La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), conocida como el 'lobby' o el 'think tank' del Ibex35 al contar en su patronato con las empresas más importantes de España --Banco Santander, Abertis, Telefónica, Repsol, Iberdrola o Caixabank--, ha publicado un informe de valoración del proyecto de nueva Ley de cupo vasco en el que se suma a las críticas vertidas por Ciudadanos y Compromís, que ya han anunciado que se opondrán a su tramitación parlamentaria.

El informe, firmado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, economista de cabecera del Gobierno para todo lo relacionado con la financiación autonómica --presidió la comisión de expertos a la que se encargaron las primeras recomendaciones para la reforma del sistema--, asegura, en cambio, que la nueva ley del cupo, que se tramita por la vía de urgencia y en lectura única, tiene más de "pacto político" que de riguroso ejercicio económico.

De esta forma, el informe se alinea con las críticas a la opacidad y el 'pactismo' vertidas por la formación del Albert Rivera, con la que Fedea ha sido relacionada en más de una ocasión, hasta el punto de situar a la Fundación detrás de las propuestas económicas presentadas en los últimos tiempos por su máximo responsable económico, Luis Garicano, quien, de hecho, figuraba como colaborador de la Fundación en 2010.

Un informe de Fedea habla de un pacto político vestido de Ley de Concierto

El texto publicado es duro con la norma que el Gobierno espera sacar adelante para asegurarse el apoyo del PNV a los Presupuestos de 2018. Señala que "resulta difícil evitar la conclusión de que el importe del cupo es fruto directo de un pacto político que después se viste con el ropaje de la Ley del Concierto".

Una explicación matemática para un acuerdo político

Para desmontar esta afirmación, De la Fuente recuerda que en la ley del cupo se establece cada cinco años una cuantía inicial o base y un índice de evolución que sirve para actualizar dicho cupo año a año durante el resto del quinquenio, en función de la evolución de los ingresos tributarios no cedidos del Estado. Así pues, el cupo se resume como la de estimación de la cantidad que el País Vasco paga cada año al Estado por las competencias no transferidas. Para el nuevo periodo, este cálculo parte de 1.300 millones de euros como cantidad base, frente a los 1.500 millones de los últimos años.

Además, en el cálculo se tienen en cuenta un ajuste de consumo del IVA, que consiste en una corrección técnica para que cada administración se quede con la parte del impuesto que en última instancia soportan sus ciudadanos y no con la que se ingresa físicamente en su territorio. Por último, también se descuenta de la base del cupo el déficit del Estado para evitar que el País Vasco pueda terminar pagando dos veces por el mismo gasto estatal.

Asegura que el actual resultado tiene muy dudoso encaje constitucional

Pues bien, el informe indica que este sistema ha traído tradicionalmente unos resultados financieros "extremadamente ventajosos" para el País Vasco, lo que se traduce en la práctica en que el nivel de financiación por habitante, en condiciones homogéneas con el resto de las comunidades, sean muy superiores al del resto. Esto, según De la Fuente, tiene un "muy dudoso encaje constitucional".

La razón, explica, se debe a que se infravaloran las competencias estatales no transferidas al País Vasco, de modo que lo que le toca a pagar es supuestamente irreal e inferior, y porque para calcular el ajuste del IVA se utilizan valores "enormemente desfasados" que no recogen con exactitud el peso del territorio en el consumo nacional.

Reducción de 250 millones en el año base

En una comparativa entre el cupo actual y la nueva Ley que se tramita de urgencia, el director de Fedea señala que el nuevo proyecto "no introduce novedades en lo esencial" respecto a la ley firmada en 2007, que ha sido prorrogada por la falta de acuerdo hasta ahora. "El texto mantiene los mismos coeficientes técnicos para el ajuste del consumo del IVA que se han usado desde hace décadas, perpetuando el problema existente".

Además, señala que se revisa el dato del déficit estatal y la valoración de las cargas no asumidas partiendo de los Presupuestos de 2017, lo que se traduce en una reducción del cupo líquido a pagar por el País Vasco en el año base de 250 millones de euros.

El resultado de la nueva Ley arroja una reducción del cantidad a pagar

No obstante, De la Fuente ve positivo una incremento considerable de las cargas no asumidas del Estado --del 26,2% del gasto primario del Estado al 42,3%--, sin que haya habido, no obstante, grandes cambios durante el periodo ni en el reparto de competencias ni en el patrón de gasto del Estado.  En su opinión, esto acercará la base del cupo al coste real de los servicios comunes que el Estado continúa prestando en todo el país.

Conclusión: se sigue diseñando con criterios políticos

El director de Fedea sigue viendo un trasfondo político en el diseño de la nueva Ley del cupo y arroja duras críticas sobre este proceder: "Puede ser muy difícil evitar cuando es necesario completar mayorías para gobernar o para aprobar presupuestos, pero desde luego no es la mejor forma de avanzar hacia un diseño coherente y equitativo del modelo de financiación territorial".

En esta línea, el grupo de expertos que presidió para plantear propuestas de reforma del sistema de financiación autonómica ya avanzó que tanto el cupo vasco como el régimen foral de Navarra deberían recalcularse de forma que participaran más de los mecanismos de nivelación interterritorial, como también ha puesto de manifiesto Ciudadanos.