La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) va cerrando poco a poco los detalles de la auditoría que llevará a cabo durante los próximos tres años para revisar el grado de calidad del gasto público, es decir, para saber si se da un buen uso al dinero que se recauda por los impuestos. Un ejercicio que se ha iniciado ya con la revisión de subvenciones por importe de unos 18.000 millones de euros y que debería ofrecer los primeros resultados a finales ya de este año.

El objetivo es detectar ineficiencias en el gasto y abrir márgenes para poder dedicar el Presupuesto a partidas más necesarias o emplearlo con los mismos objetivos, pero de una manera más útil. También para, en caso de ser necesarios nuevos recortes presupuestarios, poder hacerlo allí donde menos daño puedan hacer y evitar los tijeretazos que tuvieron lugar en la educación o la sanidad en los peores años de la crisis.

Pero igual de importante o más es que, con este primer paso, de lo que se trata es de implantar en España una cultura de las autoevaluación en la Administración. Algo que en estos momentos no existe. Y es que, si bien el Tribunal de Cuentas o la Intervención General del Estado (IGAE) llevan a cabo tareas de fiscalización, éstas tienen más que ver con los procedimientos y la legalidad en las que se desarrollan las políticas públicas, que con sus resultados, según expuso el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso este miércoles.

La idea de auditar el gasto público parte de la Comisión Europea y del Eurogrupo, que vienen recomendando desde 2016 a España y el resto de países de la UE que lleven a cabo esta autoevaluación bajo el aviso de que en 2018 deberán pasar un examen comunitario. Por eso, el Gobierno le encargó a la AIReF el pasado verano que tomara las riendas de esta recomendación y, por eso, la Autoridad Fiscal lleva desde entonces reuniéndose con la práctica totalidad de los ministerios y las comunidades autónomas, no solo para recabar datos, que en muchas ocasiones se les niegan, sino también para asegurarse de que existe el compromiso de que se pondrán en práctica los cambios necesarios a partir de las conclusiones que se extraigan.

Con esta base, la AIReF llevará a cabo un análisis de los procedimientos y las estrategias de cada una de las administraciones, también del grado de coordinación entre las diferentes administraciones, pero a continuación empezará a responder, por fin, a la eterna pregunta: ¿Para qué sirven nuestros impuestos?

El pozo de las subvenciones

Tras llevar a cabo un par de proyectos piloto --uno en la Generalitat sobre la viabilidad de recuperar la concesión del eje trasversal C-25, la autovía que conecta Lleida y Girona, y otro sobre la nacionalización del sector público empresarial cántabro--, la AIReF se ha centrado en el análisis serán los medicamentos dispensados a través de receta médica.

La primera evaluación se centrará en 10.000 millones de euros en medicamentos extra-hospitalarios

Dentro del paraguas del Ministerio de Sanidad, se pondrán bajo la lupa la Ley de copago sanitario, los sistemas de formación de precios o el listado de medicamentos financiables, para conocer los posibles problemas que puede haber del lado de la oferta en la Administración Central, que decide qué medicamentos financiar y a qué precios.

Además, la documentación disponible de la AIReF hace alusión también al seguimiento en las comunidades autónomas. Concretamente al sistema de subastas andaluz, envuelto en la polémica desde que se puso en marcha en 2012 como una fórmula de ahorro para el ciudadano, puesto que supuestamente obligaría a las grandes farmacéuticas a rebajar el precio de sus productos para poder vendérselos al Sistema Andaluz de Salud (SAS). Desde entonces, han proliferado las críticas sobre su supuesta opacidad y la falta de medicamentos de primera mano en las farmacias.

En todo ello están implicados alrededor de 10.000 millones de euros solo en farmacia extra-hospitalaria. El objetivo será evaluar su eficiencia y también el grado de eficacia de los medicamentos.

Evaluación de las políticas activas de empleo

Otro ámbito tiene que ver con las políticas activas de empleo a nivel estatal y de las comunidades autónomas. Un canal por el que se mueven subvenciones por importe de 5.000 millones de euros al año (sin contar el presupuesto para la Garantía Juvenil, que se nutre de fondos europeos).

En este caso, los auditados serán las oficinas de empleo, encargadas de gestionar las transferencias del Estado que reciben las comunidades autónomas, y los centros de formación, que son las que las ejecutan. Lo que se someterá a evaluación será la eficacia de este proceso, es decir, si mejora o no la empleabilidad de los desempleados beneficiarios.

El Estado y la CCAA rendirán cuentas por 2.000 millones en subvenciones al empleo

El tercer nicho de análisis, con un importe muy inferior, cercano a los 2.000 millones de euros, será el de la concesión de becas del curso 2014-2015, que en un 76% fueron financiadas por el Ministerio de Educación. En este caso, lo que se trata es de averiguar si ese dinero animó las matriculaciones y mejoró el rendimiento académico de los alumnos que las recibieron.

Evaluación de las ayudas a la I+D+i

Otro de los ministerios que rendirán cuentas a la AIReF será el de Economía y Competitividad, más concretamente sobre los planes desplegados para promocionar el talento y el empleo dentro del campo de la I+D+i. En este caso, el gasto a revisar es menor, de solo 150 millones de euros anuales entre contratos predoctorales para la formación de los doctores en universidades y centro públicos nacionales y de doctores que tuvieran una trayectoria contrastada.

También se analizará dentro del perímetro de Economía la estrategia desplegada para fortalecer la competitividad de las empresas, en relación con su capacidad de generar crecimiento económico y empleo. La idea es valorar la eficacia de los 811 millones de euros movilizados en 2017 para la financiación de nuevos negocios, el traslado de otros, la ampliación de la capacidad de producción de determinadas empresas o la mejora de ciertas líneas de producción.

La AIReF busca funcionarios para engrosar su nueva unidad de auditoría del gasto público

Por último, la Autoridad Fiscal revisará la eficacia de los 180 millones de euros que se destinan a la financiación del Servicio Postal Universal.

Los 14 que evaluarán el gasto público

El hecho de haber desarrollado ya algunos proyectos piloto ha permitido a la AIReF conocer cuál será la dimensión del ingente trabajo que tendrá que desarrollar durante los próximos años.

Por eso, el organismo ha creado ya una unidad dedicada solamente a la evaluación del gasto público que, de momento, ha echado a andar con siete nuevos miembros en plantilla.

Para el año que viene se espera sumar siete efectivos más y para ello se está buscando perfiles entre los funcionarios de la Administración. Además, se está discutiendo cuál deberá ser la nueva dotación presupuestaria, aunque la UE quiere participar en el proyecto.