La CNMC lleva hasta el Supremo su guerra con el Gobierno por quitarle competencias

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) recrudece su enfrentamiento con el Gobierno y activa la batalla legal contra la decisión del Ejecutivo de quitarle más competencias para cedérselas al Ministerio de Energía.

El supervisor ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el  decreto que cede nuevas competencias en energía y telecomunicaciones al Ministerio de Energía y que reorganiza las subdirecciones del departamento que comanda Álvaro Nadal para adaptarlas a las nuevas labores.

El enfrentamiento entre la CNMC y el Gobierno por el reparto de competencias viene de lejos. El regulador lleva tiempo quejándose abiertamente de que el Ejecutivo le quita competencias e incluso que incumple la legislación europea al no traspasarle algunas otras que mantiene. Y cuando el choque entre ambos era ya directo, el Ministerio de Energía asume ahora nuevas labores hasta ahora asignadas al supervisor.

Guerra en Bruselas

En el último decreto, publicado el 14 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se reflejan todas las funciones que recaen en la Secretaría de Estado de Energía y en la de Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Entre ellas, se recoge una especialmente delicada: el Gobierno confirma como propia la competencia de fijar los peajes del sistema eléctrico.

Y ha sido el empeño del Ministerio de Energía por mantener esa competencia y no cederla a la CNMC la que ha provocado que la Comisión Europea –tras tres años de investigación- haya abierto un procedimiento de infracción contra España, y que llegara a amenazar con denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que deje de ejercer el control directo que mantiene sobre parte de la factura eléctrica.

Bruselas exige al Ministerio de Energía que ceda la fijación de los peajes de acceso del sistema eléctrico a la CNMC como marca la normativa europea. Los peajes de acceso que determina el Ministerio de Energía sirven para cubrir los costes regulados del sistema (transporte, distribución, primas a renovables, ayudas al carbón…) y representan cerca de un 45% de la factura eléctrica total que acaban pagando los clientes.

El Ministerio de Energía se resiste a ceder estas funciones a la CNMC y ha defendido con insistencia ante Bruselas que la fijación de la cuantía de los peajes es una labor clave de la política energética de cualquier gobierno y que debería mantenerse su carácter político, y no exclusivamente técnico.

El Ejecutivo ha remitido a Bruselas una propuesta de nuevo modelo con el que cede a la CNMC el reparto de los peajes eléctricos, pero con la condición de que sea cumpliendo las directrices que marque el propio Ministerio de Energía, según confirmó Álvaro Nadal en el Congreso de los Diputados.

La legislación comunitaria establece  que deben ser los supervisores independientes los que fijen los peajes eléctricas y del gas, para evitar que el Gobierno haga política con las facturas de energía. En los últimos años que la fijación de los peajes esté en manos sólo del Ministerio de Energía ha hecho posible rebajas del recibo en año electoral, que se prometa que estarán congelados los peajes durante toda la legislatura o pactar un recorte especial del recibo de la industria vasca en la negociación con el PNV de los Presupuestos Generales del Estado.

Competencias y ‘cortinas de humo’

El Gobierno se dispone a segregar la CNMC en dos organismos, uno que se encargará de la competencia y la unidad de mercado, y otro que estará destinada a la supervisión de sectores y mercados (energía, transporte aéreo y ferroviario, telecomunicaciones y los servicios postales).

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemda, ha denunciado que el debate sobre el modelo del organismo es sólo “cortina de humo” para “enmascarar la cuestión nuclear que son las competencias que tiene y debe tener el supervisor”.

“El debate sobre el modelo de la CNMC apenas araña la superficie de la verdadera cuestión. Lo importante es el contenido de las instituciones, sus competencias, sus responsabilidades, su capacidad”, sentenció  en una intervención pública.

Marín Quemada se refería a las competencias que el Gobierno decidió arrebatar al organismo para gestionarlas directamente: singularmente el control de los peajes de acceso del recibo de la luz y el reparto del espectro radioeléctrico de las telecomunicaciones, que son funciones reservadas en el resto de países de la Unión Europea a los organismos supervisores.