Guerra en la M-30: Ferrovial y ACS piden a Carmena "daños y perjuicios" por sanciones "ilegales"

La guerra está servida en el Consejo de Administración de Calle 30, propietaria de la M-30 madrileña, la infraestructura española con mayor sobrecoste desde siempre. La única autopista que discurre íntegramente en los límites de una ciudad, circunvalándola, está conservada, gestionada y explotada por Emesa (Ferrovial y ACS, las cuales poseen a su vez un 20% de Calle 30). Emesa vive hoy una guerra judicial con el equipo de Ahora Madrid a raíz de las sanciones por, en teoría, incumplimientos del contrato, que ambas constructoras han empezado ya a abonar.

Pero en una carta remitida por Emesa al Consejo de Administración de Calle 30, Ferrovial y ACS (representada en la M-30 por su filial Dragados) rechazan las sanciones aplicadas por dicho consejo, en el que tiene mayoría el actual equipo de Gobierno. Así, ambas firmas seguirán "defendiendo ante los órganos administrativos y judiciales sus intereses". "Madrid Calle 30", lamenta el escrito al que ha tenido acceso El Independiente, "ha optado por la vía de la confrontación, asumiendo el riesgo de tener que indemnizar a Emesa de los graves daños y perjuicios que la exigencia injustificada e ilegal del pago de las penalizaciones va a causarle".

"Vía de la confrontación"

En otras palabras, Ferrovial y ACS, además de denunciar al ayuntamiento que dirige Manuela Carmena, exigirán daños y perjuicios al ver lesionada su imagen, además de la correspondiente devolución de las sanciones aplicadas, que apenas rebasan de momento el millón de euros: éstas se deben a casos como la no instalación del wifi para los trabajadores o igualmente a la no instalación del telecontrol de alumbrado a cielo abierto, de acuerdo con la versión municipal.

Para Ahora Madrid es "totalmente legítimo que reclamen a los tribunales". "Si consideran que se ha dañado su imagen, nos parece bien. El daño a la infraestructura por los incumplimientos también puede ser objeto de reclamación judicial", advierten en el Consistorio.

Según ambas firmas, "se nos dice que no hacemos determinadas labores, cuando la realidad es que acometemos otras relativas al mantenimiento que no estaban inicialmente previstas en los pliegos". Y entienden que el abono de las sanciones no supone "una aceptación de las decisiones de Madrid Calle 30" ni tampoco un "acto propio incompatible" con la defensa de los derechos de Emesa.

Ausencia de diálogo

También se acusa al ayuntamiento de castrar el diálogo y buscar la mencionada "confrontación". "La Sociedad [Calle 30] ni ha mostrado vía de diálogo que propiciase una solución no judicial ni ha permitido un aplazamiento de pago mientras esta cuestión se esté ventilando ante los tribunales al objeto de respetar esta decisión".

"Emesa nunca ha ofrecido la vía del diálogo", refutan desde el Consejo. "Siempre se ha dirigido mediante carta y burofax directamente al Ayuntamiento de Madrid", concretamente, aseguran en Cibeles, al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés. "Ignoran de nuevo que su relación contractual es como Madrid Calle 30", señalan. "La vía del diálogo no parece llegar a ningún punto porque niegan el incumplimiento y su responsabilidad frente a la oferta que presentaron y no cumplieron", sentencian en Ahora Madrid.

Revertir el modelo

La guerra está, pues, servida. De hecho, poco a poco se van despejando las conclusiones de la comisión de investigación que lanzó el Consistorio. Así, uno de los párrafos del dictamen final adelantado por la Cadena Ser habla de “revertir el modelo de gestión de la sociedad volviendo al modelo original de empresa 100% municipal y garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura”. Algo que a buen seguro rechaza Emesa.