La firma de inversión Auriga ha decidido tomar las medidas oportunas para que sus clientes puedan recuperar el 75% de su dinero en el fondo IM Auriga Pymes Eur 1, golpeado por la estafa piramidal orquestada por el empresario Antonio Mas, conocido como el Madoff catalán, a través de la sociedad Publiolimpia.
La sociedad de valores que preside Íñigo Resusta es una de las víctimas de la estafa continuada que Mas ha perpetrado desde 2011 y que habría afectado, en total, a más de mil inversores, generando pérdidas por un importe cercano a los 250 millones de euros. El caso será juzgado por la Audiencia Nacional al afectar a múltiples jurisprudencias.
Fuentes cercanas a Auriga señalan a El Independiente que más del 90% de los clientes invertidos en IM Auriga Pymes Eur 1, la mayoría fondos de pensiones y grandes aseguradoras españolas, ha aceptado el acuerdo mediante el cual recibirán en torno al 75% del patrimonio colocado en el producto, contando con los cupones recibidos.
El fraude de Publiolimpia afecta a mil inversores que han perdido cerca de 250 millones
Las pérdidas para el medio centenar de inversores pillados en el fondo, por tanto, no deberían superar el 25%, y este porcentaje podría reducirse aún más, si se logra recuperar más capital a través de acciones legales en contra de Publiolimpia y otras firmas vinculadas a la trama.
En el momento en el que se destapó el fraude, a finales del pasado mes de mayo, el fondo contaba con un patrimonio de 75 millones de euros y el papel contaminado ascendía a más de 38 millones de euros.
Auriga desembolsará varios millones de euros para tapar ese agujero, además de lo que estima recuperar con la venta de los activos sanos del fondo y de la liquidación de Finalter, sociedad filial de Auriga dedicada a proveer soluciones de financiación de circulante mediante el anticipo de derechos de cobro que fue constituida en 2014 para comprar las facturas a Publiolimpia y venderlas al fondo.
Auriga comercializaba este fondo, siendo Intermoney la sociedad gestora y Deloitte el auditor
Fuentes cercanas a Auriga aseguran que esta medida busca dar una solución a los partícipes con el ánimo de mantener la relación con éstos, aunque rechazan cualquier tipo de responsabilidad civil. "Auriga ha sido víctima, pero no es responsable del agujero de 38 millones causado por el papel contaminado", aseguran las mismas fuentes.
De hecho, asesores legales de primer nivel, contratados por Auriga para este caso, no ven opciones de que el bróker tuviese que asumir responsabilidades adicionales. En cualquier caso, apuntan las mismas fuentes, "Auriga quiere que los clientes valoren este esfuerzo y el ejercicio de transparencia máxima que ha realizado desde que se descubrió el fraude de Publiolimpia".
La estructura del fondo fue ideada por Auriga, que lo comercializó entre clientes institucionales y algún inversor profesional. Sin embargo, Intermoney era la sociedad gestora del producto y Deloitte, la firma auditora.
Cruce de acusaciones entre Auriga e Intermoney
Entretanto, las tensiones entre Auriga e Itermoney han sido evidentes, a la luz de los comunicados emitidos por ambas firmas. El 20 de junio, Auriga manifestó tener "serias dudas sobre la diligencia de Intermoney, no sólo en la actualidad, sino desde el momento de la constitución del fondo, y considera que está actuando de forma opaca y no colaborativa con el propósito de enmascarar o eludir sus propias responsabilidades como sociedad gestora del fondo IM Auriga Pymes".
La firma reprochaba a Intermoney haber publicado un hecho relevante en el MARF en el que vertía "gravísimas acusaciones y difamaciones contra Auriga relativas a la presunta estafa perpetrada por la sociedad Publiolimpia y su administrador, Antonio Mas". Y recalcaba que "siempre ha actuado con la más absoluta transparencia desde que se descubrió la presunta estafa, poniéndolo en conocimiento del regulador, la Gestora del Fondo y las autoridades competentes".
En el citado hecho relevante, Intermoney señalaba que que "una parte significativa de los activos integrados en el fondo (todos ellos procedentes de un mismo vendedor de derechos a Finalter) tienen vicios ocultos que afectan a su existencia y/o a su validez en el momento de su cesión de Finalter al fondo". Apuntaba que "si dichos vicios ocultos no se subsanaran el patrimonio del fondo se verá significativamente deteriorado: a día de hoy, los derechos de crédito con origen en dicho vendedor representan aproximadamente el 58% del activo del
fondo".
Mas, el cerebro de la trama
El pasado mes de junio, los Mossos d'Esquadra anunciaron una operación contra Antonio Mas, administrador de Publiolimpia y otras sociedades vinculadas a la publicidad y la organización de eventos. El empresario se habría servido de estas sociedades para levantar un entramado de falsas facturas publicitarias, una estafa piramidal que salpica a un millar de inversores y ha generado pérdidas por casi 250 millones de euros.
El empresario catalán, conocido entre otras actividades por organizar el Festival Internacional de Música de Cambrils, declaró a finales de junio ante el juez. Explicó cómo había elaborado facturas falsas para conseguir inversores, ofreciéndoles un elevado rendimiento del 16% anual o superior, y acusó a su exsocio, Luis Pascual Franquesa de utilizar una operativa similar y de introducirle en las prácticas fraudulentas.
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