Es la estrategia más habitual del defraudador. Condenado por la Justicia y acreditado que delinquió al no cumplir con sus obligaciones tributarias sólo le resta la última argucia: declararse insolvente para no hacer frente al pago de la deuda con Hacienda, de la multa con la Justicia y, en el peor de los casos, evitar su ingreso en prisión. Para entonces habrán transcurrido cuatro, cinco o seis años desde que el proceso contra él se inició, tiempo más que suficiente para idear y planificar una estrategia para desprenderse de su patrimonio de las maneras más inverosímiles. ¿Es cierta la insolvencia o sólo una estrategia planificada durante años?

En el País Vasco inspectores y jueces decidieron aliarse para desenmascarar a los delincuentes con el fisco que culminaban su burla a la administración con una pobreza fingida. Para ello, en Vizcaya la Hacienda foral creó en junio pasado un reducido grupo de expertos dedicados a rastrear la vida de los condenados y a su entorno en busca de pistas.

Y entre todas ellas, las redes sociales se han convertido en muchos casos en una fuente inagotable de indicios. Además de investigar archivos contables, registros mercantiles, tomar declaraciones y analizar cuentas corrientes, los inspectores del denominado Grupo Operativo de Investigación Concursal (GOIKOA) navegan mucho por las redes sociales. Un análisis minucioso de la actividad que en ellas refleje el condenado o su entorno pueden ser claves para verificar cuál es su nivel de vida, el lugar en el que ahora reside, sus aficiones o hábitos sociales o si aún mantiene relaciones empresariales que le reporten ingresos. Una imagen en Facebook, un comentario en twitter o el vídeo de las vacaciones de lujo en Instagram pueden facilitar mucha información sobre la solvencia económica del condenado.

Una imagen, un comentario o un vídeo en las redes pueden ser una pista clave para acreditar las solvencia de un condenado por delito fiscal

Una labor que no sólo ha permitido valiosa información sobre la situación del defraudador sino también aflorar irregularidades fiscales nuevas contra él o incluso contra personas de su entorno, posibles colaboradores en su engaño a la Hacienda y la Justicia y tras las cuales se han abierto nuevas investigaciones.

Los tres inspectores especializados, -a los que próximamente se unirán otros tres- localizaron así a un contribuyente vizcaíno, condenado por un delito fiscal y que se había declarado insolvente para eludir el pago de la deuda de 2,5 millones de euros, la multa y su ingreso en prisión. Las pruebas obtenidas por el trabajo de rastreo a su entorno personal y profesional han permitido detectar que está huido en México, que aún hoy obtiene ingresos de una empresa que él mismo ha creado en Panamá a través de varios familiares y empresas pantalla y que por tanto, su declarada insolvencia es cuestionable. La Justicia ha dictado ya una orden internacional de busca y captura.

Investigaciones complejas

Junto a ella, en los últimos meses se han logrado cerrar otros dos expedientes de condenados por delito fiscal y a los que gracias a la investigación de su actividad en redes sociales, sus relaciones personales, su entorno profesional se descubrió que había renunciado al cobro de dos herencias para no tener así que asumir la deuda y la condena de la Justicia. Actualmente, el equipo de inspectores de la Hacienda de Vizcaya trabaja rastreando la vida de otros once condenados que se han declarado insolventes. Otros ocho casos esperan en los cajones de sus despachos para iniciarse próximamente.

Son investigaciones complejas que requieren meses de trabajo. Mientras el contribuyente condenado por los tribunales evita, bien huyendo del país, bien reafirmándose en su insolvencia, cumplir con Hacienda y con la condena impuesta, los inspectores de Vizcaya trabajan para encontrar pruebas que permitan concluir que está lejos de ser insolvente. La investigación pasa por analizar cuentas bancarias, requerir información a otras administraciones, a la seguridad social, a notarios, a registros mercantiles, tomar testimonios a personas de su entorno, investigar sus domicilios, etc. Cualquier vía para poder localizar un bien o parte del patrimonio que a menudo permanece oculto en manos de familiares, amigos o colaboradores.

Inspectores de la Hacienda vizcaína rastrear cuentas corrientes, redes sociales, domicilios y documentación del condenado y su entorno

No es éste el único grupo especializado creado en la hacienda vizcaína para luchar contra los delitos fiscales. Junto al GOIKO, este año se ha puesto en marcha una nueva línea de trabajo dentro de la Unidad de Fiscalidad Internacional en la que un equipo de nueve inspectores rastrear a empresas multinacionales con base o presencia en Vizcaya para localizar posibles herramientas de elusión a través de una reducción ficticia de la base imponible del Impuesto de Sociedades. Los llamados “ajustes negativos” de este impuesto declarados por algunas empresas levantaron sospechas ya en 2015 y 2016, ejercicios en los que se reclamó información justificante a 123 compañías. En los requerimientos se les solicitaba información sobre la aminoración de la base imponible entre los ejercicios 2010 y 2013. Entre todas ellas sumaban una reducción de la base a aplicar el Impuesto de Sociedades de 4.000 millones.

Beneficios declarados en Suiza

En la mayoría de los casos el ajuste fue correcto, no así en ocho de las sociedades analizadas y en las que se concluyó que debían haber tributado en Vizcaya por una parte de su actividad. Todas ellas habían declarado los beneficios en Suiza. Los inspectores permitieron acreditar que mucha de su actividad debería haberse declarado en Vizcaya. El resultado de la operación supuso un importe a ingresar para las arcas vizcaínas de 125,9 millones de euros que ya han sido cobrados íntegramente.

Ahora, esta Unidad de Fiscalidad Internacional investiga a otros tres grupos internacionales y se ha requerido información a otras 37 empresas para analizar el modo en el que han aminorado su base imponible del Impuesto de Sociedades por un total de 1.000 millones de euros. También se inspecciona a cinco compañías para determinar si su política de precios de transferencia entre empresas del grupo se ajusta a la normativa o su han alterado de modo ficticio los precios para trasladar los beneficios a las sociedades ubicadas en países con baja tributación.