El sector público vive una situación laboral distinta a la del sector privado. De los tres millones de empleados que aparecen en la EPA, 2,4 millones llevan más de seis años en la nómina de alguna administración. Se trata de más del 80% del total de los asalariados.

A pesar de la Ley de Racionalización y Modernización de las Administraciones Públicas, su población laboral, claramente envejecida al no verse afectada por las reformas laborales y los ajustes, acumula una ingente cantidad de trienios con la diferencia añadida respecto al sector privado de que se pagan en su integridad. En muchos casos, estos abonos superan las cuantías de las pagas extraordinarias.

Así, si al inicio de la crisis los mayores de 50 años de edad representaban el 27% de los empleados públicos totales, ahora la cifra supera el 42%. Es más, por encima de los 45 años de edad se encuentra casi el 60% de estos trabajadores. La antigüedad y, por tanto, la percepción de trienios, es mayor en la Administración Central que en las territoriales.

El 65% de los funcionarios de los ministerios tiene más de 50 años"

Por ejemplo, según datos del Boletín Estadístico del ministerio de Hacienda y Función Pública, el 65% de los funcionarios de los ministerios tiene más de 50 años y llega al 70% en el caso del personal laboral. Aunque no hay una estadística oficial de esta acumulación de años de antigüedad, hay casos de empleados que sobrepasan el medio siglo en la misma entidad pagadora.

Según fuentes sindicales, la antigüedad media en las administraciones se acerca a los 9 trienios, es decir, cada empleado público lleva cobrando una nómina pública y sus pluses salariales más de 25 años. E irá aumentando. El Gobierno ha previsto para 2017, según figura en las diferentes partidas de los Presupuestos Generales del Estado, un gasto de 1.001 millones de euros para pagar exclusivamente los trienios de los 451.000 funcionarios de carrera de la Administración Central.

[infogram id="_/hk06h6rZaWLu9EiB6ANm" prefix="X2S" format="interactive" title="Los trienios y su coste en la Administración Central"]

La cifra real es muy superior ya que estos datos no contemplan los costes del Congreso y Senado, Junta Electoral Central, Defensor del Pueblo, Casa Real, CNI, Seguridad Social o los funcionarios adscritos a la sección de los Presupuestos Generales del Estado de Diversos Ministerios. Tampoco constan las partidas de este gasto relativas al personal laboral de los departamentos ministeriales y sus organismos autónomos, agencias y otras entidades (cerca de 70.000 personas) que se ubican en un apartado genérico de Otras remuneraciones para el personal que incluye varios complementos.

No figuran en estas cifras, además, los pluses de los trienios de las empresas públicas ni los de 1,1 millones de funcionarios de carrera de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ni de su personal laboral y otro tipo de personal (otro millón largo de empleados) que aparecen en el Registro del Personal Público. El pago total de la enorme bola de trienios, tanto de funcionarios como del personal laboral del conjunto de las administraciones públicas, supera con creces los 7.000 millones de euros anuales.

Esos 1.001 millones de euros de gasto equivalen al 7,1% de la masa salarial total de los funcionarios de la Administración Central, que alcanza los casi 14.000 millones. Es decir, siete de cada 100 euros que cobra cada funcionario corresponde a su permanencia en un puesto público. Cada trienio recibe una remuneración (plus) en 2017 de hasta 517 euros según el grupo profesional. Esta cantidad se actualiza cada año con los consiguientes deslizamientos salariales en ejercicios posteriores.

Los casi 4.000 funcionarios de Fomento cobran una media de 3.000 euros anuales"

La cifra llega a casi el 10% de la masa salarial que abona el ministerio de Sanidad, cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas; al 8,9% de Fomento; al 8,7% de Justicia; al 8,5% de Agricultura; al 8,4% de Energía; y al 8% del Tribunal Constitucional o del Consejo de Estado. Cada funcionario percibe una media de unos 2.200 euros anuales por este complemento de antigüedad.

Pero, por ejemplo, los casi 4.000 funcionarios de Fomento cobran una media de 3.000 euros anuales por su antigüedad. Una cifra similar perciben los casi 12.000 de Economía, los 2.350 de Energía y los más de 2.100 funcionarios de Sanidad. Por su parte, los 700 empleados del Tribunal de Cuentas superan los 4.000 euros; los casi 25.000 de Justicia alcanzan los 4.400 euros y los 334 del Consejo General del Poder Judicial lideran el ranking con 4.900 euros anules cada uno.

