El Gobierno saca adelante el último trámite para empezar aplicar el nuevo bono social de la luz, la política que busca paliar los efectos de la pobreza energética en los consumidores más vulnerables.

Lo hace casi un año después de que el Tribunal Supremo tumbara por segunda vez el sistema de financiación del programa y de que los partidos políticos emprendieran su reformulación con el objetivo de hacerlo más efectivo ligando su recepción al nivel de renta de los beneficiarios (hasta ahora formalmente no figuraba entre los requisitos para acceder a él).

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que regula y desarrolla la aplicación del nuevo bono social de la electricidad, que contempla descuentos en el recibo de la luz del 25, el 40 y el 50% para hogares en función de su grado de vulnerabilidad.

Los descuentos

El nuevo modelo contempla descuentos del 25% del importe de la factura para los consumidores que se consideren “vulnerables”, aquellos con una renta anual familiar inferior a determinados umbrales de riqueza en función del número de integrantes del hogar.

Según ha detallado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, una persona que viva sola recibiría ese descuento si su renta es de menos de 11.000 euros anuales, que se elevaría a 19.000 euros en caso de que en el hogar vivan dos menores. A este nivel de descuento también pueden acceder los pensionistas que reciben pensiones mínimas y todas las familias numerosas.

El Gobierno amplía el descuento hasta el 40% del recibo para los consumidores reconocidos como “vulnerables severos”, que son aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables.

En casos de riesgo de exclusión social, eléctricas y servicios sociales asumen todo el importe del recibo

Las eléctricas harán una aportación adicional para asumir el 50% del recibo de los consumidores que, además que cumplir con los criterios de renta de los vulnerables severos, estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local. En estos casos, los hogares verán financiado todo el importe de la factura: la mitad por la compañía eléctrica y la otra mitad por los servicios sociales.

Para los consumidores vulnerables se amplía de dos a cuatro meses el plazo que deben respetar las compañías eléctricas para cortar el suministro eléctrico una vez detectado un impago. En los casos de mayor riesgo de exclusión social (el de los hogares atendidos por los servicios sociales), las eléctricas deberán asumir la mitad del importe de la factura y los servicios sociales la otra mitad.

Lo siguen pagando las eléctricas

El Gobierno vuelve a cargar a las empresas comercializadoras (o a sus matrices, en el caso de grupos empresariales) la financiación del programa del bono social, en función de su cuota de clientes. “Se mantiene el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por las empresas comercializadoras como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”, indica el Ministerio.

El Ministerio de Energía ha ampliado el número de comercializadoras obligadas a financiar el bono social. Antes eran alrededor de una veintena, ahora lo serán todas, hasta un total de unas 200 compañías. El Gobierno cree que de esta manera sortea los problemas legales que han llevado al Supremo a tumbar por dos veces las fórmulas anteriores y a obligar a indemnizar a las compañías eléctricas por el dinero aportado.

El Ministerio de Energía ordenó esta misma semana la devolución a las grandes eléctricas del dinero que destinaron en los años 2015 y 2016 a financiar el bono social. El departamento comandado por Álvaro Nadal daba así cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y los posteriores autos que instaban a ejecutarlas.

El Gobierno ha ordenado devolver a las eléctricas el dinero aportado en años anteriores, pero les vuelve a cargar el coste del bono

El Alto Tribunal estableció que la indemnización a las compañías debía cargarse al sistema eléctrico. Pero en lugar de cargarlo a partir de ahora en los recibos de luz que pagarán los consumidores, el Ejecutivo utilizará lo que esos mismos consumidores ya han pagado de más con sus facturas.

El Gobierno ya incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año una disposición adicional en el que se recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit acumulado por parte del sistema eléctrico en los últimos años para cubrir posibles pagos derivados de fallos judiciales. Actualmente hay en una cuenta bancaria guardados los 1.019 millones de euros correspondientes a los superávits de 2014 y 2015, que pueden incrementarse cuando se cierren de forma definitiva las cuentas de 2016.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) es la titular de esa cuenta bancaria en que se guarda el dinero pagado de más. Y será la propia la CNMC la que tendrá que calcular con exactitud el importe que se devolverá a Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP. Fuentes del mercado calculan que la indemnización por el bono social de los años 2015 y 2016 ascenderá a cerca de 300 millones de euros.