El Ministerio de Hacienda controlará semanalmente las cuentas del Ayuntamiento de Madrid a través de la Intervención General autonómica. Lo hará en aplicación de la Ley de Estabilidad, el mecanismo de control puesto en marcha en 2012 para garantizar en última instancia los objetivos de déficit en todos los niveles de la Administración.

Sin embargo, desde el consistorio han criticado que se trata de una medida discriminatoria a la vista de que otros ayuntamientos y otras tantas regiones prevén incumplir o han incumplido sistemáticamente los objetivos fiscales desde el inicio de la crisis. Expertos consultados por este periódico recuerdan que el margen de aplicación discrecional que permite la Ley es muy amplio y que las medidas coercitivas no se activan de oficio.

En este sentido, la decisión de Hacienda se parece a la adoptada en Cataluña, cuando a raíz del referéndum del 1-O se intervinieron las cuentas de la comunidad autónoma. Sin embargo, en este caso se trata solo de asegurarse de que se cumple la senda de consolidación fiscal. Además, en este caso, hay más dudas sobre la proporcionalidad de la medida, dada la saneada situación financiera del Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena, entre otras cuestiones.

En primer lugar, hay que entender por qué el Gobierno ha tomado esta decisión. Y para ello hay que remontarse a 2015, cuando el ayuntamiento madrileño incumplió por 17 millones de euros la regla de gasto. Esta norma establece un límite de gasto anual para las administraciones de acuerdo con el crecimiento potencial de la economía. Por ejemplo, para el año 2017 se ha situado en el 2,1%.

Madrid superó en 2015 el objetivo correspondiente a aquel año y por ello tuvo que aprobar un Plan Económico-Financiero (PEF) para los años 2016 y 2017. Y es que, de acuerdo con la Ley de Estabilidad, cuando se produce este tipo de incumplimientos (también de los objetivos de déficit), el Pleno de cada corporación debe elaborar uno de estos PEF para revertir la situación en el cumplimiento en el año en curso y el siguiente.

Sin embargo, este PEF debe ser aprobado a su vez, para poder seguir adelante, por el órgano que ejerce la tutela financiera, que en el caso de Madrid es el Ministerio de Hacienda.

AIReF sugirió tomar medidas el pasado mes de abril

El Plan presentado por Madrid tras el incumplimiento de 2015 no obtuvo la aprobación del departamento que dirige Cristóbal Montoro. Según detalla la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el Informe de Presupuestos Iniciales de las AAPP para 2017, el Plan planteaba en estos años un incremento de los gastos computables de un 17% y un 11%, respectivamente, por encima del límite de la regla de gasto.

Además, el ayuntamiento volvió a incumplir esta norma en 2016 y presentó un nuevo Plan. Así hasta un total de tres. Ya en el mes de abril de este año, la AIReF sugería, a la vista de la situación, la adopción de las medidas coercitivas incluidas en el artículo 25 de la Ley de Estabilidad, como finalmente ha ocurrido después de que Montoro haya remitido una carta al Ayuntamiento de Madrid para anunciar la decisión.

De acuerdo con la Ley, en un plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento se debe aprobar un acuerdo para la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de los mismos que garantice el cumplimiento los objetivos de estabilidad.

Fuentes de Hacienda explican que se trata solo de la obligación de justificar los ingresos y gastos del ayuntamiento con periodicidad semanal en lugar de trimestral y demostrar cómo se están gestionando para cumplir la regla de gasto. El momento elegido tiene gran relevancia, puesto que el próximo mes se cierran las cuentas anuales. Y si se revisan las cifras, la medida es severa. El objetivo debería ser ajustar los 17 millones de euros de incumplimiento de 2015, los 234 millones de 2016 y los 238 previstos en 2017.

Diferencias en el cómputo de la regla de gasto

El argumento del Ministerio de Hacienda para apercibir y echar por tierra sistemáticamente los Planes de ajuste presentados por el Ayuntamiento de Madrid es que las cuentas no están bien elaboradas. Además, justifica las medidas coercitivas por la reiteración de este incumplimiento.

Tal y como ha venido denunciando con carácter general la Autoridad Fiscal, Hacienda explica que el ayuntamiento de Madrid estima el incremento del gasto sobre el presupuesto ejecutado en el año anterior. De esta forma, lo que estaría haciendo es consolidar año a año la desviación de la regla de gasto de ejercicios precedentes. En opinión del ayuntamiento de la capital, se trata de una interpretación “retorcida” y se plantea recurrirla.