En el otro extremo se sitúa el ministerio de Empleo que, al tener empleados con menos edad laboral, perciben una media de 1.700 euros de pago anual. En todo caso, de los 25 millones que dedica este departamento a abonar trienios, la mitad corresponden al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que también tiene transferidas sus competencias a las autonomías.

En términos absolutos, el ministerio del Interior es el que tiene una población laboral con mayor tiempo en el empleo ya que es quién más se gasta en pagar trienios. Dedica casi 484 millones de euros. De ellos, 126 millones corresponden a la Guardia Civil y 113 a la Policía Nacional para el programa de seguridad ciudadana. Le sigue Defensa, con 301 millones; Justicia, con 109 millones; y Hacienda, con 76 millones. En este último departamento, la elevada cifra se debe a la elevada edad de los funcionarios de la Agencia Tributaria, que tiene que emplear casi 51 millones de su presupuesto total (633 millones) para pagar antigüedades a sus 23.438 funcionarios.

Los altos cargos, un nicho de antigüedad

Según los datos del Portal de la Transparencia, los 388 altos cargos de los ministerios que son funcionarios, acumularon 3.605 trienios en 2016. Es decir, los encargados de aplicar directamente la Ley de Racionalización y Modernización de las Administraciones Públicas sumaron casi 11.000 años de antigüedad laboral. La media individual es de unos 10 trienios. Por tanto, cada uno lleva casi 30 años cobrando una nómina pública, y cuánto más antigüedad acumula mayor es el coste para el erario público.

El ministerio de Exteriores es el que tiene más altos cargos con mayor edad y con más antigüedad. Sus 145 altos representantes (embajadores en su mayoría) suman 1.445 trienios, con una media de 10 por persona. Le sigue Defensa, con 42 cargos que acumulan 523 trienios (12 de media por persona, es decir, 36 años en la misma ‘empresa’).

Una media individual de 25 años en la Administración

Por su parte, los 53 altos funcionarios de Hacienda acumulan 446 trienios. Sale una media individual de 25 años en la Administración. Economía suma 239 trienios para 18 personas (casi 22 años de media de permanencia pública). Fomento dispone de 16 altos cargos con 146 trienios y, por ejemplo, Presidencia del Gobierno, tiene 17 que suman 125 trienios , es decir, llevan unos 22 años de media en el sector público.

A título individual, el récord de años en la Administración Central lo mantiene el presidente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que acumula 16 trienios y que le aportan cerca de 9.000 euros anuales de ingresos. Lleva unos 50 años cobrando una nómina estatal. Con la misma antigüedad aparece en 2016 el director general de Formación Profesional del ministerio de Educación, que salió del cargo en noviembre del año pasado en la nueva legislatura.

Precisamente fue sustituido por un funcionario con sólo cinco trienios. Con 15 trienios (más de 45 años en el sector público) figuran tres representantes de Defensa: el presidente del Ceseden (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional), el Jefe de Mando de Canarias, y el Jefe del Mando de personal. Con 14 trienios hay otros 29 altos cargo.

En este grupo se encuentra también Cristóbal Montoro con 45 años en la función pública

La mayoría son embajadores (entre ellos los de Corea del Sur, Portugal o Suecia); mandos de Defensa y algunos de Hacienda (entre ellos el director general del Parque Móvil), Economía (entre otros la presidenta de la CNMV que dejó el cargo en noviembre) y de Empleo (entre otros, la directora general del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). En este grupo se encuentra también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Catedrático de Hacienda Pública por la Universidad de Cantabria, con cerca ya de los 45 años en la función pública y con casi 8.000 euros anuales de ingresos por antigüedad.

Y, por ejemplo, hay 36 altos cargos con 13 trienios (casi 40 años en la administración); 34 con 12 (más de 35 años en el sector público); 31 con 11 (33 años acumulados); y 51 con 10 trienios (más de 30 años en una nómina pública). Este grupo (186) representa casi la mitad de los altos cargos del Estado y acumula en la Administración Central 6.537 años (2.179 trienios). Por su parte, el nuevo director general de Deportes es el alto cargo que menos trienios tiene acumulados, sólo dos.