Guiño al taxi: Fomento trabaja en un decreto para endurecer los controles a Uber y Cabify

El Ministerio de Fomento ha anunciado que ya está trabajando en un Real Decreto para "garantizar una convivencia ordenada y equilibrada" entre el sector del Taxi y los conductores con licencia VTC, justo unas horas antes de la manifestación que paralizará el centro de Madrid y que estará acompañada con una huelga de taxistas de 24 horas en toda España.

"Este nuevo decreto está orientado a mejorar la situación en el sector del taxi y en el de alquiler de vehículos con conductor dada la relevancia que para la movilidad ciudadana tiene el transporte público de viajeros", reza la nota que ha publicado Fomento este martes.

Este Real Decreto, que tendría que ser aprobado por el Consejo de Ministros una vez redactado, es un guiño del Ministerio al sector del Taxi, especialmente combativo desde que el Tribunal Supremo aprobó la concesión de nuevas licencias VTC por el vacío legal de la Ley Ómnibus, en un litigio que llevaba años en los tribunales.

Fomento promete "garantizar" la exigencia de una contratación previa para estos vehículos

Con estas nuevas normas también cumplirán algunas de las demandas históricas de estos conductores. El taxi siempre ha alegado que Uber y Cabify captan ilegalmente clientes a pie de calle, algo prohibido para este tipo de transporte. "Se pretende garantizar la exigencia del requisito de contratación previa para este tipo de vehículos", es decir, que el usuario lo solicite a través de la aplicación, "evitando que los mismos capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en sitios de gran concentración", reza la nota.

Estos lugares son, simplemente, los aeropuertos o las estaciones de tren, puntos reservados para los taxistas pero en los que cada vez es más habitual ver vehículos de Uber o Cabify recogiendo o llevando pasajeros, algo que pueden hacer siempre que exista una reserva previa.

"Control más eficaz"

Fomento, de la misma manera, también se compromete a "realizar un control mucho más eficaz del cumplimiento de la norma de habitualidad". Esta regla dicta que un vehículo con una licencia VTC puede realizar un máximo de un 20% de sus servicios trimestrales fuera de la Comunidad Autónoma que le otorgó la autorización.

El Ministerio también se compromete a reforzar los controles a los vehículos de Uber y Cabify. Estas comprobaciones consisten en que un inspector, vestido de calle, pide uno de estos coches y, una vez dentro, solicita toda la documentación al conductor.

"La inspección y control de los servicios VTC seguirá siendo un objetivo primordial dentro del Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carrtera", afirma el departamento ."Además, se reforzará la lucha contra el intrusismo y el fraude por la prestación de estos servicios.

Responsabilidad de los Ayuntamientos

En dicho comunicado, Fomento también traslada a las Administraciones Locales la verdadera gestión y concesión de las licencias VTC. "La gestión y el otorgamiento de las licencias es competencia de los ayuntamientos quienes, junto con las Comunidades Autónomas, aprueban las tarifas y el número de licencias", afirman.

Este Real Decreto es un verdadero espaldarazo para los taxistas, pero el Ministerio que dirige Íñigo de la Serna no termina de comprometerse del todo y sigue derivando las responsabilidades más allá de sus competencias. Lo afirman, de hecho, claramente: "El Ministerio no tiene competencias en la regulación del sector ni en el otorgamiento de licencias".

El Ministerio no tiene competencias para regular el otorgamiento de licencias"

Más allá de no terminar de asumir responsabilidades, además, el Ejecutivo culpa a la Ley Ómnibus aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2009. Esta norma provocó un vacío legal alrededor de las licencias VTC que se concedieron por entonces y cuyos solicitantes llevan años litigando para recibirlas, algo que ya se está produciendo tras la decisión del Tribunal Supremo.

En esta situación están miles de licencias concedidas entre 2009 y 2013, cuando se modificó una vez más la regulación "en materia de arrendamiento de vehículos con conductor", lo que solucionó "el problema de inseguridad jurídica" en el que se encontraban.

Fue en ese momento cuando se instaló la famosa norma de las 30 licencias de taxi por cada licencia VTC, una cuota que no se cumple ni de lejos. Y en Fomento lo saben, pero reconocen que "el Gobierno no tiene capacidad para actuar frente a autorizaciones que se están otorgando en vía judicial aunque se esté superando el ratio del 1/30".