La fortuna de la familia Del Pino ha sido golpeada por la resolución de Popular y venta exprés a Santander por un euro el pasado 7 de junio, tal como publicó El Independiente. Sus Sicav Allocation y Match Ten tenían una exposición cercana al millón de euros en bonos de Popular que, de un día a otro, perdieron todo su valor.
Ahora, Pactio Gestión, la sociedad gestora de las Sicav, controladas por una de las familias más acaudaladas de España, ha iniciado acciones legales contra el Estado español y Europa para tratar de recuperar los 570.000 euros perdidos en Allocation y los 380.000 euros de Match Ten.
Por un lado, Pactio ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución de la Comisión Rectora del FROB, controlado por el Estado, el 7 de junio. Junto a ello, un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Junta Única de Resolución, según consta en los archivos de la CNMV.
La acaudalada familia tenía deuda subordinada de Popular en las Sicav Allocation y Match Ten
Ambos recursos se encuentran pendientes de admisión a trámite, según reconoce la firma gestora en un documento remitido al regulador de los mercados.
No es el único frente abierto de la familia Del Pino en los tribunales relacionados con inversiones fallidas. En la junta de accionistas de Match Ten, celebrada en octubre, informó a los accionistas de la recuperación de un importe de unos 2,8 millones de euros procedentes de una demanda colectiva contra JP Morgan por la multimillonaria estafa de Bernad Madoff, que permitirá al fondo seguir sufragando los costes de los procesos judiciales en defensa de los inversores.
La citada sicav mantiene en cartera el fondo Luxembourg Investment Fund (LIF)- Us Equity Plus, afectado por el fraude piramidal que estalló a finales 2008.
Ha recuperado recientemente 2,8 millones perdidos por el fraude de Madoff
La sociedad gestora informa de los últimos acontecimientos judiciales relativos al procedimiento seguido por LIF contra UBS.
"Respecto a la posibilidad de que los inversores pudiesen emprender acciones judiciales directas contra UBS y demás entidades relacionadas con el fondo, el Tribunal Supremo luxemburgués ha confirmado que no pueden ejercitarse tales acciones y, por tanto, es la propia entidad la única habilitada para hacerlo", explica Pactio.
Respecto a la negativa por parte del supervisor luxemburgués, CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), de remitir determinada información al Tribunal, que ha sido objeto de diferentes procedimientos judiciales, el Tribunal de Apelaciones del Ducado falló en contra de la apelación el pasado mes de julio. Por tanto, ha obligado a la CSSF a aportar la documentación requerida al proceso.
El Tribunal de Apelaciones luxemburgués también ha desestimado la demanda por parte de UBS para que se paralizase la reclamación civil hasta que determinados procedimientos penales estuviesen finalizados (procedimiento en el cual los inversores, a través de los liquidadores, están reclamando sus derechos).
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