Bruselas investiga a España por dar ayudas de 440 millones a las centrales de carbón

En plena batalla entre las eléctricas y el Gobierno por el cierre de las centrales de carbón, la Comisión Europea enmaraña aún más la polémica. Bruselas ya confirmó la pasada semana que está analizando la legalidad del decreto que prepara el Ministerio de Energía para vetar el cierre de centrales eléctricas, con el objetivo declarado de no dejar cerrar plantas de carbón y nucleares.

Y ahora el Ejecutivo comunitario echa más leña al fuego y ha abierto una investigación en profundidad para determinar si son ilegales las ayudas públicas de 440 millones repartidas por España a catorce plantas de carbón para reducir sus emisiones contaminantes.

España empezó hace una década a conceder a las eléctricas incentivos para financiar el cambio de filtros de óxido de azufre en sus centrales de carbón para así reducir las emisiones de este compuesto por debajo de los límites fijados por la Unión Europea.

Las plantas tienen derecho a recibir ayudas públicas en función del tamaño de la central durante un periodo de diez años. Desde entonces más de 440 millones se han repartido ya. El programa, que se activa en función de cuándo solicitan las ayudas las compañías, tiene previstos seguir realizando pagos a las instalaciones de carbón hasta 2020.

A la espera de los resultados de la investigación, la Comisión Europea sospecha actualmente que con este programa de ayudas el Gobierno en realidad “no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente”.

Esto es, no se animaba a las eléctricas a recortar sus emisiones, sino que se ayudaba a financiar los costes que estaban obligados a asumir para cumplir la legislación. "Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle", subraya el Ejecutivo comunitario. Los estados miembro “no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan con las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente".

"Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE. Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente", explica en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.