscales, destaca por condiciones tributarias especialmente laxas.