El operador postal Unipost, el principal rival privado del grupo Correos y controlado por una de las ramas de la familia Raventós, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España.

Los representantes de la compañía, vinculada al intento de referéndum del pasado 1 de octubre, han recibido una comunicación del bufete de abogados Jausas, que ejerce como administrador concursal, explicando esta decisión, que abre la puerta a la liquidación de la compañía, informa Efe. 

Unipost, que tiene su sede central en Barcelona, presentó el pasado mes de julio concurso voluntario de acreedores en un juzgado de la capital catalana con una deuda cercana a los 50 millones de euros y la voluntad de continuar con su actividad.

Ante esta situación, los sindicatos temían que la empresa presentara un ERE para una parte de la plantilla, pero en ningún caso esperaban que los despidos pudieran afectar a todos los trabajadores.

De hecho, Unipost, el principal operador privado del país, mantenía negociaciones con los representantes de los trabajadores para aprobar un plan de viabilidad que permitiera redimensionar la plantilla a las actuales necesidades del negocio.

Unipost, fundada en 2001 por la integración de la catalana Suresa, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa, ha presentado diversos expedientes de regulación en los últimos años para ajustar su plantilla y a principios de 2016 logró un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda.

La compañía, con unos ingresos superiores a los 110 millones de euros, según los últimos datos que recoge su web, gestiona 600 millones de envíos al año para más de 15.000 clientes de todos los sectores y también realiza envíos a más de 200 países gracias a su asociación con DHL Global Mail, el principal operador de correo a nivel mundial.

Proceso independentista catalán

En los últimos años, a la compañía que preside Anton Raventós se la ha vinculado con el proceso independentista.

El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de varias oficinas de Unipost en Cataluña.

El grupo de mensajería alegó entonces que "en ningún caso" conoce el contenido de los escritos y documentos que gestiona para sus clientes, pero el juez consideró que había "claros indicios" de la posible participación de los responsables de Unipost en el delito de malversación de caudales públicos por la organización del 1-O.

En el año 2014, coincidiendo con la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre, Unipost también fue requerida por la Fiscalía para que informara sobre su contrato con la Generalitat para el servicio de buzoneo de la propaganda del proceso participativo.