El Gobierno no esperará a que el Tribunal Constitucional resuelva sus recursos y ha ordenado ya devolver a las grandes eléctricas el dinero que aportaron en los años 2015 y 2016 para financiar el bono social, el programa con el que se trata de paliar los efectos de la pobreza energética. El dinero aportado más intereses por la demora.

Así se recoge en una orden del Ministerio de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con la que se da cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y los posteriores autos que instaban a ejecutarlas. El Alto Tribunal estableció que la indemnización a las compañías debía cargarse al sistema eléctrico. Pero en lugar de cargarlo a partir de ahora en los recibos de luz que pagarán los consumidores, el Ejecutivo utilizará lo que esos mismos consumidores ya han pagado de más con sus facturas.

El Gobierno ya incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año una disposición adicional en el que se recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit acumulado por parte del sistema eléctrico en los últimos años para cubrir posibles pagos derivados de fallos judiciales. Actualmente hay en una cuenta bancaria guardados los 1.019 millones de euros correspondientes a los superávits de 2014 y 2015, que pueden incrementarse cuando se cierren de forma definitiva las cuentas de 2016.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) es la titular de esa cuenta bancaria en que se guarda el dinero pagado de más. Y será la propia la CNMC la que tendrá que calcular con exactitud el importe que se devolverá a Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP. Fuentes del mercado calculan que la indemnización por el bono social de los años 2015 y 2016 ascenderá a cerca de 300 millones de euros.

La batalla legal por el bono

El Tribunal Supremo tumbó hace un año por segunda vez la financiación del bono social. El Alto Tribunal consideró de nuevo que el reparto del coste del programa no tenían que asumirlo las eléctricas y obligaba a indemnizarlas por el dinero aportado durante los años anteriores.

El Ministerio de Energía ha maniobrado para aplazar el pago recurriendo la sentencia ante el Tribunal Constitucional e intentando que se eleve al Tribunal de Justicia de la UE, pero el Tribunal Supremo ha ido quemando etapas y aclaró en sendos autos emitidos el mes pasado que la indemnización debía correr a cargo del sistema eléctrico. El Supremo determinó cómo devolver las cantidades del bono social de 2015 y 2016, y no se pronunció sobre el de 2014 a la espera de que la Audiencia Nacional decida sobre los recursos correspondientes a aquel año.

El Ministerio de Energía subrayó hace unos días que ejecutaría la devolución con carácter inmediato o esperaría a la resolución de sus recursos ante el Constitucional siguiendo las instrucciones que le facilitara la Abogacía del Estado.

La Ley del Sector Eléctrico establece que el Gobierno debería destinar ese saldo positivo acumulado a la amortización de la deuda del sistema eléctrico (de unos 23.000 millones de euros al inicio de 2017) y así poder reducir la cuantía de los intereses financieros. En principio, únicamente puede destinarse a pagar deuda y no a cubrir otros costes que permitiría bajar la tarifa eléctrica.

Sólo este año los ciudadanos abonarán con su recibo de luz 2.838,3 millones de euros para tapar el agujero del sector eléctrico, para pagar la deuda que acumula el sistema. Y de ellos, 765,7 millones de euros son sólo intereses financieros por el pago prorrogado. El Gobierno encontró, sin embargo, otra forma de empezar a gastar ese saldo sobrante con la disposición incluida en los PGE.