El Congreso de los Diputados ha vuelto a apoyar este martes una iniciativa del PSOE para actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC, la fórmula que fulminó la última reforma del sistema de 2013 para sustituirla por el actual índice de revalorización. Desde entonces, este índice ha condenado a los jubilados a exiguas subidas del 0,25% cada año y en este supondrá una importante pérdida de poder adquisitivo, dado que la inflación media será de cerca del 2%.
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PNV, UPN, PDeCAT, ERC, Coalición Canarias y Nueva Canarias han apoyado esta vez una moción consecuencia de interpelación urgente de los socialistas que consta de tres puntos básicos. El primero insta a revalorizar las pensiones de acuerdo con la previsión de IPC y a la aplicación de una cláusula de salvaguarda para ir más allá en el caso de que la inflación supere finalmente dicha previsión.
El segundo plantea costear con impuestos las subvenciones y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, como las tarifas planas de las que gozan empresas que crean empleo indefinido y autónomos, para obtener ingresos extraordinarios. Y por último, el texto llama a retomar de forma urgente el diálogo con patronal y sindicatos en materia de pensiones, que permanece estancado desde el mes de febrero.
Segunda llamada a la indexación en un año
No es algo nuevo. En marzo de este año, al poco de echar a andar la Legislatura, el Congreso aprobó una primera Proposición no de Ley (PNL) para indexar las pensiones con el IPC, en la que proponía un primer objetivo de inflación del 1,2%, sobre el que aplicar la cláusula de revisión. En septiembre, el PSOE también sacó adelante otra moción en la misma dirección. Y ahora, se produce este última llamada a la puerta del Gobierno para que revoque su reforma de 2013. Sube la presión, aunque todas estas iniciativas no tienen carácter vinculante.
Ya en marzo votaron a favor de la iniciativa socialista Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PNV, ERC y PDeCAT, mientras que Ciudadanos, Compromís y Bildu se abstuvieron. En este caso solo estos últimos y la formación naranja se han abstenido.
Sin embargo, el PP vetó entonces la iniciativa, al suponer un incremento del gasto sobre el Presupuesto, algo que lleva haciendo con otras muchas proposiciones desde entonces. Según el Grupo Popular, de dar vía a libre a esta PNL, el gasto adicional solo en 2017 superaría los 1.150 millones de euros, a lo que añadía que el PSOE no concretaba de donde saldrían estos ingresos.
Ese elemento queda despejado en el segundo punto de esta última moción. El PSOE sostiene que si el Gobierno pasara las bonificaciones y subvenciones al cajón de los impuestos, se liberarían 2.100 millones de euros –el coste de las mismas en 2016-- y cuantifica en 200 millones el coste de la revalorización del 0,25%. Por tanto, según sus cálculos, aún quedarían unos 1.900 millones de euros para aumentar las pensiones con arreglo al IPC.
Finalmente, el PSOE quiere un acuerdo sobre pensiones que incluya a los sindicatos. Y plantea esta cuestión, entre otras cosas, porque el Pacto de Toledo está paralizado. Según comenta el portavoz en la Comisión de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Alberto Montero, que recuerda que su grupo también presentó una propuesta de máximos para enmendar la reforma de las pensiones, el debate en el Pacto de Toledo está siendo, de momento, estéril.
Algo pasa en el Pacto de Toledo
No obstante, este martes también se ha reunido la comisión permanente del Pacto de Toledo y, tal y como han asegurado fuentes del PNV y PSOE, el Gobierno ha cambiado de actitud y se ha abierto la posibilidad a alcanzar un próximo acuerdo sobre al segunda recomendación a tratar, la relativa al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Para ello, habrá una nueva reunión el próximo 6 de noviembre.
No obstante, Montero insiste en que “las recomendaciones que se están debatiendo para dotar de viabilidad al sistema de pensiones no se están votando y no se para de debatir sesión tras sesión”, a lo que añade que, aunque se votaran, nada tendría carácter vinculante, con lo que volvería a encontrarse cualquier propuesta de aumento de gasto con el muro del PP.
Por su parte, desde Ciudadanos, que permanece alineado con el PP, indican que “hay poco margen para una subida” puesto que el déficit de la Seguridad Social ronda los 17.000 millones de euros. “Vamos a seguir trabajando en la Comisión del Pacto de Toledo para encontrar una solución consensuada. Seguimos partiendo de la filosofía de que el crecimiento futuro de las pensiones depende de cambiar el modelo laboral y productivo y tener empleos de calidad en el presente, y en consecuencia hemos presentado y presentaremos diversas iniciativas en este sentido”, señalan desde el grupo parlamentario que lidera Albert Ribera.
Los dudosos números de las pensiones
Lo cierto hasta ahora es que la segunda notificación anual sobre el déficit público que el Gobierno ha remitido a Bruselas, del pasado mes de septiembre (no incluye por tanto el impacto de todo lo ocurrido a raíz del referéndum del 1-O), incluye una previsión de déficit de la Seguridad Social al cierre del año de 17.300 millones de euros, el 1,4%. No obstante, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sigue sosteniendo que este límite es demasiado exigente y que habrá incumplimiento.
Además, los últimos datos sobre el gasto de las pensiones del Ministerio de Empleo, publicados este martes, la Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 8.831,6 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, casi un 3% más que en el mismo mes de 2016.
Por su parte, los ingresos netos por cotizaciones ya rozan los 72.300 millones de euros, con datos hasta agosto. Esto supone un crecimiento del 5%, por encima del avance del gasto, lo que supone que las cuentas de la Seguridad Social van remontando el vuelo poco a poco. Sin embargo, de continuar con este ritmo, estos ingresos no superarían los 107.000 millones de euros al cierre del año, por debajo de los 110.500 millones presupuestados, un 6,6% más.
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