El Gobierno quiere vigilar de cerca el comportamiento de Ryanair en plena crisis de cancelaciones masivas. El gigante low cost había confirmado la suspensión de más de 2.100 vuelos hasta finales de octubre por falta de pilotos, que se han marchado en tromba a otras compañías aéreas. Y esta semana ha anunciado otra ola de cancelaciones y que los problemas operativos continuarán al menos hasta marzo.

En la primera oleada de suspensiones la compañía dejó unos 315.000 pasajeros afectados en toda Europa y en la nueva ronda prevé que serán otros 400.000 viajeros más. A unos y otros, Ryanair les ofrece la posibilidad de devolverles el importe pagado por los billetes o su reubicación en otros vuelos.

Y el Gobierno español ha alertado a los pasajeros afectados que la compañía está cobrando gastos de gestión por colocarles en otros vuelos, algo que está prohibido. “El cobro de gastos de gestión es algo que se está produciendo”, ha dicho el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. “No lo vamos a permitir”.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del propio Ministerio de Fomento, también ha advertido en un comunicado que los pasajeros afectados por cancelaciones no deben pagar gastos de gestión si optan por su reubicación en otro vuelo.

Ryanair admite que hizo pagar esa comisión a algunos pasajeros, pero que ya ha devuelto el dinero a los clientes que lo abonaron. “Ryanair cumple plenamente con toda la legislación EU261 y está haciendo todo lo necesario para reubicar a los pasajeros afectados", sostienen fuentes de la aerolínea irlandesa. "Ya solucionamos este problema, que afectó a muy pocos pasajeros, y se realizó el reembolso correspondiente a aquellos que se les cobró por duplicado”.

La propia AESA abrió un expediente a la aerolínea irlandesa cuando se anunciaron las primeras cancelaciones para verificar el “estricto cumplimiento” de los derechos de los pasajeros ante los cambios que prepara la compañía. La Agencia ha decidido la apertura de un segundo expediente por la nueva ola de suspensiones. Fomento ha solicitado al grupo información detallada sobre sus planes para reprogramar vuelos con origen o destino en España.

La sanción a la que se expone Ryanair por la cancelación masiva puede ascender como máximo a sólo 4,5 millones de euros. "Fomento no puede poner la multa que quiera a una aerolínea", ha dicho De la Serna, “debe atenerse a lo que estipula la ley". Y la legislación marca ese tope para infracciones graves. A pesar de ello, el ministro ha subrayado que “el Gobierno va a actuar con absoluta contundencia” para sancionar “unos hechos graves porque han afectado a miles de ciudadanos”.

La organización Facua-Consumidores en Acción, por el contrario, lamenta que es precisamente la "falta de contundencia sancionadora" de la Administración la que está llevando a hacer negocio a Ryanair con las cancelaciones. "Si los mecanismos de control y sanción resultaran eficaces y contundentes, Ryanair no se atrevería a cometer este tipo irregularidades, que se suman a las que está consumando en relación a la atención a los afectados, a los que confunde omitiendo información sobre sus derechos, e incluso tergiversando el contenido de la legislación para eludir abonarles la totalidad de compensaciones e indemnizaciones a las que tienen derecho", denuncia Facua.