El Gobierno ha encontrado las vías legales para prohibir el cierre de centrales eléctricas. El Ministerio de Energía ha acelerado los trámites para dotarse de nuevas herramientas y ultima la aprobación de un real decreto tras el órdago lanzado por Iberdrola al solicitar por sorpresa el cierre de sus últimas dos centrales de carbón.

El Ministerio de Energía, comandado por Álvaro Nadal, considera que el establecimiento del peso que debe tener cada tipo de energía (nuclear, renovables, carbón, gas natural…) en la generación de electricidad es un eje fundamental de la política energética y medioambiental del Gobierno, y que no puede dejarse al arbitrio de las decisiones económicas de las compañías eléctricas.

El Ministerio de Energía prepara ya la planificación energética futura que determinará el objetivo oficial del peso que debe tener cada tecnología de cara a 2030 y 2050. Un plan que el Ejecutivo debe trasladar a la Comisión Europea como muy tarde en marzo de 2019 y en el que también trabajan un comité de expertos creado ad hoc para hacer respuestas al respecto.

Y en ese proceso para el Gobierno cuenta tanto el cumplimiento de los compromisos medioambientales fijados por la Unión Europea como la contención de los precios eléctricos para garantizar la competitividad de la economía nacional.

Mantener todos los tipos de energía

El Ejecutivo considera que para ello es necesario mantener operativas todas las tecnologías energéticas y no prescindir de ninguna de ellos al menos durante la próxima década. Esto es, el Ministerio no está dispuesto a permitir que se cierren centrales nucleares y en principio tampoco plantas de carbón, como amenazan con hacer las compañías eléctricas. Iberdrola ha amagado con prescindir de todas sus nucleares y ha solicitado el cierre de sus dos últimas plantas de carbón, y Endesa también pretende clausurar antes de 2020 sus centrales de carbón nacional.

El ministro Nadal repite cada vez que tiene ocasión que su principal objetivo es evitar el encarecimiento de la electricidad, y con ello facilitar el crecimiento económico del país y la competitividad de sus empresas. Y para ello considera crucial mantener todas las tecnologías de producción eléctrica.

Según las estimaciones que maneja el Ministerio de Energía, el cierre de todas las centrales nucleares supondría un incremento del precio de la electricidad de un 25% y la clausura de las plantas de carbón elevaría el coste un 15%. Prescindir de ambas impulsaría el precio de la electricidad un 40%, según las proyecciones gubernamentales. Los datos los confirmó ayer el propio ministro Nadal en el Congreso en un rifirrafe sobre los precios eléctricos con diputados de Podemos.

Vetar cierres por razones económicas

Es por ello que el Ministerio llevaba meses buscando vías legales para poder vetar los eventuales intentos de las compañías eléctricas de cerrar alguna de sus centrales, Y cree que las ha encontrado con la inminente aprobación de un real decreto que le permitirá prohibir la clausura de instalaciones.

Hasta ahora, el Gobierno sólo podía rechazar la solicitud de cierre de plantas eléctricas si suponía un riesgo para la seguridad de suministro eléctrico. Pero con la nueva norma el Ejecutivo también podrá denegarla si la clausura no se ajusta a la planificación de la política energética gubernamental o si afecta a los precios eléctricos y la competencia en el sector.