La Audiencia Nacional ha decretado este viernes la apertura de juicio oral contra el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato; su ex vicepresidente José Luis Olivas; una treintena de antiguos directivos de la entidad y la auditora Deloitte por estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de 2011.

Tras cinco años de instrucción, el titular del juzgado central de instrucción número cuatro, Fernando Andreu, pasa el testigo a la Sala de lo Penal, que previsiblemente a partir de 2018 juzgará a los 35 acusados, personas físicas y jurídicas entre las que está incluida Deloitte, que no se encontraba entre los inicialmente procesados.

La inclusión de la firma auditora y la decisión de mantener en la causa penal a BFA y Bankia, en contra del criterio del fiscal, suponen las principales novedades del auto.

Al respecto, señala Andreu que la colaboración de ambas entidades financieras podrá entenderse como una "posible atenuación de la responsabilidad penal, pero nunca a una declaración de sobreseimiento, ni libre ni provisional".

Sobre el papel de Deloitte, el juez recuerda que si bien en el auto del pasado mayo no figuraba entre los procesados, la sala acordó reincorporarla a la causa al no poder ni deber "descartar la participación por cooperación necesaria de las auditoras que, al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas o balances falseados".

Una responsabilidad castigada por el Código Penal español y que se debe a que "por cuanto su función, procedió a analizar, verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia (...) siendo indudable que sin dicha revisión las autoridades no hubieran permitido que operara en el parqué".

Acusación para Verdú y Norniella

Entre los acusados, además de Rato y Olivas, sobre quienes pesan las peticiones más elevadas por parte de la Fiscalía -cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente-, figuran el ex consejero José Manuel Fernández Norniella -tres años- y el ex consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, -dos años y siete meses-.

Además de las penas de prisión, solicita para cada uno de ellos una multa de 60.000 euros y su inhabilitación para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena, únicamente por el delito de estafa a los inversores.

A diferencia de las acusaciones particulares y populares, el Ministerio Público considera que "las cuentas del grupo no son materialmente falsas, ya que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador".

Si bien Anticorrupción no solicita cargos para ningún otro miembro del Consejo de Administración de la época, sí lo hacen el resto de acusaciones, entre ellos la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide hasta doce años de prisión para las personas físicas y 1,1 millones de euros de multa para las jurídicas.

El magistrado extiende además el procedimiento penal al socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, que revisó los estados contables presuntamente falseados que sirvieron al banco para debutar en el parqué madrileño.

Los recursos, rechazados

En la lista de acusados figuran también el ex ministro del Interior Ángel Acebes, el ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, el ex consejero de OHL Javier López Madrid y el ex consejero de Bankia José Antonio Moral Santín.

La decisión se conoce poco tiempo después de que la sección tercera de la Sala de lo Penal rechazara el último de los recursos contra el auto de procesamiento, en concreto el de la acusación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que al igual que la CIC instaba al tribunal a incluir en la causa a los antiguos responsables del Banco de España, entre ellos su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ex directivos de los organismos supervisores sí desfilaron como testigos y como investigados por la Audiencia Nacional, donde también comparecieron varios inspectores del Banco de España, alguno de los cuales mostró durante la prueba testifical sus reservas sobre la viabilidad de la entidad.

De la treintena de exconsejeros de Bankia, catorce de ellos ya fueron condenados por el caso de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid, si bien el Tribunal Supremo debe aún dilucidar su futuro y dictar una sentencia firme en los próximos meses.