El Ayuntamiento de Barcelona se ha lanzado a poner orden en el negocio del alquiler de viviendas de uso turístico. La oferta de pisos turísticos se ha desbordado en la capital catalana, y su oferta de plazas es ya casi el doble que la de todos los hoteles de la ciudad, y una parte de ellos se alquila de manera ilegal, al no contar con la licencia oportuna y no estar inscritos en el registro oficial.

El consistorio comandado por Ada Colau ha abierto ya 6.197 expedientes disciplinarios a dueños de pisos turísticos por estar alquilándolos a viajeros de manera irregular, lo que se considera una infracción grave. Los propietarios se exponen a multas que oscilan entre los 30.000 y los 60.000 euros.

Airbnb, la mayor plataforma online que pone en contacto a los dueños de los pisos y a los viajeros que los quieren alquilar, se lanza ahora a defender a los usuarios que alquilan su casa de manera no profesional. El gigante tecnológico ha sellado una alianza con la plataforma Easyoffer para buscar abogado a los miles de dueños de pisos turísticos expedientados y que se enfrentan a las posibles sanciones.

El acuerdo entre Airbnb e Easyoffer contempla que los propietarios investigados por el Ayuntamiento de Barcelona puedan acceder a asesoramiento legal específico. El marketplace  legal ha creado un área especializada en estos casos, identificando a cinco bufetes de abogados con experiencia en esta materia. Los usuarios recibirán hasta tres presupuestos entre los que comparar para tramitar su caso y contratar el asesoramiento jurídico.

El Ayuntamiento de Barcelona ya ha impuesto una multa de 600.000 euros a Airbnb por anunciar en su web pisos turísticos ilegales, y amenaza al portal con otra sanción por ese mismo importe si continuaba promocionando viviendas irregulares. Airbnb confirmó haber retirado de su plataforma un millar de viviendas que no contaban con la licencia que se exige en Cataluña para dedicarse al alquiler turístico.