Los funcionarios del Estado cobran un 25% menos que en las comunidades autónomas

Los alrededor de 250.000 funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) --Ministerios, organismos, entes, entidades gestoras e instituciones penitenciarias-- cobran de media un 25% menos que los que trabajan en las comunidades autónomas en puestos y con responsabilidades similares por contar con menores ingresos por complementos, según un pormenorizado informe del sindicato CSI-F.

Esta brecha existe con cualquier autonomía que se compare y en cualquier nivel de responsabilidad o grupo --las plantillas públicas se organizan en grupos y niveles--, aunque en muchos casos los funcionarios de una u otra administración comparten incluso locales u oficinas.

El estudio parte de una comparación de sueldos base, complementos de destino y complementos específicos, sin contar con trienios o los trabajos extraordinarios. El primero de estos tres conceptos es igual para todos los empleados públicos, por lo que la diferencia sustancial se produce en el caso de las cantidades ingresadas por complementos específicos.

Y es que existen hasta 110 de estos complementos que van desde los 29.321,4 euros al año, hasta los 3.179,8 euros en función de los niveles dentro del cuerpo de funcionarios. Además, hay un abanico de retribuciones dentro del mismo puesto. Por ejemplo, en el nivel 18 y Grupo C de personal auxiliar administrativo, hay una oscilación entre los 3.179,8 euros y los 5.632 euros.

En este punto, CSI-F suma a los mismos conceptos retributivos en las comunidades autónomas otros tramos o conceptos retributivos que cobran todos los funcionarios y la carrera profesional, que no está desarrollada en la AGE,  lo que impide prosperar salarialmente a profesionales de diferentes ámbitos, como ingenieros aerodinámicos o inspectores de transportes.

Diferencias de 550 euros al mes en Justicia

Otros ámbitos del sector público tienen sus problemas específicos. En la administración de Justicia, algunas comunidades autónomas tienen competencias de gestión de medios materiales y personales. Así, pueden establecer complementos específicos que dan lugar a situaciones paradógicas: siendo cuerpos de carácter nacional y realizando las mismas funciones en todo el territorio nacional, las retribuciones pueden variar de más de 550 euros, según territorios o cuerpos.

En cuanto al personal laboral, los salarios se fijan en los convenios colectivos, por lo que las retribuciones básicas no son iguales en las diferentes comunidades autónomas y en muchos casos no existen ni siquiera ingresos complementarios. De hecho, el convenio único de la Administración del Estado está por cerrarse en estos momentos y los sindicatos están luchando por reducir en este marco las actuales discriminaciones.

Algunos ejemplos de la brecha

El informe de CSI-F muestra claros ejemplos de diferencias retributivas como las que se están produciendo en Cataluña. Un funcionario del grupo A1 y nivel 28 cobra en el Estado unos 41.000 euros al año, mientras que en la comunidad autónoma ganaría algo más de 61.600 euros, casi 21.000 euros más. En Madrid esta brecha no es tan amplia, solo sería de 5.460 euros.

En términos relativos, un funcionario de la AGE del nivel 18 cobraría un 33% más en Navarra, un 30% más en el País Vasco o un 25%, en Asturias.

Los centros penitenciarios, fuente de desigualdad

Como ha trascendido en las últimas semanas, la palma de las desigualdades se la llevan los funcionarios de las instituciones penitenciarias. En este caso, Cataluña es la única comunidad autónoma con las competencias transferidas. Con esta excepcionalidad, un trabajador del Estado del grupo A1 y nivel 28 cobra al año 40.800,4 euros al año, mientras que en Cataluña su sueldo se eleva hasta los 72.838,5 euros, casi el doble.

Las diferencias son igual de sangrantes para los grupos A2, C1 o C2, para los que este agujero alcanza en ciertos niveles los 10.757,9, 20.055,2 y los 16.513,4 euros anuales, respectivamente.

Más de 1.500 millones de euros en nóminas perdidas

Por último, el informe echa la vista atrás de la pérdida de masa salarial entre los funcionarios del Estado desde 2010, cuando comenzaron a aplicarse los recortes para paliar los efectos de la crisis económica sobre déficit público. CSI-F calcula que la pérdida total de masa salarial alcanza ya los 1.657,2 millones de euros.

En el año 2016, la nómina de los funcionarios se situó en los 3.247,1 millones de euros, frente a los 3.552,9 millones de la factura salarial de 2010.