No obstante, entre las recomendaciones de la AIReF al Gobierno, viene apareciendo en los últimos tiempos una llamada a “revisar la interpretación realizada recientemente respecto al cálculo de la regla de gasto, según la cual se consolidan a futuro las desviaciones de gasto producidas en cada ejercicio”.

Hacienda argumenta que la toma de control de las cuentas de Madrid se explica por la reiteración en el incumplimiento

Con todo, otra de las recomendaciones de la AIReF habla de “definir claramente los elementos metodológicos necesarios para la planificación, seguimiento y evaluación de su cumplimiento”, algo que desde Hacienda no se ve necesario. De hecho, desde el departamento de Montoro se insiste en que la decisión adoptada sobre las cuentas de Madrid no es más que “aplicar la Ley”.

Asimetría en el trato a los ayuntamientos.., y las CCAA

Sin embargo, la Ley no siempre se aplica de la misma manera en todos los territorios. Para empezar se trata de la primera vez que se ponen en marcha medidas de control similares pese a que las comunidades autónomas, por ejemplo, ha incumplido durante toda la crisis los objetivos de déficit, hasta su reciente corrección en 2016. Esa falta de aplicación literal de la Ley de Estabilidad es algo que han afeado a España incluso las instituciones europeas.

Solamente se han aplicado medidas coercitivas en el caso de Aragón y Extremadura, cuando en 2016 sobrepasaron reiteradamente el periodo medio de pago a proveedores de 30 días.

Además, la Autoridad Fiscal también lleva tiempo denunciando que la situación que vive Madrid no es muy diferente a la que se produce en otros grandes ayuntamientos. De acuerdo con los datos divulgados el pasado mes de julio por la AIReF, tanto Barcelona como Bilbao presentaron un Plan no ajustado a la Ley de Estabilidad que, a diferencia de Madrid, fue aprobado.

Esto se explica porque los órganos de tutela de estos ayuntamientos difieren de unos a otros y para estos dos consistorios dieron el visto bueno al PEF. Sin embargo, en el caso concreto de Bilbao, la Autoridad Fiscal se dirigió a la Diputación Foral de Vizcaya, encargada de la fiscalización, y ésta le aseguró que el Plan cumplía la norma, con lo que la divergencia se trasladó al Ministerio de Hacienda “a los efectos oportunos”.

En Hacienda insisten en que la situación de Madrid es diferente a la de otros territorios, pese a que la AIReF ha recomendado este mismo mes de julio la aplicación de las mismas medidas coercitivas en Valencia o Barcelona ante la previsión de incumplimiento de los Planes en vigor o de la regla de gasto.

Según recalcan, lo que ha motivado el control de sus cuentas ha sido la reiteración en la presentación de planes económico “mal hechos”, obviando nuevamente los incumplimientos de las comunidades autónomas.

Un Gobierno que no cumple frente un ayuntamiento saneado

Por último, las dudas se ciernen por el lado de quién aplica la Ley y de quien se ve castigado. Para empezar, la Administración central incumplió la regla de gasto en 2016, cuando elevó sus pagos un 2,8% (descontadas las ayudas públicas a la banca) frente al límite del 1,8%, mientras el conjunto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos cumplían.

Así lo asumía el Estado en el Informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2016, publicado en abril de este año.

El grupo de trabajo para reformar la regla de gasto anunciada hace un año no ha hecho avances

Sin embargo, el Gobierno enmendaba la papeleta señalando que, con un cambio de Eurostat que afecta al cómputo de la subasta de servicios de televisión, radio y telefonía móvil, a partir del mes de octubre, el gasto habría crecido un 1,2%, dentro del margen de la regla de gasto.

Frente al Estado,  el ayuntamiento de Madrid cuenta con unas cuenta saneadas, con un superávit superior alos  1.000 millones de euros tras una reducción de su deuda en un 40%, de ahí que en el consistorio aleguen que cumple con el espíritu de la Ley de Estabilidad.

Mientras, los ayuntamientos siguen presionando a Montoro para que modifique la regla de gasto, puesto que mantiene bajo cuerda muchas de sus posibilidades de inversión, incluso en los casos más saneados.

Esto está provocando que muchos de ellos estén acumulando grandes cantidades de recursos en depósitos sin apenas rentabilidad. Ante estas presiones, Montoro accedió hace casi un año a crear un grupo de trabajo para modificar la regla de gasto, pero hasta ahora ni ha habido avances.